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Lo alarmante no es el desacuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de México, sino la negación del segundo ante una situación evidente para quien viva en las regiones más amenazadas del país
03/03/2016
02:04
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Imagine usted que ayer hubiera salido a prensa el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para negar que el precio del barril de petróleo se ha venido desplomando; o el director del Banco de México, Agustín Carstens, para señalar como falsa la devaluación del peso mexicano; o a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, para afirmar que el señor Donald Trump es un muy buen amigo de México.

Pues algo así de peculiar sucedió ayer cuando de manera sorpresiva el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora general de la República, Arely Gómez, entregaron un comunicado conjunto donde el gobierno mexicano argumenta que el informe presentado horas antes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no refleja la buena situación general que el país goza en temas como tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, ejercicio libre del periodismo, acceso a la justicia, violencia o inseguridad.

¿Cómo se atreve esa comisión —que forma parte de la Organización de Estados Americanos y por tanto del sistema ONU— a tergiversar nuestro casi perfecto paraíso?

“Desafortunadamente (el informe de la CIDH) … parte de premisas y diagnósticos erróneos … se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas … llegando a conclusiones sin fundamento”.

El problema es de origen, afirma la autoridad, porque la CIDH tuvo un sesgo inicial que le impidió ser objetiva.

Lo alarmante no es el desacuerdo entre la comisión y el gobierno mexicano sino la negación del segundo ante una situación evidente para quien viva en las regiones más amenazadas del país.

Es falso que el documento de la CIDH haya sido redactado a partir de la visita de un solo relator, ocurrida durante unos cuantos días. Tiene como fuentes primarias la información oficial que el Estado mexicano proporciona, las denuncias crecientes ante esa instancia, las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se suman además las inspeccionas que diversos relatores especializados, (tortura, desaparición forzada, libertad de expresión), han celebrado en nuestro país durante tiempos recientes.

La metodología seguida es idéntica a la utilizada en otros informes sobre diversos países del Continente Americano y muchos otros en Asia, África o Europa.

Es infantil desestimar el oficio de los redactores de este documento sin que se refuten las cifras, los hallazgos o los testimonios. Un gobierno con la importancia del mexicano no puede permitirse tanta ceguera.

Este reporte afirma que el fenómeno de la desaparición forzada en el país ha alcanzado condiciones críticas por su volumen y también por su amplia extensión territorial.

Al mes de septiembre del año pasado la denuncia de personas desaparecidas, con la complicidad de una autoridad pública, rozó los 26 mil casos; es muy elevada en términos comparados con otras regiones del mundo.

Añade la CIDH que prevalece en México el miedo a denunciar y también que cuando ese límite se vence por parte de las víctimas, las instituciones suelen ser incapaces de resolver los casos.

Destaca en simultáneo las ejecuciones extrajudiciales que crecen en el país y cuya evidencia puede encontrarse en expedientes como los de Tlatlaya (2014), Apatzingán (2015) o Tanhuato (2015).

Acusa de igual manera la frecuencia con que la autoridad recurre a la tortura de presuntos delincuentes y a la fabricación de culpables.

Agrega también el informe reflexiones sobre los 94 mil homicidios sucedidos en México durante lo que va de la presente administración, hecho que —en sintonía con la metodología de la Organización Mundial de la Salud— significa la presencia de “niveles epidémicos”.

Para evitarse el penoso esfuerzo de encubrir lo evidente, el gobierno mexicano tendría que reconocer que el único sesgo de origen es la envilecida realidad en la que nos encontramos.

ZOOM: Urge que Emilio Álvarez Icaza renuncie a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH para que no se le siga utilizando como pretexto a la hora de descalificar el trabajo de esa comisión.

www.ricardoraphael.com

@ricardomraphael

Periodista, académico y escritor. Profesor afiliado a la División de Administración Pública del CIDE. Conductor de los programas "Espiral" (Canal 11) y "Corresponsales" (Canal 13...

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