Por Julio A. Millán B.

Una de las prioridades de la política exterior del gobierno mexicano en la década de los 90 fue lograr una mayor y mejor inserción de la economía mexicana en el mundo.

Con ese propósito se marcaron dos hitos sumamente destacados: la entrada en vigor de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —cuya negociación sin duda ha resultado exitosa— y la adhesión como miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ambos sucedidos en 1994.

Cabe destacar que nuestro país fue la primera economía, considerada como en desarrollo que ingresaba a la OCDE, lo que significó en su momento un reto a cumplir.

En aquel entonces, el PIB de 360 mil millones de dólares lo situaba en el noveno lugar entre las 25 economías miembro y como el decimotercero a escala mundial. Hoy día, nuestro PIB de $1,148,100 millones de dólares nos ubica como la undécima mayor economía del mundo, pero seguimos como la novena entre los hogaño 35 miembros de la OCDE.

La OCDE ha sido una organización muy útil para coadyuvar al crecimiento y desarrollo de sus miembros. Más importante que recordar que entre ellos se encuentran los países más desarrollados, vale señalar que muchos países que hoy se cuentan en ese status no lo eran en el momento de su ingreso; los más representativos son Irlanda, Japón y España y vienen detrás Corea y Polonia, países cuyo PIB per cápita ha logrado avanzar en la convergencia hacia los de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos. Calculando ese indicador para México observamos que tal convergencia aún no logra darse.

En este contexto, la visión que se tuvo sobre el desarrollo a alcanzar no se ha concretado, ya que no se acompañó de un plan de largo plazo que permitiera lograr mayores avances, aprovechando las ventajas comparativas y desarrollando nuevas ventajas competitivas.

No se puede soslayar, sin embargo, que a lo largo de estas décadas, las transformaciones estructurales que se han experimentado han sido de gran relevancia.

Destaca el que pasáramos de ser una economía que, a principios de la década de los 90, era dependiente del petróleo —si bien, y como actualmente lo experimentamos, las finanzas públicas siguen sujetas en buena medida a la venta del hidrocarburo—, a desarrollar una sólida plataforma manufacturera de exportación, que gracias al TLCAN la ha convertido día con día en un centro de comercio internacional y que nos ha permitido generar un fuerte potencial de desarrollo.

El contrapeso de este avance ha sido que nos hemos centrado en un sólo producto principalmente, convirtiéndonos en monoexportadores.

El potencial económico del país se ha visto obstaculizado, o en todo caso ralentizado, por desafíos importantes a nivel interno en los ámbitos social y económico como los altos niveles de pobreza; informalidad; bajos niveles educativos, de adiestramiento y de competencias laborales; aprovechamiento escolar insuficiente; elevada exclusión financiera; leyes y normas de derecho endebles, pero sobre todo con bajo cumplimiento y persistentes niveles de corrupción y delincuencia.

Estos temas son a los que la OCDE les ha dado la más alta prioridad y seguimiento en la formulación de propuestas de política pública y en los cuales nuestro país no ha salido bien librado; destacan en recientes fechas los resultados del examen PISA en los que México ocupa los últimos lugares dentro de la organización.

A lo anterior, habría que añadir las rigideces institucionales y de facto, en los mercados productivos y el limitado desarrollo de cadenas productivas internas que permitan impulsar la productividad de las regiones y de las empresas nacionales.

También está el reto de aumentar el contenido nacional y disminuir el importado, mediante la trasferencia tecnológica, la inversión en innovación propia y la integración de cadenas nacionales de proveeduría.

No se puede soslayar que las reformas estructurales —lamentablemente aplicadas apenas hace uno cuantos años— han venido rindiendo frutos; sin embargo, necesitan de mucho más tiempo y mayor impulso.

Las reformas que México ha instrumentado en los últimos años coinciden con las políticas y principios fundamentales de la OCDE. Existe pues compatibilidad de objetivos lo que ha permitido un trabajo conjunto a lo largo de los años. No obstante, es claro que no se ha logrado el ritmo de convergencia en nivel de ingreso con los que detenta la organización, es decir, aunque vamos por buen camino, es necesario redoblar esfuerzos.

Adicionalmente, es necesario reiterar que, ante el eminente cambio de los parámetros con la renegociación o salida del TLCAN, se ajustarán los factores económicos.

El entorno de incertidumbre que vivimos y los retos estructurales de nuestra economía nos demanda trabajar con unidad interna y con pensamiento estratégico, recordando que si bien los desafíos son grandes, nuestra riqueza cultural, valores, ingenio y amor por México son mucho mayores.

Presidente de Consultores Internacionales S.C.

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