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Acorde con el expediente judicial de causa penal federal 389/2017, Orlando Xolalpa Sánchez, alías El Chivo, fue detenido a mediados de mayo en flagrancia con la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Xolalpa fue vinculado a proceso por un delito que, en el nuevo sistema de justicia penal, no amerita prisión preventiva oficiosa, lo que le permite estar en libertad, sin embargo, la presión mediática terminó provocando una serie de errores que ponen por los suelos la credibilidad, de por sí dañada, del gobierno federal y el sistema de procuración de justicia.
Y es que, a principios del mismo mayo, la nación entera se indignó ante lo sucedido con una familia en la carretera a Puebla, cuando presuntos huachicoleros atacaron a una familia golpeando salvajemente a un hombre mientras violaban a las dos mujeres que le acompañaban, una de ellas de 14 años. Durante la gresca, al parecer una bala perdida mató, además, a un bebé de 2 años de edad.
Los sectores de inteligencia de la Policía Federal vinculaban a Xolalpa y sus cercanos al caso, pero no había ninguna prueba fehaciente que pudiera presentarse en los juzgados para incriminarlo. Un hecho fortuito llevó a su detención: el hombre tenía armas en su poder.
Presuroso, cosa rara en su estilo, Renato Sales anunció en una conferencia de prensa la detención, habló de la vinculación que tenía el sujeto con la agresión de la familia y pidió a la ciudadanía denunciar otros posibles atracos.
Nadie denunció, ni siquiera la misma familia que no tuvo contacto con la autoridad federal.
Para finales de mayo otra autoridad, la Fiscalía Estatal de Puebla, logró la detención de 5 miembros de Los Güeros, una banda integrada por 7 sujetos que se dedicaba al robo en el tramo de San Martín Texmelucan (y que no eran necesariamente huachicoleros). A través de los teléfonos que robaron a las víctimas se pudo vincular, de modo científico, su participación en el caso. El Chivo no tenía, en la investigación poblana, nada que ver con el asunto.
La única evidencia con la que contaba la autoridad federal era una “confesión” que, ahora se sospecha, por lo que dice el hombre puesto en libertad, fue sacada bajo amenazas y tortura.
Orlando Xolalpa exige una disculpa pública de Renato Sales y con ello pone la credibilidad de la Policía Federal y de la PGR entre las cuerdas.
Si fue un “chivo” expiatorio, estamos frente a una película repetida en la historia del Estado mexicano que lo deja sin respuesta.
Si liberaron a un presunto violador y asesino de bebés, estamos frente a una torpeza magistral de la PGR al no haber podido comprobar su participación y poner en riesgo a la sociedad por los errores que le permiten hoy caminar en la calle.
Como sea, de nuevo, sale perdiendo el gobierno federal… A menos que decidan echarle la culpa al Sistema Judicial.
DE COLOFÓN.— Los policías federales ministeriales “103” mandaron un mensaje por WA, acusan a los altos mandos de la PGR de no brindarles protección en los operativos ni de ajustarse al protocolo de las reglas de combate. Piden renuncias por los compañeros muertos en Guerrero y exigen que se paguen, a la de ya, los seguros de vida.
