¿Quién va a cargar con los muertos?

Hace cuatro años y medio, cuando apenas iniciaba la administración Peña Nieto, presenté nueve tesis sobre el impacto político de la violencia (http://bit.ly/2s5lKwl). Vistas en conjunto y a la distancia, me parece que no andaba tan errado. Pero también es cierto que el argumento amerita una revisión. Van por tanto siete nuevas tesis sobre el impacto político de la violencia:

1. El costo político de la violencia criminal resultó mayor para el presidente Enrique Peña Nieto que para su antecesor. Felipe Calderón tenía algo de espacio. Podía alegar que la violencia era inevitable. Podía enfatizar otras métricas, como el desmantelamiento de grupos criminales. Peña Nieto, en cambio, se encajonó desde el primer día. Afirmó, como candidato y como presidente, que su objetivo era la reducción de homicidios, secuestros y extorsiones. Por decisión propia, esa se volvió la métrica del sexenio. Así nos dijo que lo midiéramos y así lo estamos midiendo.

2. La decisión de atribuir la violencia a la gestión y política del gobierno anterior acabó siendo un búmeran. Al achacar el alza en los homicidios a las deficiencias (reales o supuestas) de la administración calderonista, el actual equipo gobernante sentó un precedente del que ya no puede escapar. Si la violencia era culpa del gobierno con Calderón, es culpa del gobierno con Peña Nieto.

3. Ese efecto se magnifica por la evolución de los homicidios desde 2012. Peña Nieto llega al poder cuando la curva está en fase descendente. Se mantiene en esa trayectoria hasta finales de 2014. Allí cambia la tendencia, pero el crecimiento no se acelera sino hasta 2016. Con cuatro años de distancia y con una historia de sube y baja, no es muy creíble presentar el fenómeno como un problema heredado.

4. A últimas fechas, los responsables de la política de seguridad han recurrido al expediente calderonista de culpar a los gobiernos estatales por la crisis de violencia. Y sí, sin duda hay mucha irresponsabilidad y negligencia en el ámbito estatal. Pero ese es el tipo de problema que una administración priísta debería de poder resolver. Al fin y al cabo, todo era, supuestamente, un asunto de “coordinación” que se arreglaba con “talento político”. En consecuencia, aventar la pelota a los gobernadores sirve mucho menos como excusa que hace seis años.

5. Ante la insuficiencia de otras explicaciones, culpar por el incremento de la violencia al nuevo sistema de justicia penal se ha vuelto la maniobra de cajón del gobierno federal (y algunos estatales). De nuevo, no es una teoría descabellada, pero no le sirve de escapatoria al equipo gobernante. Al fin y al cabo, se tuvieron ocho años para preparar la transición e iniciar la transformación de procuradurías y policías. Si no se hizo, el principal responsable es el propio gobierno. No hay otra manera de verlo.

6. En el gobierno, todos pagan el costo político de la violencia, pero nadie paga tanto como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Él quiso concentrar la responsabilidad por la política de seguridad. Él se colgó las medallas por la disminución de los homicidios entre 2012 y 2014. En consecuencia, inevitablemente, él va a cargar ahora con la culpa principal por los números de horror.

7. En resumen, hoy como hace cuatro años, la pregunta no es si la violencia va a desgastar al gobierno de Peña Nieto, sino cuánto más y qué tan rápido. De la respuesta a esa pregunta, probablemente depende buena parte del futuro político del país.

alejandrohope@outlook.com. @ahope71