Los ocho escoltas de Yarrington

El ex gobernador priísta de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba comenzó a ser investigado debido a las acusaciones de uno de sus socios, Antonio Peña Argüelles, empresario de Nuevo Laredo.

El empresario pidió la protección de la Drug Enforcement Administration, DEA, por temor a ser asesinado por Los Zetas, quienes lo acusaban de haberse quedado con cinco millones de dólares. Los Zetas habían asesinado ya a uno de sus hermanos.

Luego de entrar en tratos con la DEA, Peña Argüelles aceptó convertirse en testigo protegido de la PGR. Bajo el nombre clave de Ángeles reveló los nexos del ex gobernador con el narcotráfico. Sus declaraciones se sumaron a las de otros testigos protegidos: Pitufo, Pedro, Yeraldín y Óscar.

Esas declaraciones recabadas por la PGR calderonista señalaron que Yarrington, gobernador entre 1999 y 2004, los años en que cimentó el imperio de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y surgió y se afianzó esa pesadilla conocida como Los Zetas, amasó una fortuna con sobornos procedentes del narcotráfico; estableció relaciones con capos del narcotráfico como Miguel Treviño Morales, El Z-40, y su hermano Omar, El Z-42; “palomeó” candidatos impuestos por estos criminales para que contendieran en diversas alcaldías y ocultó, a través de una red de prestanombres, empresas, casas, haciendas, ranchos.

En 2012, la PGR dio a conocer que buscaba a Yarrington por lavado de dinero, delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas le giró una orden de aprehensión. Para entonces, el ex gobernador ya estaba prófugo de la justicia.

Ese año hubo elecciones en México. Ganó el partido del ex gobernador. Al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto le pareció extraño que la investigación se hubiera activado ocho años después del fin del mandato de Yarrington.

En una entrevista televisiva dio a entender que todo aquello era parte de la “guerra sucia” propia del proceso electoral.

A pesar de todo, el 17 de diciembre de 2012 Interpol México emitió una ficha roja que solicitaba su localización.

Pasaron los primeros cuatro años del sexenio peñanietista.

No hubo noticia alguna de Yarrington. Hasta octubre del año pasado, cuando en Tamaulipas hubo cambio de gobernador: salió el priísta Egidio Torre Cantú y entró el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

El nuevo procurador general del estado, Irving Barrios, solicitó que el personal asignado al servicio de escoltas se concentrara en las instalaciones de la procuraduría. Se descubrió entonces que la Procuraduría General de Tamaulipas tenía asignados ocho escoltas al servicio del ex gobernador prófugo, Tomás Yarrington, y cuatro al de otro ex mandatario, también priísta y también prófugo, Eugenio Hernández.

Uno de los escoltas percibía un sueldo mensual de 25 mil 361 pesos. El salario de los otros siete oscilaba entre 19 mil y 22 mil pesos mensuales. Cada uno de ellos portaba una pistola marca Glock y un fusil AR-15.

El oficio de comisión de los agentes había sido renovado, apenas, el 1 de julio de 2016.

Surrealista. Kafkiano. Incomprensible. El gobierno priísta comisionaba y le pagaba sus escoltas, ¿pero no sabía dónde se hallaba el ex gobernador prófugo?

El gobierno de Cabeza de Vaca notificó de inmediato a la PGR lo que había descubierto. Funcionarios de esa dependencia viajaron a Tamaulipas para entrevistar de manera extraoficial a los ocho escoltas de Yarrington. No se sabe cuáles fueron las respuestas. El gobierno panista de Tamaulipas dice ignorar el contenido de las entrevistas.

Un mes más tarde, en noviembre de 2016, la PGR, a través del Acuerdo A/183/16, firmado por el tercer procurador en este sexenio, Raúl Cervantes, ofreció 15 millones de recompensa a quien aportara información o datos que permitieran localizar y detener al exmandatario.

Era ya noviembre de 2016 —habían pasado más de cuatro años desde la fuga— cuando Yarrington fue al fin expulsado del PRI “por vulnerar los estatutos y el código de ética del partido”.

El subprocurador de asuntos jurídicos de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró ayer que “instancias de inteligencia del Estado mexicano bajo la conducción de la Agencia de Investigación Criminal” proporcionaron a las autoridades italianas “información útil” para la localización de Yarrington.

El boletín de prensa de la policía italiana no menciona, sin embargo, a ninguna instancia del gobierno mexicano, solo al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

¿Qué se desprende de esta historia? Solo malas conclusiones. Conclusiones descorazonadoras.

@hdemauleon

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