Traficantes de la salud (I)

Molestia y gran controversia ha causado en el sector salud la decisión del juez primero en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, que pone en entredicho la transparencia de los dictámenes con que la Cofepris asigna nuevos registros a los medicamentos.

El asunto se ha vuelto muy delicado porque el juez llamó a comparecer a los integrantes del subcomité biotecnológico integrado por reconocidos científicos y expertos altamente calificados de instituciones como la UNAM, el Politécnico y el IMSS, cuyos dictámenes son el fundamento de las decisiones de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios sobre la asignación de los registros.

Este grupo de expertos avaló la autorización que en su momento dio la Cofepris al medicamento Rituximab de los laboratorios mexicanos Pisa, indicado para el tratamiento de las afectaciones producidas por la esclerosis múltiple. Dicha autorización se dio una vez pasados los veinte años de exclusividad de la patente de la marca Mabthera, de los laboratorios suizos Roché. Éstos, imposibilitados de argumentar contra el vencimiento de la patente, se ampararon, y obtuvieron la suspensión provisional, alegando, pese al aval de los científicos, que Rituximab no cumplía con los estándares exigidos para el genérico.

Y mientras transcurre el proceso que determinará el fondo del amparo, vino el citatorio del juez Regis López, a petición de Roché que, para solicitar el procedimiento, se asumió, dice la demanda, como “garante de la salud de los mexicanos”.

El asunto trae mucho fondo, pues Roché, como licenciatario de Mabthera, ha sido el único proveedor de ese medicamento al sector público de la salud, con ventas por 40 millones de dólares al año, un acumulado de 800 millones de dólares durante los veinte años de la vigencia de la patente.

Al considerar indiciados a los integrantes de ese subcomité biotecnológico, el juez Regis López pone en entredicho, automáticamente, la capacidad y honorabilidad de quienes velan por la salud de los mexicanos, así como la veracidad y trasparencia de la Cofepris, órgano rector en esta materia a nivel nacional.

Muchas preguntas salen a relucir:

¿Si dicho subcomité es el órgano rector en materia de riesgos sanitarios, quien le dio al juez un primer aval técnico para determinar si fue correcta o no su actuación?

¿Si el juez, como se sabe, procede a solicitud directa del abogado Eduardo Gallástegui —quien a su vez se desempeña como litigante de la farmacéutica Roché— estará involucrado en la estrategia que la transnacional suiza lleva a cabo para no perder ese mercado cautivo de 40 millones de dólares anuales?

¿La inconformidad de Roché no será parte de argucias legales para evitar que se abra a la competencia el mercado de ese medicamento contra la esclerosis múltiple?

¿El gobierno federal no debería involucrarse en un asunto que significaría para su sector salud el ahorro de por lo menos la mitad de lo que paga actualmente al disponer del nuevo genérico?

¿Si Roché se asume como el “garante de la salud de los mexicanos”, dónde queda la función de los organismos públicos de salud, entre ellos la Cofepris y los propios subcomités científicos a los que ahora un juez pone en duda?

¿Gabriel Regis López será juez o parte? Estaremos al pendiente.

INSTANTÁNEAS. 1. SOBORNOS. Este fin de semana viajará a Brasil una comitiva de la PGR que se establecerá como oficina de enlace con la Fiscalía brasileña sobre el caso de los sobornos de la empresa Odebrecht. El procurador Raúl Cervantes envió a la Presidencia una nota informativa en el que da cuenta que el gobierno brasileño le informó sobre evidencias que relacionarían a altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón con probables actos de corrupción. Este tema, por cierto, se integrará a las reuniones semanales de control de crisis que tienen lugar en Los Pinos, ya que la Segob informó que las investigaciones brasileñas no solo involucran a ex funcionarios calderonistas, sino también a los que están ligados al primer director de Pemex en este gobierno, Emilio Lozoya.

2. VIOLENCIA. La SEIDO solicitó a la Presidencia de la República una reunión de emergencia del gabinete de seguridad, para poner sobre la mesa un “amento sustancial” de la violencia en Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. De acuerdo con un reporte del procurador Cervantes, los indicadores relativos al crimen organizado se han disparado en esos estados 120, 180 y 78 por ciento respectivamente.

3. JUICIO POLÍTICO. En manos de los priístas Samuel Gurrión y Mercedes Rosas Saldaña, presidente de la mesa directiva y presidenta de la Sección Instructora del Congreso de Oaxaca, respectivamente, está la decisión de dar paso a la demanda de juicio político por el desvió de más de 30 mil millones de pesos, que el senador petista Benjamín Robles Montoya presentó contra el ex gobernador de ese estado, Gabino Cué.

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