Carta blanca a la corrupción

La gravedad del resultado de la investigación de Virgilio Andrade no radica en haber exonerado al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera y al secretario Luis Videgaray. Eso se supo hace seis meses, cuando se pidió investigar a un incondicional del presidente y amigo del secretario de Hacienda. Lo más grave del fallo del secretario de la Función Pública —uno de los encargados de fiscalizar al gobierno y castigar la corrupción— es que sienta un precedente a futuro: a partir de la detallada argumentación jurídica usada para exonerar al presidente, cualquier funcionario público que sea acusado de recibir “apoyos” de cualquier tipo de un proveedor o contratista del gobierno, podría invocar las tesis legales de Andrade para negar un beneficio ilegal o un conflicto de interés, bajo la premisa básica de que si el jefe del Ejecutivo y sus allegados no fueron sancionados por esas conductas, no puede sancionarse a cualquier otro funcionario federal.

En eso radica el daño de haber convertido al contralor federal en “abogado defensor” del presidente y demás indiciados: que con su detallada defensa y sustentación jurídica para limpiar de toda mácula o violación al presidente, el abogado Andrade les dio herramientas, argumentos y justificaciones jurídicas de sobra al resto de los funcionarios y representantes públicos en este país para beneficiarse de cualquier tipo de relación, apoyo o concesión que les pueda otorgar un proveedor o contratista gubernamental, siempre y cuando lo hagan “antes de asumir el cargo” o digan que su esposa fue una exitosa profesional que adquirió los bienes con sus “propios recursos producto de su trabajo”.

En términos lisos y llanos, lo que hizo el secretario de la Función Pública fue extender una “carta blanca” a la corrupción y el conflicto de interés, siempre y cuando se tenga el cuidado de argumentar impecablemente —si se quiere incluso con citas y enunciados del propio Virgilio Andrade— que las conductas que a ojos muchos mexicanos resultaron indebidas e indignantes, no son finalmente ni ilegales ni punibles porque “según las leyes mexicanas” (Virgilio dixit) no es indebido que un empresario que recibe contratos del gobierno, demuestre su amistad, apoyo o agradecimiento a un servidor público, facilitándole casas y mansiones de millones de dólares en cómodos planes de pago, con tasas de interés muy por debajo del mercado y con créditos no bancarios que son liquidados de manera extrañamente rápida “con ahorros” y “dinero producto del trabajo”.

Un beneficio que jamás reciben la inmensa mayoría de mexicanos que, para hacerse de una vivienda media o de interés social, tienen que pagar intereses bancarios, contratar un crédito a 15 o 20 años con un banco o una institución financiera y jamás podrán liquidarla en unos meses a base de ahorros o con el producto de su arduo trabajo. Así que preparémonos para la “corrupción legal” en lo que resta del sexenio y no nos llamemos a sorpresa en el futuro si las “tesis Andrade” son invocadas para defender actos dudosos o beneficios obtenidos por funcionarios y servidores públicos por parte de empresas o empresarios que tengan relación con el gobierno. Con el debido cuidado y un abogado defensor tan bueno como Virgilio no habrá conflicto de interés o acto de corrupción que no parezca inmaculado e inofensivo “según las leyes mexicanas”.

NOTAS INDISCRETAS…La proliferación de leyes “antiBronco”, contra candidatos independientes en los estados, cuyo caso más reciente es la iniciativa aprobada por el Congreso de Puebla, hace urgente que la Suprema Corte de Justicia aborde el tema de las leyes estatales impugnadas por inconstitucionalidad al imponer nuevos requisitos a los ciudadanos de los que marca la Constitución y la ley electoral federal. Además de Puebla, que impuso requisitos absurdos como 3% de las firmas totales del padrón en 20 días, Chihuahua, Durango, Baja California Sur, Veracruz y Tamaulipas, dificultaron las candidaturas independientes, con leyes impulsadas por gobernadores para frenar en sus estados fenómenos como el de Jaime Rodríguez, El Bronco, en Nuevo León. Si la Corte no les pone un alto a los mandatarios que se pasan la reforma constitucional por el arco del triunfo de nada servirá que los electores hayan apoyado las candidaturas ciudadanas en los pasados comicios federales. Señores ministros ¿tienen el valor o les vale?...Paran los dados. Tocó Serpiente.

sgarciasoto@hotmail.com