Los gobiernos no suelen ser proclives a afectar los intereses de las corporaciones de medios, es algo que puede tener un alto costo político sobre todo en un país como México en el que aún tenemos baja penetración de internet y los medios electrónicos tradicionales (televisión y radio) siguen siendo los que influyen en mayor proporción en la opinión pública. Desde luego que tampoco les es cómodo —a los gobiernos— menoscabar las ganancias de los grandes grupos empresariales como al que pertenece América Móvil, pero en este último caso las consecuencias, aunque económicamente pueden ser de mucho mayor impacto, no tienen el ingrediente mediático que juega de ola expansiva. No es secreto para nadie que los gobiernos toman decisiones jurídicas, económicas y hasta técnicas, influenciados por presiones coyunturales, como las electorales, temerosos de las consecuencias de sus acciones en los medios, pues la mayoría de los políticos se sienten menesterosos del buen tratamiento que les den a su imagen, y así surge el trueque.

Por eso es que la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que hoy es un sector aún más promiscuo que antes debido a la convergencia, ha sido históricamente una de las más vinculadas a la política. La propia creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismo constitucional autónomo, es decir, un órgano que no pertenece al gobierno sino al Estado, materializa la confesión del gobierno de su imposibilidad de regular al sector de manera imparcial. No existe un conflicto material entre las telecomunicaciones y las atribuciones del Poder Ejecutivo; todo lo contrario, hay una perfecta cabalidad entre su labor esencial y la administración del patrimonio de la nación (espectro radioeléctrico) así como de la regulación y supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Distinto es el caso electoral, o el de derechos humanos, ambos entrañan una tarea que, de estar dentro de alguno de los tres poderes, se generaría una suerte de antinomia, un conflicto esencial que desembocaría en la ineficiencia de sus actos, si no es que en la perversión total del resultado.

No hay, pues, una razón de incompatibilidad material entre las telecomunicaciones y las atribuciones gubernamentales. ¿Cuál fue, entonces, el motor de la decisión de la autonomía del IFT? En mi opinión tiene que ver con tres cuestiones: primero, la necesidad de mostrar que el PRI que llegaba era distinto al que tuvimos y que se romperían vicios administrativos de décadas; segundo, la idea de atraer inversiones frescas en el sector debía ir acompañada de certidumbre jurídica a través de la garantía de que las resoluciones en este sector serían justas y apolíticas y, tercero, siempre puede ser útil incluir un actor más en el ecosistema de toma de decisiones al que pudiera señalarse como responsable en caso de incomodidad. Así que, desprovista de fondo teórico, la autonomía del IFT en realidad es un experimento, por ello es indispensable que legitime su existencia mediante la toma de decisiones acertadas y eso está en manos de su Pleno.

Estamos mejor ahora que antes, pero lo cierto es que no se han afectado los intereses de los grandes de manera tan agresiva, ha sido más bien, digámoslo así, un proceso profiláctico. Ni se obligó a América Móvil a escindirse con motivo de la preponderancia, por ejemplo, ni a Televisa a vender uno o dos canales de televisión, ni se le declaró dominante en TV de paga recientemente. Y no digo que la desincorporación hubiese sido el mejor camino en la preponderancia, simplemente señalo lo que algunos esperaban de la reforma y de los discursos políticos que la subrayaron en el sentido de acabar con la enorme concentración del sector de tajo.

Así, hasta el momento, decisiones históricas —buenas y malas— se han tomado desde el nacimiento del IFT. Una de las buenas es la adoptada este 17 de marzo por el Pleno: la norma oficial que obligaba a que entre las estaciones de FM existiera una separación de 800 KHz (de la 88.1 saltaba usted a la 88.9 y así sucesivamente), mantuvo durante años una escasez artificial del espectro pues no había razón técnica, sino política: la de evitar la confrontación con algunos radiodifusores que a toda costa intentan mantener el statu quo de menor competencia, ahora la separación entre estaciones será de 400 MHz gracias al IFT. Aún no conocemos el detalle de la nueva norma, pues hasta ayer no se había publicado en el Diario Oficial, pero de cualquier forma la política pública de lo que se hará con este espectro no se ha definido aún. Así que, aunque esta disminución de la separación entre estaciones de FM es precisamente el tipo de decisiones que uno espera de un órgano autónomo y la aplaudimos de pie, nada está dicho hasta que no sepamos qué pase con ese espectro. El IFT tendrá que determinar qué hacer con los diferentes interesados: las instituciones públicas y sociales, los que ya tienen presencia en la FM y quieren expandirse, los que tienen una estación AM y quieren migrar a FM, y los nuevos entrantes que quisieran tener un espacio en la radio en esas ciudades en las que parecía ya imposible.

La ley establece que el IFT deberá reservar para estaciones comunitarias e indígenas el 10% de la parte alta de la banda de radio de FM; por otro lado, el acuerdo publicado el 15 de septiembre de 2008 por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias de AM a FM ya no tiene vigencia material, así que cualquier intento de combos requeriría una nueva regulación y dado el nuevo marco constitucional, se ve cuesta arriba. Además, hay y habrá una enorme resistencia por parte de los actuales radiodifusores a estaciones comerciales para nuevos entrantes, pero lo cierto es que, paradójicamente, mayor competencia y frescura en los contenidos —sociales y comerciales— darán a la radio más tiempo de vida ante la inminente migración de audiencias hacia otras plataformas en el internet. Renovarse o morir.

*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora

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