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Una sociedad democrática tiene entre sus componentes fundamentales la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública y amplias libertades de expresión y de prensa basadas en un libre acceso a la información que asegure la existencia de una ciudadanía bien informada para tomar sus decisiones.
En este sentido, toda democracia exige servidores públicos comprometidos con sus principales valores, entre los que se encuentran el respeto a las críticas y opiniones sobre la actividad que han decidido voluntariamente desempeñar, lo que lleva implícito la obligación de transparencia su actuar y la rendición de cuentas.
Es principalmente a través de la prensa, entendida en su concepto más amplio, que nos informamos de los asuntos de interés público, permitiendo el análisis y discusión de los temas que interesan a la sociedad así como el juzgar adecuadamente las actividades desempeñadas por las personas con responsabilidades públicas. De esta manera, la sociedad debe tener garantizado su derecho a recibir información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, incluyendo aquellas que pueden resultar molestas o incómodas para las personas públicas o algún sector de la población.
La libertad de prensa exige desarrollarse en un ambiente de apertura y respeto en aras de generar un entorno en el cual se cumplan las demandas del pluralismo. No se puede desconocer que las relaciones entre el poder y el periodismo crítico han sido siempre ríspidas, por lo que se debe tener cuidado de caer en la creación de gobiernos con tintes autoritarios, que pongan en riesgo a una sociedad democrática.
En días pasados se han visto manifestaciones de servidores públicos que, al no estar de acuerdo con los cuestionamientos y críticas de diversos medios de comunicación, han intentado modificar su línea editorial o influir en la información mediante procedimientos que condicionan la difusión de información al control gubernamental.
Asumir una posición como la descrita, supone renunciar al principal deber de todo servidor público: respetar y valorar con amplitud de criterio las opiniones sobre la transparencia y fiscalización de su gestión. De tal manera, entorpecer la crítica constituye un proceso que deriva en acciones que se acercan más a posiciones antidemocráticas, como demandas judiciales, auditorías fiscales, condicionar la publicidad oficial, descrédito profesional, legislación restrictiva, boicot de la información oficial a ciertos medios, o bien demeritar y estigmatizar el trabajo de quienes tienen a su cargo la labor periodística en México.
Cuando una persona está en la función pública, por elección o por designación, está sujeta a un nivel mucho mayor de escrutinio de su vida, por lo que debe tener el compromiso de no reaccionar ante la crítica de manera ofensiva o revanchista. Así como el discurso de odio puede generar violencia, descalificar la crítica por no estar de acuerdo con lo que se informa o el temor a ser exhibido, nos puede llevar a escenarios de violencia que nada favorecen. La descalificación de la crítica puede ser la anulación de las libertades.
En la medida en que a través de las libertades de expresión y de prensa el Estado garantice la transmisión libre de ideas, noticias y datos, se favorecerá el análisis y discusión de los asuntos de interés público y se tendrá una sociedad abierta, pluralista y democrática.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
