“No puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahorita, ningún delito. ¿Qué quieren saber? Ya está todo declarado, no puedo permitir que los traten como criminales o que los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos.

Esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy y lo que he sido durante los últimos 52 años de carrera militar.”

Necesita lupa esta declaración del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, hecha durante una entrevista para Noticieros Televisa que condujo el periodista Santos Mondragón.

Como si fuera una estela maya permite descifrar varias claves. Aproximarnos al lugar en que nos encontramos con respecto al terrible malentendido que el país está viviendo a propósito de la crisis de violencia y transgresión de los derechos humanos que cruza una buena parte del territorio nacional.

Primera clave, así como el general Cienfuegos no es de “mi” propiedad, tampoco los soldados son de la suya. Los posesivos son comunes en el Ejército y sin embargo confunden. Hablar de “mi” tropa suena a tiempos villistas, una época en que la guerra era un asunto personalísimo, antes de que las Fuerzas Armadas obtuvieran vida institucional.

Segunda, acudir ante un investigador para declarar en calidad de testigo no convierte a nadie en criminal. Es peligroso asumir que el cumplimiento con un deber tan relevante como aportar testimonio sobre un caso grave tiene como único propósito culpabilizar inocentes.

“¿Qué quieren saber?”, se pregunta el general secretario. ¿Resulta tan difícil averiguarlo? ¿Qué papel jugaron los soldados del Batallón 27 la noche del 26 de septiembre de 2014? No es cierto que está todo declarado. Si así fuere, en efecto, ya no habría más interrogantes que compartir.

Acaso no se ha comprendido que la única salida a este crimen atroz es la verdad. Se sabrá hoy o mañana, quizá dentro de un par de años. ¿No sería mejor para las instituciones militares despejar dudas cuanto antes? ¿Exhibir las pruebas testimoniales de su inocencia? ¿O precisar el rol jugado?

Si tuvieron algo que ver los soldados, ¿no podrán desde ahora ahorrarse el mal trago? En caso negativo, ¿cuál es la razón para preocuparse?

Tercera clave, México dejará de ser un país que violenta personas el día que nadie pueda estar por encima de la ley. Nadie quiere decir nadie. Los soldados tampoco. No debería ser potestad del general secretario decidir cuándo acuden ellos a declarar y cuándo se abstienen.

¿Por qué entonces, excepto los soldados, todas las demás autoridades que participaron en los hechos — o contaron con alguna información relevante sobre lo sucedido— asistieron ya a rendir testimonio ante el grupo de expertos designado por el gobierno mexicano para coadyuvar con la investigación?

Cuarta, el debate no es quién es, o deja de ser, el general secretario. No deberían tomarse como personales los reclamos que la sociedad hace a una institución.

No hay cuestionamiento a su trayectoria de 52 años, sino la estructura de normas, procedimientos y actuaciones que pudo haber estado relacionada con la tragedia de Iguala.

Si la critica a las instituciones no significa en automático una crítica a las personas, tampoco la defensa de las instituciones debería centrarse en la defensa de los individuos.

Esta crisis merece que levantemos la mira. Escapar de las discusiones personalísimas para comprender en toda su dimensión la amplitud de los problemas.

ZOOM: El endurecimiento del discurso de Salvador Cienfuegos no es buena noticia. Tampoco la voz enojada del general secretario. Ambas anuncian una polarización peor a la que ya hemos experimentado.

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@ricardomraphael

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