El agua que se nos va

Nueve millones de mexicanos no cuentan con agua potable. El desagüe es el destino de 80% del líquido, a pesar de que una gran cantidad podría reutilizarse. La infraestructura hidráulica en el país tiene entre 40 y 50 años de antigüedad, lo que ocasiona que se pierda 40% del recurso por causa de fugas. Debido al crecimiento poblacional y al desperdicio, se estima que en 13 años el promedio de agua que cada habitante recibe se recortará de 3 mil 692 metros cúbicos anuales a 3 mil 250 metros cúbicos.

A pesar de los datos, el país todavía está a tiempo de evitar una crisis del agua, si comienza a aplicar políticas correctivas.

El Día Mundial del Agua, que se conmemora hoy, no debe ser la única fecha del año en el que el tema sea abordado por organizaciones y la autoridad. Debe ser oportunidad para tener una radiografía completa del problema y comenzar a adoptar soluciones.

En el país el abasto de agua es un tema que lleva a movilizaciones o a enfrentamientos. A principios de año, en Mexicali, debido a la presión de miles de personas, el gobierno bajacaliforniano tuvo que abrogar una ley que privatizaba el servicio del agua y aumentaba las tarifas; esa normatividad facultaba a la iniciativa privada a ejecutar obras de infraestructura hidráulica, a administrar las aguas residuales tratadas y a ejercer la prestación “parcial o total” del servicio público. En la capital del país durante febrero y marzo se han registrado al menos ocho bloqueos de vialidades, encabezados por vecinos que demandan una solución al desabasto del líquido; el más reciente, el fin de semana pasado, terminó en un enfrentamiento con granaderos, que dejó varios heridos.

De acuerdo con cifras de investigadores, en la capital del país un millón 600 mil personas (20% de la población) no tiene acceso al agua de manera regular. Mientras, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz son las entidades con el menor porcentaje de acceso al agua entubada.

La problemática es nacional y corre el riesgo de agravarse si continúa atorada la aprobación de una Ley General de Aguas. La propuesta inicial, ya hace casi tres años de ella, fue duramente cuestionada por su presunto carácter privatizador. En este tiempo aún no se alcanza el consenso para tener una nueva iniciativa.

Hasta ahora el acceso al agua en el país se da de manera desigual. En unas regiones el recurso es abundante, pero en otras es escaso. En unas zonas hay derroche y en otras la poca agua que se recibe es el bien más preciado de las familias.

La propuesta que se presente debe establecer, al menos, que el acceso al agua es un derecho humano, contener medidas de respeto al ambiente, impulsar la cultura del ahorro y de la reutilización. Se está a tiempo de evitar una crisis y de proteger la riqueza hidráulica. No nos lamentemos más adelante.