Ayotzinapa: la cerrazón

Tres semanas después de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, iniciaron una intensa serie de encuentros con representantes de organismos de derechos humanos, locales e internacionales, lo que abría a México ante el mundo frente a un enorme drama humano.

Ese ciclo se agotó tras meses de desgaste entre ambas partes, las cuales muestran hoy un encono inédito en la historia moderna del país. Desde hace semanas se asoma uno de los rostros más duros del Estado mexicano que se haya visto en las últimas décadas, lo que revela que los halcones de la administración Peña Nieto han desplazado a los negociadores, e incluso hacen escarnio de ellos. El ejemplo principal parece ser el propio Murillo, presentado dentro del gobierno como culpable de un mal manejo del caso. El hidalguense fue dejado solo casi desde el principio y hoy parece ser, políticamente, la víctima 44 de la tragedia de Iguala.

Las fuentes consultadas para este espacio señalan al consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, como el actor que ha catalizado este endurecimiento desde Los Pinos, incluso manipulando a organismos que se presentan como promotores independientes de los derechos humanos, pero que forman filas en una estrategia orientada a demoler a grupos y personajes en este campo, dentro y fuera del país, como Juan Méndez, relator de la ONU para tortura y desapariciones, o Emilio Álvarez Icaza, secretario general de la CIDH.

El señor Castillejos es un frecuente personaje de este espacio, por su perfil, muy lejano al consultor jurídico que desarrolla una tarea técnica con documentos que van a dar a escritorios clave. Él sí genera documentos, pero también los cabildea, promueve nombramientos de alto nivel y muestra una sorprendente ubicuidad en los sitios en donde ocurren cada día los asuntos relevantes del país.

Él es llamado en los pasillos del poder en México “la santísima trinidad”, pues su activismo e influencia sobre el Congreso y el Poder Judicial lo exhiben como alguien que gobierna, legisla y juzga.

El peso de Castillejos (Ciudad de México, 1976) parece ser hoy, a la luz de diversos testimonios, la presión que determina el accionar del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que de promotor de la rendición de cuentas ante una comunidad globalizada, debe asumir ahora el ominoso papel de sepulturero del diálogo.

La estrategia gubernamental de endurecimiento ha sido correspondida con una radicalización inédita en organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presidente, James Cavallaro, respondió con virulencia, en entrevista con la revista Proceso, al anuncio de Osorio sobre que no será prorrogado nuevamente el convenio que permitió integrar, financiar y traer a México, en marzo de 2015, al llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El 11 de octubre de 2014 marca la primera reunión de Osorio Chong y Murillo Karam con los padres de los estudiantes secuestrados y asesinados en Iguala y Cocula, Guerrero. A ello siguieron múltiples encuentros con organismos de derechos humanos que fungen como coadyuvantes designados por los padres de los jóvenes desaparecidos. Las reuniones se hacían indistintamente en el salón “Independencia” de la PGR o en instalaciones de Gobernación.

Esas reuniones permitieron una importante interacción con el complejo ecosistema de los organismos de derechos humanos dentro y fuera del país, que ostentan diversos niveles de rigor y discursos que van desde el enfoque técnico hasta el activismo más febril.

Uno de las voces más sólidas en este campo es la de Mario Patrón, el primer presidente laico en la historia del Centro Miguel Agustín Pro, referido aquí el viernes pasado como el autor de un pacto con el entonces procurador Murillo para matizar la información que se hacía pública sobre las víctimas de Ayotzinapa. Él declaró a esta columna que lo que sí hizo fue alertar al funcionario que en aquellos momentos —finales de 2014— se carecía de solidez pericial para determinar la identidad de algunos de los jóvenes muertos.

De toda suerte, la cerrazón oficial sobre este tema parece un hecho consumado. El tiempo dirá si fue la única manera de salir de un atolladero que crucificaba la imagen del gobierno dentro y fuera de México. O si al contrario, los halcones sólo provocaron que el hoyo del desprestigio se hiciera más profundo.

APUNTES: Francisco Kiko Vega de Lamadrid se aproxima a la mitad de su encomienda como gobernador de Baja California dominado por una pasión: hacer negocios. Se le han detectado más de medio centenar de terrenos y propiedades en su estado y en el vecino Baja California Sur. La lista de residencias a nombre propio y de su esposa, Brenda Ruacho de Vega, entre otros parientes, escandaliza aun a sus simpatizantes y protectores, entre los que se encuentra la dirigencia nacional panista, donde su presidente, Ricardo Anaya, y Santiago Creel, su principal protector y aliado, voltean hacia otro lado cuando se les muestran indicios de que esa entidad está empollando a la nueva versión del sonorense Guillermo Padrés.

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