Pésimo negocio ha sido para Pemex la compra de Agro Nitrogenados. En 2014 la petrolera pagó a Altos Hornos de México 275 millones de dólares por estas instalaciones en Veracruz con la idea de reactivar la producción de fertilizantes en el país. El plan era producir en ellas 75% de la demanda nacional de urea, un insumo estratégico para la agricultura. Así justificaron el desembolso.
El problema es que la planta llevaba 14 años sin operar y estaba muy deteriorada. Tenía que ser renovada y el contrato para hacerlo se fijó nada menos que en 195 millones de dólares. Claramente, no requería de tan solo una remozada.
En su más reciente reporte, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que la compra se hizo sin evaluar la condición de los bienes y que la mayor parte de la planta era chatarra. Informó también que Petróleos Mexicanos se saltó varias leyes y hasta artículos de la Constitución en la adjudicación del contrato para rehabilitarla.
Para colmo, sigue sin funcionar. El inicio de operaciones se viene posponiendo desde que fue adquirida durante la administración de Emilio Lozoya. En 2015 se aseguró que sería en el primer trimestre de este año cuando arrancaría la producción, con una capacidad anual de hasta 990 mil toneladas de urea. Ya entonces se antojaba una espera larga. El plazo se cumplió, pero no la promesa.
¿La fábrica sirve o no sirve?
Se lo pregunté al actual director de Pemex, José Antonio González Anaya. Respondió que sí, que la están remodelando. Dijo también que él “espera” que a finales de este año ya esté operando. Así lo planteó, más como un anhelo que como un compromiso. Por lo pronto, junto con él, seguimos esperando.
Al inicio de esta semana, el presidente Peña nos dijo a un grupo de periodistas que no aceptará que a su gobierno lo acompañe un “halo de corrupción”. Se defendió y aseguró que ha impulsado mecanismos para combatir este mal y que en ello seguirán sus esfuerzos.
Aclarar las dudas en torno a esta compra millonaria por parte de una empresa recientemente empobrecida y que es crucial para México sería dar un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Lo demás es retórica.
HUERFANITO. La PGR ofreció una disculpa a Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara, indígenas que pasaron tres años en prisión acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta AFI. El procurador Raúl Cervantes reconoció públicamente su inocencia y las irregularidades en el proceso. Desde el poder judicial no se han manifestado. Ni el juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, que las consignó, ni el magistrado Hans López Muñoz, que luego de analizarlo solo ordenó la reposición del procedimiento, han tenido nada que decir al respecto.
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