Es medianoche. Hay 148 camiones haciendo fila para que les rellenen sus bidones con gasolina. Están ordenadamente estacionados en las calles aledañas. Todos saben su lugar, lo respetan, se suceden en una coreografía perfecta.

Aquello funciona con tal eficiencia que podría ser la línea de distribución de Bimbo o Coca-Cola. Parece una terminal de Pemex. Pero no. Es un caserío al lado de la carretera Puebla-Orizaba donde los huachicoleros perforaron un ducto y sus transportes están formados para cargar el producto robado y llevarlo a donde les digan: gasolineras, empresas transportistas, grandes consumidores. Para fortuna de los pocos habitantes del caserío no hubo una chispa que los habría calcinado a todos.

La escena fue captada por un dron del gobierno federal mexicano y es hoy la prueba más contundente del tamaño de las organizaciones criminales dedicadas al robo de combustible. Por fin se han alineado los esfuerzos de Hacienda, Pemex, PGR, Ejército, Marina, Gobernación, Energía. Ya definieron una estrategia.

Esta operación criminal sucede en el ducto “Minatitlán-México”, el más vulnerable: del combustible robado a nivel nacional, ahí desaparece 34%, la inmensa mayoría en el llamado Triángulo Rojo que conforman los municipios poblanos de Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco, Acatzingo y Tepeaca.

Los trabajos de inteligencia del gobierno, a los que tuve acceso, dedujeron que la geografía y las leyes de la física son las razones. En su ruta a la Ciudad de México, el combustible cae por un ducto desde Minatitlán, Veracruz, a una altura aproximada de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar. Al llegar al Triángulo Rojo, el ducto ha ido descendiendo como 400 metros, para luego subir y llegar a la capital del país, en una especie de columpio. Los huachicoleros encontraron una aliada en la fuerza de gravedad porque aunque Pemex cierre el ducto, la gasolina que ya estaba en el tubo sigue bajando, no se queda atorada y puede seguir robándose.

Me relatan estas fuentes que hay una parte del negocio ilegal que está explicado también por métodos mucho menos sofisticados, por gente de las comunidades que ha llegado a cortar los ductos hasta con seguetas, con serruchos, generando literalmente albercas de combustible hasta donde llegan mujeres, niños, con sus cubetas para recogerlo y revenderlo.

Las autoridades han detectado que a veces las propias organizaciones criminales crean estas albercas y cobran 500 pesos a los pobladores para dejarlos pasar con sus cubetas y tambos de basura para recolectar el producto. Muchísimos pagan con tal de sacar unos 300 pesos extras para la familia. ¿Se imagina un chispazo ahí? Serían decenas de víctimas fatales.

Las propias autoridades no descartan que personal de Pemex y del sindicato puedan estar involucrados en este negocio. Pero de saque quieren interrumpir el mercado negro y por eso han puesto el ojo en las gasolineras que de pronto dejaron de comprar gasolina a Pemex, pero siguen vendiendo lo mismo de antes.

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