A la hora de enfrentar la justicia mexicana es preferible ser rico que pobre y todavía mejor, ser político que rico. En nuestro país tenemos tres fueros distintos y cada uno responde a su propia perversidad.

Sin duda el más arbitrario es el tercero. Las razones por las que un político va a dar a la cárcel son tan misteriosas como arbitrarias.

Durante la mayor parte del siglo pasado la regla era sencilla. Quien perdía el favor presidencial caía en desgracia y la cárcel era el último recurso de esa desdicha.

Habrá quien diga que la investigación abierta ayer contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, responde a esta tradición (extra) jurídica mexicana.

Y es que se voló la barda con sus corruptelas al punto en que ni el Presidente puede protegerlo, sobre todo porque el manto de su popularidad anda encogido, (o quizá justamente por ello procedió).

Pero creo que la pregunta debería ser otra: ¿Por qué Javier Duarte y no los demás gobernadores hampones?

Hasta hoy el fuero que protege a estos funcionarios es hiperresistente. No son investigados por la PGR aquellos presuntamente vinculados con el narcotráfico, aún si en Estados Unidos se les persigue por ese delito.

Han librado felizmente el brazo de la ley, por ejemplo, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, Humberto Moreira de Coahuila o Fidel Herrera de Veracruz.

Este fuero también sirve para protegerse de haber comprado un banco con los dineros del tesoro público, como sucedió en el caso de César Duarte (Chihuahua), o de endeudar con papeles falsos y fraude a su estado, a la manera en que lo hizo Humberto Moreira en Coahuila.

Utilizar la obra pública para enriquecerse también está permitido en el código no escrito de las altas esferas políticas. Ahí están los casos de Guillermo Padrés, en Sonora, Rodrigo Medina, en Nuevo León, o Mario López Valdés en Sinaloa.

En nuestro sistema judicial tales imputaciones funcionan como puerta giratoria. Apenas se está acusando al político que pronto surge una excusa increíble para regresarlo a la calle sano y vacunado.

A estos personajes no los protege su cartera sino el poderoso escudo de la complicidad recíproca. En términos de María Amparo Casar, para ellos aplica el principio cuasi religioso: “tapaos los unos a los otros”.

Y sin embargo, ayer la PGR abrió formalmente dos averiguaciones previas en contra de Javier Duarte, gobernador todavía en funciones del estado de Veracruz.

Tengo para mí que, además de los beneficios políticos que pueda aportar su persecución, este fulano irá tras las rejas porque no calculó que con el SAT es pésima idea meterse a las patadas.

Una cosa es robarle dinero al contribuyente inflando los precios de la obra pública, lavarle el dinero a los narcotraficantes, montar una empresa para transportar sus drogas, financiar negocios propios con los intereses del tesoro público, o pedir prestado, al mismo, para financiar campañas políticas, y otra muy diferente es verle la cara a Hacienda.

Javier Duarte no entendió el juego del poder que rige en su tiempo. Nació en el siglo XX pensó que seguía viviendo en él.

¿A quién se le ocurre retener el impuesto sobre la nómina —casi 5 mil millones de pesos— y luego esconderlo de la Secretaría de Hacienda?

Demasiado dinero y demasiado cinismo como para suponer que lograría salir indemne.

Si prospera esta investigación se fijará un segundo precedente fundamental en el fuero que rige a las altas esferas de la política mexicana. El primero siendo, no caerás de la gracia presidencial, y el segundo: no robarás al SAT.

En una época en que el dinero del contribuyente hace tanta falta, sólo a un tipo con cabeza pequeña se le ocurre dar tan mal ejemplo.

ZOOM: Me retracto a medias. La semana pasada reclamé al presidente Enrique Peña Nieto por no haber perseguido la corrupción de los gobernadores hampones. Ahora que decidió irse contra uno de ellos, ¿no podría de una vez hacerlo contra los demás? Todas las corrupciones habrían de ser igual de relevantes.

www.ricardoraphael.com

@ricardomraphael

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