El secretario Ruiz Esparza tendría que ser investigado

Sin importar la procedencia ilícita y condenable de las grabaciones entre el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el ex representante de relaciones públicas de OHL, Pablo Wallentin, el miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto tendría, por lo menos, que ser investigado.

En el audio se expone que OHL recibió información sobre los proyectos de Ciudad del Carmen e Indios Verdes. Además de la petición de reembolso de gastos de Gerardo Ruiz en un complejo hotelero. Con un comunicado y un tuit, el funcionario lo niega.

Se esperaría su renuncia, como ya lo hizo por estos mismos escándalos el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena. Pero en el equipo federal nada ni nadie se mueve.

Y esta secretaría no es cualquiera. La SCT forja fortunas. Otorga concesiones que vuelve más ricos a los ricos y edifica monopolios, duopolios y oligopolios. Lo ha hecho con Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Vázquez Raña, Alcántara, Larrea, etcétera.

Lo increíble es que tanto escándalo deje de sorprender. Por lo menos con la fuerza necesaria para provocar un cambio real.

De acuerdo al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, un caso como éste tendría serias implicaciones; una vez que las leyes secundarias sean aprobadas, claro está. La fiscalía contra actos de corrupción debería iniciar de inmediato una investigación eficaz, sin obstáculos del sistema bancario o financiero. De encontrar elementos de probable responsabilidad se procedería penalmente por los delitos cometidos, pudiendo ser abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, soborno o los que se encontraran.

Se investigaría la comisión de responsabilidades administrativas, con sus correspondientes sanciones.

Pero así como no sucederá algo en el caso del contratista Higa y casas de familiares y colaboradores del Presidente, difícilmente se conocerán a los involucrados en posibles actos de corrupción en la SCT. Las instituciones encargadas de legislar, prevenir y castigar delitos son juez y parte.

Una salida extrema, posible, es lo que sucede en un país nada lejano a México.

El gobierno guatemalteco firmó en 2006 un acuerdo con la ONU. Creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su titular, actualmente el colombiano Iván Velázquez, es nombrado por Naciones Unidas y tiene como misión llevar a cabo investigaciones de cualquier tipo para erradicar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que afectan derechos humanos, incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado. También emite recomendaciones para adoptar políticas públicas, reformas jurídicas e institucionales. Recibe fondos internacionales de Estados Unidos, Suecia y la Unión Europea, principalmente. Hoy es investigado el propio presidente.

Mientras tanto, aquí en México, senadores de oposición promovieron un punto de acuerdo para solicitar que Ruiz Esparza comparezca. Lo de siempre. Nada nuevo. Mejor que lo investiguen.