En el punto nodal del arreglo se eleva de 55 a 62 años la edad mínima para el retiro, alcanzando a trabajadores que estaban en la frontera de presentar su solicitud, lo que implica vulnerar derechos adquiridos.

Bajo el marco revisado los trabajadores se podían jubilar al cumplir dos requisitos: alcanzar 25 años de labores y 55 de edad.

En el nuevo horizonte la percepción que recibirán los trabajadores sería el equivalente al promedio salarial de los últimos cinco años.

La aportación al fondo respectivo se eleva a 11% del salario-base.

La exigencia del cambio la abrió el nuevo status de la petrolera de empresa paraestatal a productiva de Estado, en el marco de la reforma energética.

De acuerdo al compromiso plasmado en ley, el gobierno se obligaría a aportar un peso por cada uno que le baje la empresa al colosal fardo que enfrenta en materia de reservas para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados bajo el marco reformado.

Este se ubicaba en un billón 474 mil pesos… más lo acumulado en lo que va del año, dado que la cuenta se cerró el último día del 2014. El monto equivale a 6.3% del Producto Interno Bruto.

El alud ha crecido 371% en 12 años, considerando que el nivel alcanzado en el 2013 era de solo 312 mil 919 millones.

En el periodo el número de pensionados creció en 55.1% vía una agresiva política de la empresa por adelantar jubilaciones, cuyas plazas a partir del año pasado se han quedado congeladas.

Aún así la plantilla ha crecido en 9.1%.

Hasta el año pasado el número de jubilados llegaba a 86 mil 304, es decir casi el 80% de la nómina de activos calculada en 128 mil… sin contar con los que a su muerte legaron pensiones a sus familiares directos, cuyo número es de 19 mil.

La posibilidad de arreglo tenía un plazo que se venció en junio pasado, ante la urgencia de que se empatara el nuevo marco con la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

Los aplazamientos habían aumentado la tensión entre trabajadores sindicalizados y de confianza.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, entre éste y el 2020 Pemex debe destinar entre 54 y 88 mil millones de pesos para cubrir las pensiones, con una tasa de crecimiento anual de 2.7%.

La negociación apuntaba a cancelar prestaciones a jubilados, como ayuda para gasolina, gas y canasta básica.

El acuerdo llega justo cuando el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), está recomendando a México una revisión integral del sistema de pensiones privado para evitar un fiasco al no acumularse los recursos suficientes para garantizar el monto de pensión esperado.

Habrá que aguardar el paquete completo.

Balance general. Aunque se logró incrementar en el equivalente a 15% de los ingresos de los causantes la posibilidad de deducciones y un jaloncito más en el monto de facturación de las empresas que pueden hacer lo propio en inversiones, la mayoría de las propuestas que habían sido planteadas por la cúpula empresarial para aflojar la pinza de la reforma fiscal, fueron desechadas por el Senado.

El paquete hablaba de incrementar la posibilidad de deducción en gastos de restaurantes; en gastos preliminares para preparar extracciones mineras; en materia de inversiones con etiqueta de ahorro…

En el propio capítulo se insistía en devolver al 100% la posibilidad de deducción de las prestaciones extraordinarias otorgadas a los trabajadores, como ayuda de renta, de transporte, de capacitación, de alimentación…

En paralelo, se cabildeaba la opción de aumentar el valor de los vehículos en materia de deducciones, hasta 245 mil pesos.

ICA cruje. Golpeada severamente por la cancelación del contrato para la construcción del acueducto Monterrey VI, la constructora ICA se encuentra en problemas.

Mientras se cae la cotización de sus acciones su monto de endeudamiento crece.

La firma encabezada por Bernardo Quintana acaba de contratar como asesor financiero al despacho Rothschild México, cuya tarea será buscar alternativas para abatir la deuda.

ICA tenía amarrada una alianza con la constructora Higa para el colosal acueducto de Veracruz a Nuevo León, que se mantiene en la búsqueda de contratos para la construcción del nuevo aeropuerto.

Espionaje en salud. En la pelea por los contratos de la megalicitación de compra consolidada de medicinas para el sector salud, se han colocado en el sitio de internet Youtube ocho audios en que se involucra a empresas como Marzam, Maypo, Gripola y Savi, en cuyo escenario se teje una presunta historia de corrupción.

En el balconeo aparece Jorge Escalona Theurel, ex funcionario de Maypo, ex director de Savi Distribuidora y actual asesor de esta firma, aun cuando se le ubica como ejecutivo de Vitasanitas.

Los diálogos plantean una presunta simulación para que la Casa Marzam, cuya propiedad mayoritaria acaba de vender Genomma Lab, tome la estafeta de Savi.

Como usted sabe, esta empresa fue inhabilitada por el órgano de control interno del IMSS para participar en licitaciones públicas por 10 años.

En relación al asunto, la empresa distribuidora señala que los audios fueron sacados de contexto; que no tiene ninguna intención de participar en la megalicitación, aunque está en la pelea jurídica para revertir la inhabilitación, dado que la responsabilidad de colocar un registro falso en uno de los fármacos licitados fue del laboratorio que lo producía, es decir Zurich Pharma.

Savi señala que hace dos años creó una empresa de nombre Alianta quien participa en distribución de medicamentos hacia el sector privado, ofreciendo, además, una gama de servicios que oscilan desde mantenimiento de infraestructura hasta la posibilidad de equipos.

De acuerdo a uno de los socios de la firma, Francisco Villela Ortega, la inhabilitación a la empresa no se hace extensiva a los socios.

La compañía presentó ayer una denuncia por espionaje ante la Procuraduría General de la República.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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