La guerra entre priístas y perredistas

El sábado en la tarde, al realizar un operativo por aire y tierra en las montañas de Chichihualco, en Guerrero, el Ejército y la Policía Federal detectaron un convoy formado por once camionetas de lujo. Los vehículos se desplazaban por un tortuoso camino de terracería.

Aquella zona del estado se encuentra bajo el dominio de la organización criminal conocida como Cártel del Sur, dedicada al tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Su líder es Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I.

Cuando las aeronaves militares se aproximaron, los integrantes del convoy huyeron hacia los cerros. En las camionetas —una de ellas blindada— había cuatro fusiles de asalto, dos lanzagranadas y cerca de mil cartuchos útiles.

Había también 80 gorras y camisetas con el logo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, el grupo de autodefensa fundado en 2013 “para erradicar la inseguridad” y establecer en el estado un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.

En febrero de 2015 la UPOEG fue acusada, entre otras cosas, de haber puesto a la policía comunitaria al servicio del narcotráfico. El líder de esta organización, Bruno Plácido Valerio, fue repudiado por grupos comunitarios que conformaron su propia policía ciudadana: el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, FUSDEG.

En un acto celebrado en Tierra Colorada, Plácido Valerio fue corrido a jitomatazos. “Ahora es nuestro enemigo”, declararon los miembros de la FUSDEG. Comenzó una guerra a muerte cuyo trasfondo iría más allá del de las propias organizaciones sociales: de la mano de política y narcotráfico, el fin de esa guerra es el control de la producción de amapola en los pueblos del corredor Acapulco-Chilpancingo.

El 30 de marzo de 2015 la UPOEG ingresó en San Juan del Reparo a la hora en que se celebraba una asamblea convocada por la FUSDEG. No queda claro qué ocurrió. Hubo un enfrentamiento a balazos que dejó cuatro muertos y diez heridos. Miembros de la FUSDEG desaparecidos aquel día fueron hallados en Chacalpa. Según se dice, estaban degollados.

Días más tarde la UPOEG regresó a San Juan y se llevó a 19 policías comunitarios para juzgarlos dentro del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana. 20 meses más tarde la guerra entre ambas organizaciones había dejado cerca de 40 muertos.

El 24 de noviembre de 2016, los policías comunitarios volvieron a encontrarse en la comunidad de Tlayolapa. El tiroteo entre ambas organizaciones dejó seis muertos de la UPOEG y uno más de la FUSDEG.

En junio del año siguiente, policías de la UPOEG allanaron cuatro casas de la comunidad de San Pedro Cacahuatepec y asesinaron a tres mujeres, dos hombres y un bebé de cuatro meses. Los agresores llevaban fusiles AK-47 y AR-15.

La violencia siguió creciendo. Unos días más tarde hubo un nuevo enfrentamiento en Heliodoro Castillo. En esa ocasión, la balacera duró dos días y dejó siete muertos. Entre los fallecidos estaban dos integrantes de la UPOEG que trabajaban para Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I.

El gobierno estatal reveló que la UPOEG estaba decidida a tomar los pueblos de la zona “para controlar la producción de amapola”. El alcalde priísta de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, sostuvo que la pugna se debía “al interés económico” y a la “ampliación de poder relacionado con el trasiego de drogas en el corredor Petaquillas-Xaltianguis”.

De acuerdo con el alcalde, la disputa se había recrudecido “ante la intervención ‘de un partido político’”.

En efecto, en Guerrero para nadie es un secreto que la UPOEG cuenta con el apoyo y la simpatía del perredismo y sus líderes. El gobierno de Ángel Aguirre entregó a la Unión, incluso, uniformes y armamento.

Desde su fundación, la FUSDEG —a la que se le atribuyen nexos con Los Rojos— ha tenido el apoyo de gobiernos del PRI.

Finalmente, en Guerrero todo se revuelve y todo se confunde. El hallazgo, sin embargo, de armamento de alto poder en la sierra de Chichihualco trae a colación los capítulos de una guerra no atendida: la guerra invisible entre priístas y perredistas, expresada a través de esa bomba de tiempo que son las policías comunitarias: su falta de regulación, sus nexos evidentes con el narcotráfico.

Una bomba que ni el gobierno ni el Congreso de Guerrero se animan a desactivar.

@hdemauleon
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