El genoma de la corrupción

Científicamente, el genoma humano es el número total de cromosomas del cuerpo, que contienen aproximadamente 80 mil genes responsables de la herencia. Esta información ha sido decodificada y permite a la ciencia conocer, mediante exámenes genéticos, qué enfermedades podría sufrir una persona en su vida y prevenirlas. En el caso mexicano más bien parece que se ha descubierto el genoma de la corrupción, que tiene invadido el cuerpo de políticos y burócratas.

Lo anterior tiene que ver con lo ocurrido hace unos años (gobiernos panistas) en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), que es uno de esos organismos importantes en materia de salud, capaz de detectar y prevenir graves enfermedades como la leucemia, el cáncer y la epilepsia, pero que por su trabajo científico está alejado del radar de la observación pública y, por tanto, de la rendición de cuentas.

Sin embargo, en este tipo de instituciones, el presupuesto público no siempre es manejado con honestidad ni en los mejores términos para el Estado. Tal es el caso de la construcción de la sede del Inmegen, en donde se pagaron sobreprecios millonarios que generaron cuantiosos daños al erario, sin que hubiera culpables, de acuerdo con el amplio expediente en poder de esta columna.

En este caso de corrupción, la impunidad nunca permitió encarcelar a los responsables de dicho abuso y desfalco, a pesar de las denuncias y demandas generadas, que incluso derivaron en procesos penales, como la averiguación previa UEIDFF/AC/21/2008, radicada en la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en contra de la empresa DEN GP, SA de CV.

El Inmegen se creó el 20 de julio de 2004, por decreto presidencial, con el objeto de “desarrollar una plataforma en medicina genómica para vincular instituciones públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero, que contribuyan a generar su desarrollo integral en todo el país, incidiendo en enfermedades comunes con un alto impacto en la salud y la economía de los mexicanos”.

La construcción de la primera etapa de su sede inició el 12 de septiembre de 2005, en un terreno donado por la Secretaría de Salud, de 40.9 mil metros cuadrados ubicado en la delegación Tlalpan. El costo total estimado del proyecto fue de mil 190 millones 387 mil pesos. Sin embargo, a lo largo de la obra se impusieron sobrecostos, como el referido en el juicio ordinario civil federal 455/2008 del Inmegen en contra de la empresa Constructora y Realizadora Mexicana, SA de CV. En éste, se le reclamaba a la compañía una devolución de 3 millones 627 mil pesos “por concepto de suerte principal y que corresponde a obra pagada en demasía, no registrada en bitácora, fuera de especificación y deficiente en calidad”.

El caso fue de tal magnitud que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo revisó. Al auditar 80 millones 499 mil pesos, que representaron el 77.4 por ciento del presupuesto ejercido en 2007, en el “proyecto creación del Inmegen en el Distrito Federal” descubrió que la obra se encontraba suspendida y sin fuerza de trabajo; presentaba gran deterioro producto de la intemperie y el abandono, lo que provocó —posteriormente— su derrumbe y su nueva edificación. Pese a ello, no existían avisos de suspensión o rescisión.

Respecto de los anticipos otorgados a las empresas constructoras de aquella primera sede, la ASF detectó que, al cierre del ejercicio 2007, no se amortizaron los anticipos de los convenios adicionales otorgados por un monto global de 18 millones 354 mil pesos, por lo que presumió un posible daño patrimonial por ese monto. Según la Auditoría, otros 2 millones 837 mil pesos pudieron haber sido defraudados por los anticipos no amortizados en relación con el convenio adicional C-3, para realizar los trabajos de instalaciones hidrosanitarias, del contrato celebrado con RL Construcciones y Proyectos.

Su presupuesto 2015 asciende a 212 millones 216 mil 155 pesos, y de aquel desfalco millonario nunca hubo justicia.

PUNTOS SUSPENSIVOS... Y ahora que hablamos del sector salud, por lo menos va a ser interesante el resultado de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las fortunas que acumularon ex funcionarios del ISSSTE por la asignación irregular de contratos multimillonarios a empresas privadas. Por ahora comentaré que hay dos líneas de investigación, una sobre los fideicomisos abiertos para pagar sobornos a funcionarios y otra sobre cuentas bancarias millonarias abiertas en el extranjero. Una de las instituciones sería el Credit Suisse.

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