Impunidad para Borge

El tercer gobernador que podría ir tras las rejas es Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo. Mucho se ha escrito sobre Javier y César Duarte, mandatarios de Veracruz y Chihuahua respectivamente, pero la cola de este otro político priísta podría ser aún más larga.

Dicho mandatario no se compró un banco, ni está acusado de robarse el dinero destinado a los programas de lucha contra la pobreza. Y es que la economía quintanarroense tiene sus propias vías para promover el enriquecimiento ilícito de sus gobernantes.

Tan grandes serán los delitos cometidos por Borge Angulo, que hace unos cuantos días obligó al Congreso de su entidad para que sesionara de manera extraordinaria con el objeto de aprobar un paquete de reformas y nombramientos dispuestos para asegurarse impunidad hacia delante.

Igual que hizo su homólogo en Veracruz, Borge ordenó crear una Fiscalía General de Justicia que sustituye a la anterior Procuraduría del estado. Este órgano tendrá autonomía frente al siguiente gobernador —Carlos Joaquín González— y el fiscal contará con un mandato de nueve años sin remoción.

El dócil Congreso también entregó el cargo a Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien ha sido el procurador en Quintana Roo durante el mandato de Borge.

Otro asunto aprobado por los diputados locales fue la elección, por doce años, de tres de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, todas personas incondicionales del gobernador saliente.

¿De qué quiere protegerse Roberto
Borge Angulo?

Las acusaciones de corrupción en contra suya son incontables. En todo caso lo complicado es encontrar actos legales durante su administración.

Por lo pronto aquí una joya soportada con buenas fuentes: en octubre del año pasado el influyente abogado Ilán Katz presumió jactancioso a otros colegas que había comprado al gobernador Borge.

Dijo que logró sacar de la cárcel de Quintana Roo a Emilio González de Castilla —presidente de la Barra Mexicana de Abogados entre 2003 y 2004— quien enfrentaba una orden de aprehensión por haber falsificado documentos de naturaleza pública para favorecer a un cliente.

Escandaliza que el ex presidente de esa Barra estuviese acusado de tal delito y todavía peor es que luego fue nombrado cabeza del comité de ética de esa misma organización.

Bien dicen que en México aquello que no se soluciona con dinero puede resolverse con mucho dinero. Según Katz se necesitaron varios millones para obtener el favor del gobernador Borge.

Después de esta operación Emilio González de Castilla fue liberado y pudo regresar a su despacho. El juez Nicolás Pinzón afirma haber recibido una llamada del entonces procurador, Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien a nombre del gobernador le pidió que liberara al abogado acusado de falsificar documentos y le ordenó que congelara las acusaciones en su contra.

Pinzón fue obediente y desde octubre del año pasado nada se ha movido de este expediente en el fuero local. En cambio en la justicia federal habrá pronto sorpresas.

De comprobarse esta trama Borge sería acusado de tráfico de influencias por haber recibido dinero de Katz, y también podría ser perseguido de obstruir la justicia por haber instruido a su procurador para que operara la orden de liberación a favor de González de Castilla.

¿Cuántos otros servicios similares ofreció durante su mandato Borge Angulo? ¿En cuáles estaría involucrado como socio o como cómplice Álvarez Escalera? Con la información disponible, ¿qué podría esperarse del nuevo fiscal, tan amigo del gobernador saliente y tan enemigo del próximo mandatario, Carlos Joaquín González?

ZOOM: Las palabras fueron de Manlio Fabio Beltrones: “(hemos de) asumir el mensaje que nos ha dado el electorado al PRI y también a sus gobiernos, de que hay acciones y actitudes que hay que mejorar y cambiar para reconectarnos con la ciudadanía”. Pregunto: ¿Cómo traducir este mensaje en lenguaje quintanarroense?

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