Ética y conflicto de (des)interés - Los líos del Verde

Benjamín Guillermo Hill Mayoral está de regreso en la política. Es el titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de la Función Pública (Sefunpu, aunque suene a palabra de mago). Su jefe inmediato es Virgilio Andrade, el amigo del presi... perdón, el titular de esa dependencia.

Apenas el domingo pasado esa instancia emitió el boletín Comité de Ética dignificará el ejercicio gubernamental. Ahí se detalla que en 2016 “los Comités de Ética de la Administración Pública Federal (APF), incorporarán el concepto de integridad, en congruencia con las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés”.

El documento detalla que Hill Mayoral es el encargado del tema. ¡Albricias! Bien por los servidores públicos que ahora sí se comprometerán a sujetarse a la ley.

Lástima que él no cumple con la ley que buscará que otros cumplan, cof, cof.

Lo digo porque al checar el Registro de Servidores Públicos, de la Sefunpu, no aparece la actualización de su Declaración Patrimonial ni de Intereses. ¿No que es obligatorio la presentación aunque no se haga pública?

El último dato actualizado es su declaración por “conclusión”, que envió el 29 de enero de 2013 cuando pertenecía a la Secretaría de Hacienda como jefe de la Unidad de Evaluación del Desempeño.

¿No es ya el colmo que el encargado de Ética y prevención de conflicto de interés no haga públicas sus declaraciones?

Ah, por cierto, Hill Mayoral es esposo de Alejandra Sota, la vocera presidencial de Felipe Calderón. Pero esa es otra historia; ya la contaremos otro día.

Otro que está en las mismas lagunas éticas es Santiago Peña, perdón, Nieto. Sí, el todavía titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, quien solicitó la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, por la presunta comisión de delitos electorales.

Imagínese querido lector, lectora, que el encargado de denunciar delitos —en este caso electorales— decidió no hacer públicas ni su declaración patrimonial, mucho menos su declaración de conflicto de interés ante la Secretaría de la Función Pública. ¿Pues qué les pasa a nuestros servidores públicos?

Tres notas desde el Congreso.

Una buena: en el Senado, al fin, se aprobó el dictamen que venía de diputados que crea, al fin, a la Ciudad de México (que será el nombre oficial) como el Estado 32. Se va a Congresos locales por ser una reforma constitucional. Será un reto tener una Constitución a la altura.

La mala: Se aprobaron reformas a la Ley Orgánica a fin de que los diputados independientes puedan pertenecer a la Mesa Directiva de ese órgano legislativo.

Ahora, tendrán que solicitar su ingreso, vía la Junta de Coordinación Política. Si pasa, podrán participar en los trabajos correspondiente, donde tendrán voz… pero no voto.

La que me da particular gusto: Se aprobó la iniciativa que presentó Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. A partir de 2016 se instaurará la Medalla Gilberto Rincón Gallardo, que será entregada como reconocimiento a quienes trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Fue votada por unanimidad.

Por cierto, en el Partido Verde ya hicieron limpia de quienes cometieron delitos en las pasadas elecciones y han sido señalados por las autoridades: de plano los expulsaron de sus filas.

¡Están indignados! Al grado que el dirigente del PVEM consideró que no pueden “solapar este tipo de escándalos políticos”.

¿Expulsarán a Arturo Escobar? Claro que no.

Se refieren al ex diputado migrante chiapaneco —electo por el voto de chiapanecos en el extranjero— Roberto Pardo Molina, a quien la Procuraduría estatal fincó responsabilidades por delitos electorales cometidos en las elecciones locales del pasado 19 de julio.

Se le acusa de tener nexos familiares con Vicente Manzur Salomón Molina, dueño de DSI Elecciones —empresa contratada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas— encargada de hacer el conteo de votos para la elección de Diputado Migrante.

Primero lo desaforaron y ahora el Verde, entonado en su lucha anticorrupción (selectiva) lo expulsó.

Por cierto, esos del Verde chiapaneco tienen un talento para no salir de una bronca y meterse en otra. Ahora el diputado federal Rafael Guirao Aguilar tuvo la grandiosa idea de regresar a sus terruños para beneficiar a los niños de Tapachula. Al secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología se le ocurrió “beneficiar” a niños —¡niños!, ¿no que el trabajo infantil está penado?— que asean zapatos, renovándoles su cajón con herramientas, pintado de Verde tucán, por supuesto.

Él lo dijo:

—La corrupción de políticos y empresarios ha aumentado descarada y escandalosamente. No hay valores, no hay amor a la patria, no hay generosidad hacia los millones de pobres y analfabetas que abundan en territorio nacional. Hay mucha simulación, la impunidad está a la orden del día, por ello los mexicanos cada vez creemos menos en quienes nos gobiernan: Rodolfo Neri Vela, al recibir la Medalla “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”. Esto justo cuando los diputados se otorgaron a sí mismos un bono de 150 mil pesos.

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