Las llamadas anónimas parecen ser la fuente principal en las investigaciones sobre los desaparecidos de Ayotzinapa.

El día de ayer la fiscalía del estado de Guerrero recibió una dando aviso sobre restos humanos ubicados a sólo seis kilómetros de la cabecera municipal de Cocula.

Para que la autoridad no fuera a equivocarse, el recado incluyó la advertencia de que esos huesos pertenecieron a los normalistas secuestrados por la autoridad, la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

De acuerdo con la fiscalía estatal se trata de 50 huesos humanos —entre ellos cuatro cráneos completos— mezclados con ropa y calzado que, al parecer, habrían sufrido un proceso de incineración.

Informa la misma oficina que estos restos fueron ya asegurados, embalados y etiquetados para su traslado a la ciudad de Chilpancingo, donde el área responsable de coordinar los servicios periciales procederá a analizarlos.

Esta última pieza de información provoca mucho ruido: si la fiscalía de Guerrero recibió en efecto la llamada anónima, entonces ahí saben que estos restos podrían estar relacionados con el caso criminal más complejo de la historia contemporánea mexicana.

Un expediente que desde octubre de 2014 ya no está en la jurisdicción de esa fiscalía, sino de la PGR.

¿Por qué entonces embalar y trasladar los fragmentos óseos sin esperar a que sea la autoridad federal quien haga ese trabajo?

Y todavía más intrigante: ¿por qué no aguardar a que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) —coadyuvante de la PGR en este caso— realice el trabajo pericial en el sitio justo donde fueron hallados los huesos?

Incordian en este asunto las coincidencias con la manera como fueron encontrados los restos de Alexander Mora Venancio, en el río San Juan.

Cabe recordar que fue una llamada anónima la que indicó el lugar donde podrían ser ubicados, también sucedió que la Agencia de Investigación Criminal asistió al lugar sin dar aviso a la EAAF y que, de acuerdo con el video divulgado por el GIEI, la evidencia pudo haber sido sembrada.

Algo tiene de infernal esta investigación que siempre crecen las dudas conforme va avanzando. Y es que su resultado con frecuencia está ligado a procedimientos desaseados: diligencias que no se registran, aviso a los peritos que no se hace en tiempo oportuno, evidencia forzada para acomodarse a la teoría oficial del caso, testimonios obtenidos con tortura, conferencias de prensa apresuradas y así un largo etcétera.

En esta ocasión habría que exigir a los servicios periciales de la fiscalía de Guerrero que no muevan un hueso más hasta que la PGR llegue al lugar de los hechos y el EAAF haga junto con ella su tarea.

Si se confirmara el pitazo y los restos de Apipilulco fueran de algunos normalistas, la investigación dará un vuelco. Hasta hoy sólo existe información sobre el paradero de uno de los desaparecidos: Alexander Mora.

Dada la localización del hallazgo reciente no podría descartarse la hipótesis de que esos cuerpos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

Sin embargo, igual por la ubicación, tampoco dicha evidencia iría en contra de otras hipótesis como aquella que sugiere que uno de los contingentes de los desaparecidos fue conducido hacia Mezcala.

Apipilulco se encuentra a mitad de camino entre Cocula y la cabecera de Coacoyula de Álvarez, sobre la misma ruta que a su vez lleva hacia Mezcala.

Cabe recordar que en Mezcala hubo un bloqueo carretero de más de dos horas, pasada la media noche del día 26 de septiembre de 2014. Ahí fueron heridos un agente de la fiscalía guerrerense y una mujer.

La investigación del GIEI liga estos eventos con lo sucedido en Iguala esa misma madrugada.

En cualquier caso se robustecería como pista para encontrar a los desaparecidos la ruta que parte de Iguala hacia el sur de Guerrero.

ZOOM: Las investigaciones judiciales mexicanas se han especializado en hacer cosas buenas que parecen muy malas. Quien las conduce es un maestro para provocar incertidumbre. ¿No habría manera de asegurar confianza combatiendo tanto desaseo?

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@ricardomraphael

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