No se mata la verdad matando periodistas

La frase, exhibida ayer en una manta frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, sintetiza el grado de rabia e indignación expresadas ayer mismo en varios estados por el cruel asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien fue encontrado muerto el viernes, “con tiro de gracia y huellas de tortura”, junto a cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte del Distrito Federal. Aunque la ejecución múltiple ocurrió en la capital, los ecos del multihomicidio retumbaron hasta Veracruz, con señalamientos y gritos de “¡culpable¡” para el gobernador Javier Duarte, por las amenazas que el reportero había recibido y denunciado en su estado y que lo llevaron a huir hace dos meses rumbo al DF, hasta donde lo alcanzaron los tentáculos de la represión y la violencia.

Espinosa era un joven periodista gráfico que se desempeñó como corresponsal de la agencia Cuartoscuro y la revista Proceso en Veracruz. Se especializaba en la cobertura de temas sociales y había sido un activista en contra de la violencia contra los periodistas en ese estado, considerado el más peligroso para el ejercicio del periodismo en México y donde han muerto 11 reporteros en los cinco años del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Hace un par de meses, Rubén, de 31 años, presentó denuncias ante varias organizaciones defensoras del trabajo periodístico, como Artículo 19 y el Comité para la Defensa de los Periodistas, con sede en Nueva York, porque, dijo, era seguido “por gente sospechosa” y temía por su seguridad. “No confío en el gobierno, yo no confío en ninguna institución del Estado, temo por mis compañeros, temo por mí”, declaró al huir de tierras veracruzanas en mayo pasado.

Pero al final la impunidad y la violencia no distinguen territorios, y si bien ayer todas las miradas, los gritos indignados y los juicios anticipados apuntaban a Veracruz —donde por cierto el aludido Javier Duarte calificó el crimen como “aberrante”—, las investigaciones las inició la PGJDF, cuyo titular, Rodolfo Ríos, confirmó que, aunque hubo robo de pertenencias en el departamento, los cinco cuerpos, el del periodista y sus acompañantes, tenían “escoriaciones y lesiones en el cuerpo producto del sometimiento” y presentaban todos un “tiro en la cabeza” característico de ejecuciones, por lo que “no se descarta ninguna hipótesis” en las indagatorias.

La presión para evitar la impunidad que ha caracterizado a este tipo de crímenes contra quienes ejercen el periodismo, no sólo en Veracruz sino en varios estados y en el país entero, se hizo sentir ayer con movilizaciones de protesta en el DF, Jalapa, Guadalajara, Acapulco y Oaxaca, donde el común denominador fue la exigencia airada de justicia, junto con los señalamientos que pedían investigar la responsabilidad de instituciones veracruzanas en el homicidio, por las amenazas previas que había recibido Rubén Espinosa.

También a nivel institucional el crimen produjo reacciones inmediatas. Desde la colaboración de la PGR y la Secretaría de Gobernación en las investigaciones que encabeza la PGJDF, hasta un pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que anoche condenaba el multihomicidio, en el que exigió a las autoridades ahondar en la línea de investigación del trabajo periodístico de Espinosa y “no permitir la impunidad de estos crímenes”, pues el personal de la comisión que colabora con las investigaciones confirmó que los cuerpos presentaban huellas de tortura, pues se encontraban “maniatados, desnudos y con heridas de arma blanca y de fuego”.

Veremos a dónde conducen las investigaciones y si toda la rabia y la indignación por estos y muchos otros crímenes que se producen todos los días en el país no se topa nuevamente con la ineficacia y tardanza en las investigaciones sobre los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean del estado que sean. Sin juicios sumarios ni acusaciones a priori, ninguna hipótesis debe descartarse sin importar el nivel o la autoridad involucrada. Más que un homicidio y cuatro casos de feminicidio, lo que exhibe el horroroso crimen de la Narvarte es el grado de putrefacción y violencia a que hemos llegado contra los periodistas y contra cualquier ciudadano de este país. Y de eso sí son culpables los gobiernos, el de Duarte en Veracruz, pero también el federal y el de varios estados por permitir y tolerar la impunidad de los asesinos, sean del crimen organizado o cobijados por las mismas instituciones.

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