¿No que no? Montaje, la supuesta ejecución de Tlatlaya

En el Itinerario Político del 27 de mayo de 2015 dijimos que ante los testimonios que cambiaron no una ni dos, sino cuatro o cinco ocasiones, “está claro que detrás del grosero montaje mediático del caso Tlatlaya existe interés político por debilitar las instituciones del Estado”.

También dijimos que las autoridades militares urgieron al Poder Judicial federal para emitir el fallo sobre Tlatlaya, ya que era evidente que ante la falta de pruebas, el juez de la causa retrasaba el caso de manera deliberada, ante el temor de ser víctima de un juicio mediático.

Ayer, finalmente un juez federal —no militar—, ordenó liberar a cuatro de ocho militares presuntos culpables de la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, en tanto que tres militares más permanecen presos en calidad de presuntos responsables de la supuesta ejecución extrajudicial.

Sin embargo, todo indica que los militares detenidos correrán la misma suerte que los liberados. ¿Por qué? Porque según especialistas del caso las pruebas en su contra son endebles; porque son declaraciones que cambiaron hasta en cinco ocasiones y porque otras son versiones periodísticas plagadas de supuestos.

Lo cierto es que no se requería ser jurista para descubrir que el caso Tlatlaya se montó con sólo notas periodísticas y supuestos de un reportero que imaginó una ejecución extrajudicial, pero que ningún perito y menos un experto pudo probar. No existe en el expediente una sola pericial seria.

Más aún, hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso de Los 43 de Iguala. Y si lo dudan basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio de 2015 emitió el Centro ProDH; organización propiedad de Emilio Álvarez Icaza, que engañó con el cuento de que los efectivos militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado.

El Centro ProDH es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de Los 43 de Iguala; el mismo que controla la información sobre el caso de los normalistas, el mismo que “pastorea” a los dizque expertos de la CIDH y el mismo que recibe jugosos dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos, como la Open Society Foundations, del magnate interesado en el petróleo mexicano, George Soros.

El Centro ProDH es el brazo operativo de Emilio Álvarez Icaza, a quien Soros impulsó a la CIDH. Y el Centro ProDH es la organización que cooptó, financió e instruyó a las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Tlatlaya —que casualmente no fueron asesinadas—, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían.

Pero resulta que esas tres mujeres —prostitutas de profesión—, no fueron instruidas de manera adecuada por el Centro ProDH y cambiaron su declaración no una, ni dos o tres veces… sino en cinco ocasiones. Por eso, el juez determinó que esas declaraciones y el deficiente expediente del Ministerio Público eran claramente insuficientes para inculpar a los militares.

El revés judicial en Tlatlaya exhibe el engaño, a los mentirosos y a quienes debilitan las instituciones. Pero también exhibe que detrás de Tlatlaya y de Los 43 está una mano extranjera; la CIDH y la Open Society Foundations.

¿Qué dirán ahora? Al tiempo.

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