La destrucción del manglar Tajamar, en Cancún, ha despertado un interés ciudadano pocas veces visto en un tema ambiental. Demasiado tarde, dirán algunos, porque la zona devastada estaba de por sí aislada de otros humedales gracias al desarrollo inmobiliario de las últimas décadas en ese destino turístico. Aun así, el daño debe servir para salvar la gran riqueza natural que todavía queda al país.
México es el quinto país con la mayor extensión de manglares en el mundo. Este tipo de ecosistemas se encuentran en zonas costeras, en áreas limítrofes con la tierra, y proveen de muchos servicios:
Albergan las zonas de reproducción de la mayor parte de la pesca comercial; contribuyen con nutrimentos a los organismos que viven en las zonas costeras, donde, según la FAO, se realiza 80% de la captura mundial de peces marinos; mantienen los mantos acuíferos en las costas y evitan el azolvamiento de los arrecifes coralinos; además, amortiguan el impacto físico del oleaje producido por huracanes y tsunamis.
En 2010 se realizó un monitoreo de este ecosistema en México, lo cual arrojó que existen 764 mil 486 hectáreas de manglar en el país, es decir, una disminución de 9 mil 604 hectáreas respecto de 2005. Por las noticias recientes, y muchas otras que no se han conocido, cabe suponer que el corte de caja en este 2016 es aun más desolador.
“Nosotros no lo aprobamos (lo ocurrido en Tajamar), incluso un proyecto de estas características no lo hubiéramos autorizado nunca. Simple y sencillamente tienen una autorización vigente y legal y lo único que podemos hacer es respetarla”, dijo ayer Rafael Pacchiano, titular de la Semarnat.
El ex presidente Felipe Calderón deslindó también a su gobierno de la decisión. Reiteró que el permiso se otorgó durante la administración de su antecesor, Vicente Fox, y que de hecho fue iniciativa calderonista la prohibición de destruir manglar a partir del año 2007.
La discusión continuará en próximos días. El hecho incontrovertible es que los terrenos son propiedad de particulares y así permanecerán a menos que el Estado decida expropiarlos. ¿Lo más conveniente para el interés público es llegar a ese punto? En lugar de lanzar las culpas o expresar resignación, las autoridades tendrían que responder a este pregunta o aprovechar para presentar un plan de conservación de los manglares.
El único freno a la voracidad del desarrollo urbano debe ser el cumplimiento de la regulación de una industria turística cada vez más voraz y con frecuencia poco respetuosa del medio ambiente. Una vez más el Estado se muestra débil ante el poder económico.
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