Los hoyos negros

Dos investigaciones recientes han sacudido al mundo y a nuestra región: los Panama Papers publicados por el diario alemán Sueddeutsche Zietung sobre numerosas empresas creadas en paraísos fiscales y los testimonios del hacker colombiano Andrés Sepúlveda a la revista Bloomberg Businessweek sobre el amaño de elecciones en América Latina. Ambos escándalos evidencian el nivel de degradación de las instituciones políticas y financieras de México.

La filtración de más de once millones de documentos de la firma panameña Mossack-Fonseca, revela una red de “sociedades pantalla” que cubren la opacidad de patrimonios, el lavado de dinero y la evasión fiscal. El descubrimiento de estos offshore son una dura denuncia de los vacíos de legalidad y de las facilidades que los gobiernos otorgan para ocultar en la sombra sumas inmensas de dinero que constituyen un hoyo negro de la economía mundial.

La Red por la Justicia Fiscal, en la más vasta investigación concluida hasta ahora sobre el monto de las riquezas manejadas a través de paraísos fiscales, documentó que en ellos se hallan recursos por 21 billones de dólares “cantidad que equivale al tamaño de las economías de Estados Unidos y Japón juntas”. Tal es la fuerza de atracción de firmas internacionales que venden el secreto financiero y tal es el nivel de corrupción que revelan los Papeles de Panamá. En este asunto se encuentran involucrados doces jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos influyentes y 61 familiares o socios cercanos a ellos. Versión perversa e irrefutable de la patología neoliberal.

Nos atañe sin duda el caso de Hinojosa Cantú, presidente del Grupo Higa, que transfirió 100 millones de dólares después de que la Secretaría de la Función Pública abriera la investigación para determinar si el Ejecutivo federal había incurrido en conflicto de interés. Dicha cantidad resulta apenas indicativa de los 299 mil millones de dólares depositados a nombre de empresas y particulares mexicanos en paraísos fiscales. Suma que triplica la deuda externa de nuestro país.

En abono a esta decadencia, apareció una publicación que revela la innovación tecnológica en el fraude electoral a través del hackeo, del software de espionaje y de información falsa en las redes sociales. Andrés Sepúlveda, que cumple una condena de 10 años de cárcel a raíz de las elecciones colombianas de 2014, afirma que intervino en campañas electorales en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Su mayor revelación tiene que ver con las pasadas elecciones presidenciales en nuestro país.

El autor explica en el artículo que de cara a la elecciones de 2012, lideró un equipo de hackers al servicio del entonces candidato del PRI. El pirata informático habría dirigido el sabotaje contra la campaña de Andrés Manuel López Obrador y también de Josefina Vásquez Mota con un presupuesto de 600 mil dólares. Confiesa que este trabajo ha sido por mucho el más complejo de cuantos ha realizado. Los hackers robaron estrategias de campaña, crearon oleadas artificiales de entusiasmo y burla e “instalaron software malicioso en las oficinas de los candidatos contendientes”, lo que contribuyó a las elecciones más sucias en América Latina, como él mismo lo reconoce.

Mientras que en Islandia la sociedad toma las plazas exigiendo la renuncia del primer ministro por su vinculación familiar con el paraíso fiscal y en Europa se desata un sinnúmero de indagatorias, fruto de la presión social relativa a los Papeles de Panamá, en nuestro país no ha habido ninguna reacción oficial proporcional al daño que este asunto causa a la economía mexicana, que incluye los grandes montos de impuestos no pagados por parte de empresarios beneficiados por la administración.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha abierto por su parte una investigación exhaustiva sobre los dichos de Sepúlveda y en los otros países involucrados se prenden luces rojas sobre la cuestión de la legitimidad de los gobiernos. En México, la ciudadanía y los poderes públicos parecieran estar paralizados frente a las evidencias claras sobre la degradación de los medios y procedimientos de acceso al poder. Como si admitiésemos el carácter irreversible del Estado fallido.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México