El gobernador Rafael Moreno Valle tomó la decisión de “blindar” Puebla. Su proyecto consiste en colocar una serie de arcos de seguridad que escaneen con rayos X los vehículos que circulen por las autopistas de la entidad.

La intención es limitar el tráfico de un montón de ilegalidades: combustible, drogas, armas, personas.

El proyecto original contemplaba la instalación de cinco arcos. Actualmente solo existen dos, uno en la autopista México-Puebla, a la altura de Huejotzingo, y otro en la Puebla-Veracruz, justamente en Palmar del Bravo. La prensa local ha informado, sin embargo, que el gobierno estatal abrió 24 concursos de licitación para construir cuatro arcos más y realizar obras complementarias de estas estructuras. Dichos arcos serán colocados en Atlixco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Cuapiaxtla.

Los dos arcos instalados actualmente están presupuestados en 131 millones de pesos. Algunas notas refieren, sin embargo, que el segundo costó 173 millones.
En teoría, los arcos funcionan como el alcoholímetro de la ciudad de México: el escaneo se hace a discreción. Las unidades que resultan sospechosas son detectadas antes de aproximarse a los arcos, a través de cámaras de vigilancia que elementos de seguridad monitorean desde las bases policiacas ubicadas en cada arco.

Las cámaras toman foto del vehículo y número de placas. Al acercarse al arco, la unidad es orillada para que pase por el escáner. Dicho de otro modo, el gobierno de Moreno Valle lleva gastados alrededor de 300 millones de pesos para que los elementos de seguridad usen su criterio, y aún quiere gastarse unos 600 millones más.

Eso no es lo peor. Personal que trabaja en los arcos de Huejotzingo y Palmar del Bravo asegura que los equipos de rayos X —su costo comercial oscila entre dos y cuatro millones de dólares; ignoro cuánto pagó el gobierno de Puebla a Zulu, la empresa que se los vendió— no están operando regularmente. Los aceleradores lineales se descomponen con frecuencia desde el día en que fueron instalados, y las autoridades no han logrado detectar la causa.

Actualmente, en los arcos solo se realizan simples revisiones físicas. Sin embargo, el personal encargado de operarlos, compuesto por una veintena de personas, incluidos los elementos de protección radiológica, acude a la base diariamente, con el pago de salarios que esto implica. De modo que, además del dinero “parado”, el gobierno de Puebla manda otro tanto al cesto de la basura.

El proyecto causó polémica en Puebla no solo por la millonaria inversión, sino por el temor que causó entre los conductores el hecho de ser irradiados con los equipos de rayos X.

La dosis que reciben los conductores es menor a la de una radiografía: incluso una persona que pasara diariamente bajo los arcos recibiría el límite de radiación permitido para población civil por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, CNSNS.

Existe, sin embargo, un detalle inquietante: la CNSNS otorgó al proyecto una licencia de operación —la 4178— bajo el supuesto de que los equipos escanearían solamente la caja de los vehículos, no la cabina, para no exponer en modo alguno a los ciudadanos.

Los equipos comprados a Zulu son inteligentes y escanean solo la caja de las unidades, además de que detectan las proporciones y disparan según la dimensión del vehículo. Poseen, sin embargo, un modo manual, en el que el operador puede escanear incluso la cabina. Nuevamente, las cosas quedan al criterio de cada operador.

El mismo personal de las bases admite que a pesar de lo costoso del proyecto, la revisión a discreción abre las puertas para que los delincuentes compren a las autoridades, a fin de no ser “elegidos” para detenerse en los arcos.

El proyecto estelar del gobernador Moreno Valle parece hacer agua por todos lados. Y no, no dan con la causa de que fallen los arcos.

@hdemauleon

demauleon@hotmail.com

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