Hasta el día de ayer la protección de los derechos de la infancia mexicana era responsabilidad casi única del DIF, una institución dirigida por las esposas de los gobernadores y, a nivel nacional, por la cónyuge del presidente de la República.

Cuando ha habido gobernadora los hijos e hijas de quienes han ocupado el Poder Ejecutivo estatal se han hecho cargo de la responsabilidad. Fue el caso de Miguel Delgado, cuando Griselda Álvarez gobernó Colima, o de Claudia Corichi, cuando Amalia García lo hizo en Zacatecas.

Un caso para destacarse es el de los gobernadores viudos, divorciados o solteros. Manuel Velasco Suárez, por ejemplo, nombró a su mamá para que se hiciera cargo del DIF chiapaneco.

Cada vez que se requiere resolver asuntos de coordinación entre los DIF estatales o de estos con el nacional, de manera informal se celebran reuniones a las que asisten las esposas o parientes de los señores gobernadores.

Quienes han participado en ellas cuentan que se trata de un ambiente muy familiar. También se sabe que a estas sesiones no pueden asistir los responsables del DIF que carezcan de nexo consanguíneo con los Ejecutivos.

Este es uno de los rasgos más atrasados del sistema político mexicano. No se justifica que responsabilidades tan relevantes caigan en las manos de personas cuyo principal mérito tenga su origen en el nepotismo.

El DIF juega un papel mayor a la hora de proteger derechos en México. Se encarga de tareas tan variadas como la provisión de desayunos infantiles, el cuidado de niños huérfanos, la vigilancia de los procesos de adopción, el combate a las adicciones, la reintegración de adolescentes que pasaron alguna temporada en los consejos tutelares y la lista de responsabilidades, dependiendo cada entidad, podría ocupar el resto de esta página.

Que la cónyuge del gobernador o del presidente sea quien se haga cargo del DIF corresponde a una tradición virreinal donde a la mujer del gobernante le tocaban las nobles tareas de la filantropía y el altruismo, en oposición con los asuntos graves y difíciles que eran competencia natural de los varones.

Es un rasgo machista y sin embargo perdura confirmando una visión asistencialista y condescendiente. La dádiva graciosa que el gobernante en turno entrega al niño y su familia gracias a su infinita misericordia y a la bondad de la primera dama; un regalo que, cabe aclarar, se paga con nuestros impuestos.

Para dejar atrás ese pasado siempre arbitrario, el DIF tendría que adoptar una política basada en derechos y obligaciones, en vez de depender de la buena (o mala voluntad) de la parentela en el poder.

El día de ayer podría haberse dado el paso primero para que tal cosa ocurra. En la residencia oficial de Los Pinos se instaló el Sistema Nacional de Protección Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes que habrá de coordinar —de manera coherente e institucional— a todas las instancias del Estado mexicano dedicadas a velar por la infancia y la adolescencia mexicanas.

No será tarea fácil para su nuevo secretario ejecutivo, Ricardo Bucio Mújica, enfrentarse a las costumbres virreinales y a las veleidades de palacio que abundan en cada estado de la República y también a nivel nacional.

ZOOM: Ahora que México aspira a mejorar la equidad de género en los cargos públicos y que más gobernadoras tendrán que ocupar el poder local, y que un día también México contará con una presidente mujer, más vale promover la entrada de profesionales al sacrosanto recinto familiar del DIF.

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@ricardomraphael

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