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Algo se rompió en San Luis Potosí. En marzo pasado, en Ciudad Valles, unos sujetos desconocidos rociaron con gasolina e incendiaron dos tiendas y las oficinas del Juzgado Tercero de lo Penal. Un día antes habían aparecido por todo el municipio cartulinas firmadas por el Cártel del Golfo y dirigidas presuntamente al presidente municipal, con el siguiente mensaje: “A la otra no te vamos a quemar los carros, te vamos a quemar la Presidencia”.
En agosto, en la capital del estado, cuatro individuos irrumpieron en una discoteca conocida como La O y arrojaron bombas molotov. Por fortuna, el local estaba vacío, salvo por un cuidador, que milagrosamente salió ileso del evento. El local, sin embargo, acabó destruido.
Unos días antes, un vendedor de autos usados fue asesinado dentro de su negocio de la capital potosina. A mediados de noviembre, unos pistoleros ultimaron a dos hombres en un taller mecánico en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Ni siquiera los agentes del orden están seguros. Hace un par de semanas, en la misma localidad, un policía municipal fue abatido a balazos. La semana pasada, una comandancia de policía en el municipio de Moctezuma fue asaltada por un grupo de hombres armados, quienes amagaron, amarraron y les quitaron sus pertenencias a siete agentes de la corporación municipal.
Estas son apenas algunas estampas de la oleada de violencia que ha vivido San Luis Potosí en los últimos meses. Entre enero y octubre fueron asesinadas 270 personas en el estado, 32% más que en el mismo periodo de 2015. Octubre, de hecho, fue probablemente el mes más violento en la entidad desde finales de 2012: 48 personas fueron ultimadas, un total dos veces mayor al del mismo mes del año previo.
La violencia no ha alcanzado aún los niveles de 2011 y 2012, cuando el estado estaba inmerso en la guerra entre Zetas y Golfos, y cuando el jefe zeta local, Iván Velásquez, alias El Talibán, protagonizó una revuelta contra Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, líder máximo de la última letra.
No obstante, la situación no está para celebrar. El crimen organizado nunca se fue de tierras potosinas. En agosto fue detenido en el municipio de Charcas José Luis González Moreno, alias El Boss, cabecilla del Cártel del Noreste, una banda surgida de la fragmentación de Los Zetas. A finales de octubre aparecieron en la capital potosina narcomantas firmadas por ese grupo criminal, amenazando al secretario de Seguridad Pública estatal y a varios jefes policiacos.
Y no solamente es un problema de delincuencia organizada. Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), San Luis Potosí es uno de los diez estados más inseguros del país para el transporte de mercancías. Según la última Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), publicada por el Inegi, la percepción de inseguridad en la capital del estado es mayor a la de Ciudad Juárez y Tijuana. Recientemente la Arquidiócesis de San Luis Potosí describió la situación de inseguridad en el estado como “una calamidad”.
Ante este panorama, la reacción de las autoridades ha sido algo menos que vigorosa. El alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, afirmó que la inseguridad, en “definitivo, todavía no se sale de control” (nótese el uso de la palabra “todavía”). Por su parte, el procurador del estado, Federico Garza Herrera, pidió “no caer en la psicosis”. Por último, el gobernador Juan Manuel Carreras señaló que “se continuará realizando el trabajo como ha sido hasta ahora” y descartó cualquier cambio en su equipo de seguridad.
Dicho de otro modo, el diablo anda suelto en San Luis Potosí y nadie parece tener ganas de ejecutar un exorcismo.
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@ahope71
