Pemex y la transparencia

El caso Odebrecht es emblemático por su magnitud, su modus operandi y por su variedad de operaciones en 10 países de América Latina. Pareciera que se trata de un caso del que se puede extraer un “manual” para corromper a altos funcionarios: sobrecostos, adjudicación directa de contratos (con altos costos), pagos ilegales para permisos u otras ventajas para la empresa brasileña.

Si este manual es “exitoso”, de él también se deben extraer los agujeros legales y las fallas en los controles de operación que podrían impedir ese tipo de operaciones: limitar y controlar aún más la adjudicación directa (por ejemplo, en toda licitación directa debe entrar por oficio, automáticamente, la Auditoría Superior de la Federación o del Estado, según se trate), asegurarse la máxima transparencia posible en toda transacción, que los contratos sean públicos salvo muy especiales circunstancias.

Algunas de estas previsiones están ya en la ley, pero no siempre se siguen. Por ejemplo, de acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el contrato por el que Pemex cedió a la empresa Odebrecht el negocio de producción de etileno, para la fabricación de plásticos, quedó reservado por 20 años. Se trata, según esa fuente, de un negocio de 2 mil 500 millones de dólares. ¿Cómo es posible?

Atinadamente, Pemex inició de inmediato una investigación sobre los supuestos sobornos a funcionarios de Pemex. Ello opera también como deslinde del nuevo director general de Pemex, Dr. José Antonio González Anaya. Pero en este caso, si no lo ha hecho, también debiera de inmediato hacer públicos todos esos contratos y levantar las restricciones de reserva de información y abrirlos al escrutinio público.

Las condiciones de contratación, como el caso del etileno, darían muchas pistas y permitirían ganar algo de confianza en este gobierno. Ahí, la PGR tiene suficientes elementos para investigar, y la paraestatal para lavar en algo su imagen largamente ganada de empresa pública con altos grados de corrupción.

La entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en julio próximo va a cubrir muchas conductas como actos de corrupción que, aun hoy, no son tipificadas como delitos. Eso sin duda ayudará a perseguir no sólo personas, sino redes de cómplices que intervienen en estos procesos de corrupción.

Por ejemplo, el conflicto de interés que seguramente existe en este caso de Odebrecht, o pagos ilegales y simulaciones de otros tipos, o bien el “préstamo” de bienes como departamentos de lujo que anteriormente no constituían un delito por no tener su propiedad, permitirá tipificar una serie de conductas que antes no era posible hacerlo.

La tarea será menos difícil con el establecimiento y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque esto representa aún retos importantes. Por de pronto, su instalación formal sólo podrá realizarse hasta en tanto se designe al fiscal Especializado Anticorrupción. Es la única persona que aún falta de ser nombrado para completar las siete sillas del Consejo Regulador del Sistema. Los candidatos a la fiscalía ya están definidos y queda el proceso de designación en manos del Senado. Lamentablemente ello tiene posibilidades de politizarse por la importancia de esa posición, aunque este primer fiscal sólo durará en su encargo hasta fines de 2018.

Pero sobre todo resta echar a andar el sistema completo y establecer todo el andamiaje institucional para que funcione. ¿Cuál será el contenido de la política nacional anticorrupción? ¿Cómo se van a coordinar los distintos miembros del sistema y las instancias de los tres órdenes de gobierno y de los diversos poderes? ¿Cuál será el contenido de la versión pública de las tres declaraciones que deberán presentar todos los servidores públicos? Estos y muchos otros lineamientos deberán definirse en los primeros meses de vida del sistema.

El recientemente instalado Comité de Participación Ciudadana, junto con el secretario Ejecutivo, serán los encargados de generar todos estos lineamientos para ser aprobados por el Comité Regulador.

Es cierto, al sistema todavía le falta mucho, pero está en camino. Con esos instrumentos será más fácil perseguir casos como el de Odebrecht. Pero aun sin ellos, en este momento, es factible perseguir estos delitos. El compromiso internacional que ha asumido la PGR, en este caso, seguramente favorecerá que se llegue a resultados efectivos. Quizás sólo así es que se encontrará a los culpables de estos presuntos fraudes, pues todavía, lamentablemente, la voluntad política parece ser un requisito indispensable para capturar a los corruptos.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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