Hoy se cumplen los primeros 10 días del multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fueron asesinados, torturados y ejecutados con tiro de gracia, el periodista Rubén Espinosa Becerril, la activista y promotora cultural Nadia Vera Pérez, la estilista y modelo colombiana Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, empleada doméstica y la estudiante de belleza Yesenia Quiroz. Las condenas no cesan en México y en el mundo; marchas de protesta, exigencias de justicia, reclamos airados al gobierno mexicano y del Distrito Federal para que no permitan la impunidad; cientos de artículos, noticias e imágenes difundidas y hasta ahora, la autoridad, con uno de los presuntos asesinos materiales detenidos, no atina a decir por qué mataron y torturaron de ese modo al fotoperiodista y a las cuatro mujeres.

Aunque desde el principio, las autoridades aseguraron que “no se descartaría ninguna hipótesis” y garantizaron que “no habrá impunidad” para los responsables “sea quien sea”, nadie se explica por qué hasta ahora no ha sido formalmente citado a declarar el hombre más mencionado en este caso: el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, si dos de las víctimas —el periodista Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera— habían denunciado previamente acoso y amenazas por su actividad en el estado de Veracruz, que en ambos casos era crítica hacia el gobierno de Duarte.

Pareciera que el dicho de Mancera de que la investigación del asesinato múltiple tomaría en cuenta “la relación directa con el estado de Veracruz” fue sólo una declaración a la prensa, pues aunque dijo que “se solicitará información”, hasta ahora no se ha informado en qué consisten esas solicitudes y si han existido formalmente, aun cuando en el caso de Nadia hay un señalamiento concreto en video, ocho meses antes de su asesinato, donde la joven activista que participaba en movimientos de protesta y de cuestionamiento al gobierno de Veracruz, responsabiliza “totalmente al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a todo su gabinete de cualquier cosa que nos pueda suceder”.

En el caso de Rubén Espinosa, si bien en sus denuncias ante organizaciones defensoras de periodistas nunca señaló directamente al gobernador, sí mencionó acciones de acoso, persecución e intimidación cuando vivía en la ciudad de Jalapa, producto de su labor periodística y de su actuación en protestas por los asesinatos de periodistas en Veracruz. Aun cuando Espinosa no acusó directamente, es innegable que su trabajo —publicado en la revista Proceso o por la agencia Cuartoscuro— era totalmente incómodo y que molestó, en más de una ocasión, a Javier Duarte, quien nunca dio garantías para el trabajo de periodistas críticos como Espinosa que tuvieron que salir huyendo de su estado por miedo a una agresión.

Esa es la principal razón por la que Duarte debiera ser investigado: durante su administración, según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido agredidos y asesinados 15 periodistas, sin que en la mayoría de los casos se haya castigado a los responsables. ¿No ameritan todos esos elementos que, por lo menos, el Ministerio Público considere importante que Javier Duarte de Ochoa acuda a declarar en las investigaciones del multihomicidio y que una línea de investigación apunte directamente a la actitud hostil y negligente del gobernador hacia el periodista y la activista asesinados? Nadie pide juicios sumarios ni mucho menos acusaciones sin pruebas, pero tampoco exoneraciones anticipadas, dispensas o patentes de corso para un gobernador señalado y responsabilizado directamente por una de las personas asesinadas y torturadas. Si el gobierno del DF permite la impunidad y evade investigar al gobierno de Veracruz no sólo será cómplice, también abrirá las puertas de la ciudad a la violencia tolerada.

NOTAS INDISCRETAS… Mientras en la UNAM ya son tres aspirantes apuntados a la Rectoría: el ex subsecretario de la SRE, Sergio Alcocer, la investigadora Rosaura Ruiz, y el director de la Facultad de Medicina, Enrique Graue, en otra institución autónoma, el INEGI, también empezó el movimiento por la sucesión de Eduardo Sojo, también en noviembre próximo. Ya suenan nombres de posibles directores y uno de ellos es el de el maestro Rolando Ocampo, actual vicepresidente de Geografía y Medio Ambiente del INEGI. Recientemente Ocampo, actuario e investigador social, fue nombrado copresidente del Comité de Expertos de la ONU en Gestión Global. Así que empieza la carrera... Los dados mandan doble Serpiente. Mal comienza la semana.

sgarciasoto@hotmail.com

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