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La catástrofe humanitaria de Chilapa

14/02/2017
02:38
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A fines de noviembre del año pasado, en el cerro Tenanchitla, municipio de Zitlala, un grupo de peritos de la Fiscalía General de Guerrero localiza 20 fosas clandestinas. Luego de tres días de excavaciones sobre la tierra ardiente, las palas dejan al descubierto 32 cuerpos y nueve cabezas que habían sido depositadas en una hielera.

El vocero del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, recuerda que las nueve cabezas eran todavía “perfectamente identificables”.

El 21 de noviembre, en un paraje de Tixtla, alguien reportó el hallazgo de nueve cuerpos decapitados. Todos tenían signos de tortura. Cuatro habían sido atados de pies y manos; otros cinco fueron introducidos en bolsas negras.

Lentamente, las autoridades lograron identificar a algunas de las víctimas. Cuatro de ellas habían desaparecido en el municipio de Chilapa. Entre ellas figuraba un policía estatal, una joven estilista, el trabajador de una tortillería y un taxista cuya desaparición fue reportada dos años antes, en noviembre de 2014: Lázaro Nava Navarrete.

Su mujer reportó con frecuencia que el celular de Lázaro seguía activo. Todavía año y medio después “el aparato recibía llamadas”. Las autoridades insistieron en que aquello era normal: o alguien había revendido el teléfono o la empresa había reasignado el número.

El hallazgo de los restos del taxista, con evidencias de muerte reciente, demostró, sin embargo, que lo tuvieron en algún sitio exactamente durante dos años. De acuerdo con el colectivo Siempre Vivos “o lo obligaron a trabajar en un campo de amapola, o lo mantuvieron secuestrado, o lo obligaron a trabajar como sicario”.

Pudo ser cualquier cosa. Y la que sea, será terrible, porque así son las historias en Chilapa.

Desde hace años la organización criminal de Los Rojos tomó posesión abiertamente del municipio de Chilapa. El grupo delictivo impuso al secretario de Seguridad Pública del PRI, Silvestre Carreto González. La población empezó a denunciar desde 2012 una ola de secuestros, asesinatos, desapariciones y extorsiones. De acuerdo con reportes de inteligencia federal, una ruptura entre el secretario de Seguridad Pública y su hombre de confianza, el policía Constantino Chino García, desató el baño de sangre que lleva un lustro estremeciendo la región.

Chino García se movió al cercano municipio de Quechultenango, controlado por el grupo de Los Ardillos, y entregó a sus líderes —los hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez, hermanos a su vez del ex presidente del Congreso de Guerrero, el perredista Bernardo Ortega Jiménez— todos los datos sobre la operación de Los Rojos.

Los Ardillos se lanzaron sobre el control de la actividad criminal en Chilapa, con miras de apoderarse también de la actividad política —una constante en los municipios de Guerrero.

En noviembre de 2014 la violencia llegó a una escala nunca antes vista. Tras un rabioso enfrentamiento, en la comunidad El Paraíso, a solo 15 minutos de Chilapa, aparecieron los cuerpos decapitados y quemados de once presuntos gatilleros de Los Ardillos.

Dos días más tarde Los Ardillos se internaron en Chilapa y se llevaron a seis personas, cuyos cuerpos aparecieron torturados, decapitados y quemados (la cabeza de una de las víctimas nunca fue encontrada).

En mayo del año pasado 300 Ardillos regresaron a Chilapa. Bloquearon las entradas y a lo largo de cinco días tomaron la ciudad. Finalmente se llevaron a varias personas, la mayor parte de ellas apellidadas Nava, Carreto o Sánchez (el líder de Los Rojos se llama Zenén Sánchez Nava. Se cree que el grupo de desaparecidos estaba formado por 14 o 16 personas. El colectivo Siempre Vivos afirma que eran 30, “aunque por miedo o por amenazas no todos los familiares se animaron a levantar la denuncia”.

La violencia no cesa desde entonces. El colectivo ha documentado la desaparición de 130 personas; las fosas clandestinas infestan los cerros; los enfrentamientos continúan (solo durante la tercera semana de enero se registraron once homicidios) y los líderes criminales —Zenén Sánchez Nava y Celso Ortega Jiménez— continúan moviéndose con absoluta impunidad.

En diciembre pasado, la ONU y la CNDH señalaron su preocupación por las desapariciones, la falta de acceso a la justicia, el desplazamiento forzado interno, las reiteradas amenazas contra activistas de derechos humanos, el miedo y el terror de la gente de Chilapa.

“Vivíamos una crisis humanitaria”, indica José Díaz Navarro. “Ahora vivimos una catástrofe humanitaria”.

Otra vez, de la mano, política y crimen organizado.

 

@hdemauleon

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