Corrupción y pobreza, fenómenos asociados

Es tal el nivel de corrupción que hay en el país, que la propia coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, Alejandra Lagunes, advierte la urgencia de transparentar la información gubernamental, sin la necesidad de hacer solicitudes y mantener una estructura costosa que sólo sirve para atenderlas.

Entrevistada por Nurit Martínez de EL UNIVERSAL, la funcionaria alienta que “un gobierno abierto es una herramienta para el combate a la corrupción”. Y es que esa corrupción es un fenómeno social asociado a la pobreza, pues aumenta la concentración de la riqueza mal habida e impide reducir la desigualdad social.

Además de esa transparencia que debería ser una obligación en todo gobierno que se diga democrático —transparencia que no existe en México—, se necesitan también controles eficaces que prevengan e inhiban la corrupción, por lo que es absurdo tener una Secretaría de la Función Pública (SFP) que depende del jefe del Ejecutivo, lo que le da impunidad al mismo presidente y a sus amigos secretarios, y se convierte así en un instrumento que ajusta cuentas con aquellos que caen de la gracia presidencial.

Ese es el motivo por el cual muchas de las sanciones y multas que aplica la SFP son rebatidas en tribunales y perdidas por ese órgano de control y vigilancia. Un ejemplo es el caso del ex director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, quien a finales del sexenio pasado fue destituido e inhabilitado por una supuesta “negligencia administrativa”, y después de dos años ganó el juicio, por lo que tuvieron que suspender la sanción.

Bajo los expedientes E/SAE/009/2011 y R/SAE/ 028/2011, el Órgano Interno de Control (OIC) del SAE, a cargo en aquel año de Alberto Mesta, determinó dos inhabilitaciones a Álvarez Alonso por 15 y 10 años, así como dos sanciones económicas por un total de 72 millones 281 mil 803 pesos.

El ex director y fundador del SAE se vio envuelto en una disputa legal entre el OIC y un Tribunal Judicial Federal, así como entre disposiciones y órdenes dictadas desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas. Por intereses y sentencias judiciales amañadas, le exigieron a Álvarez Alonso retribuir a dos contribuyentes textileros los bienes (telas) que les habían decomisado agentes aduanales por un monto superior a 70 millones de pesos, pero el contralor Alberto Mesta ordenó lo contrario, no devolver las telas ni acatar las órdenes del SAT y de un juez federal, como parte de un plan fabricado para sancionar a Luis Miguel Álvarez Alonso.

El funcionario recurrió entonces al secretario de Hacienda, Agustín Carstens (actual gobernador del Banco de México) y al jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes le recomendaron no preocuparse y le aseguraron que nadie se atrevería a sancionarlo si cumplía las instrucciones del SAT y del juez federal. Pero la realidad fue otra y el OIC lo acusó de falta de supervisión, lo inhabilitó por 25 años para trabajar en el servicio público y lo multó con más de 70 millones de pesos.

Este caso de abuso de poder que destrozó la vida de Álvarez Alonso también arrastró a otros servidores públicos, quienes fueron inhabilitados, como el coordinador de Bienes del SAE, Manuel Alcocer Castelazo; el director Ejecutivo, Pedro Izquierdo Rivera, y el director Corporativo de Operación, Fernando Stefanon Salinas, quienes después del fallo en favor de su ex jefe esperan correr la misma suerte y que un juez les levante las sanciones.

PUNTOS SUSPENSIVOS... La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) vuelve a preocuparnos por la enorme desigualdad económica que hay en el país e informa (nota de Susana González, en La Jornada) que en los países de la región la reducción de la pobreza sigue estancada desde 2012 y que el caso de México es preocupante, porque 38% de los ingresos totales del país están concentrados en apenas la quinta parte de la población, mientras que apenas 6.8% de los ingresos son para 20% de la población más pobre. Así o más desigual la vida en México.

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