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No hay instancia electoral más alta en el país que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En las manos de los magistrados está, por ejemplo, anular comicios en caso de haberse cometido faltas graves a la equidad en una contienda. Nadie quiere ver repetida la confrontación posterior al proceso de 2006, cuando las instituciones del país quedaron paralizadas ante la incapacidad de sus instituciones de resolver el asunto sin mancha de dudas.
La elección ayer de los nuevos integrantes de la primera sala del Tribunal será crucial en la resolución de eventuales diferendos en los procesos electorales en puerta en 2017 y 2018. La guerra entre fuerzas políticas parece que será encarnizada y no podemos darnos el lujo de tener a meros títeres de las estructuras dominantes en el asiento del gran juez electoral.
Por esta razón, que exista equilibrio ideológico en dicha sala y que sus integrantes actúen con plena libertad y autonomía serán determinantes para la estabilidad nacional futura y para la salud de nuestro sistema democrático en general. En juego está la credibilidad y legitimidad del sistema democrático mexicano.
Hay señales de alerta. Varios de los nuevos magistrados han sido electos, se puede presumir, por nexos políticos con distintos personajes de la política mexicana. Interpretaciones aparte, el solo método de selección —por cuotas de partido— limita el perfil de los seleccionados de manera irremediable.
Por desgracia, en un sistema como el mexicano los legisladores siguen sin ser capaces —o prefieren no hacerlo— de instaurar una fórmula que garantice tanto la solidez técnica de los designados como su objetividad. Es un síntoma que también afecta al Instituto Nacional Electoral (INE) cada vez que se renueva su consejo general; la “pureza política” de los que llegan a estos altos cargos sigue siendo una utopía.
Desde el origen la selección de los candidatos por parte de la Suprema Corte de Justicia ya era dudosa. Al menos una tercera parte de los aspirantes carecía de cualquier experiencia electoral; los ministros se empeñaron en mantener al Tribunal alejado de un ala académica que le ha otorgado al Poder Judicial un sentido social a veces perdido.
Únicamente si los nuevos magistrados se exorcizan de cualquier cuota partidista a la hora de sus resoluciones, independientemente de sus naturales y válidas inclinaciones políticas, lograrán que las próximas elecciones locales y la presidencial de 2018 terminen en paz y sin polarizaciones como la vivida tras el proceso de 2006. Y sólo podrán conseguirlo si se muestran duros ante las presiones cuando los partidos políticos quieran impunidad. ¿Lo harán? Está por verse.
