Azúcar, vereda del TLCAN

Aunque el país fue colocado de espaldas al callejón al trocar la cancelación de un procedimiento por supuestas prácticas desleales en su modalidad de dumping, resultó patética la docilidad con que se aceptaron las condiciones de la contraparte.

La industria exigía un toma y daca vía la imposición de aranceles o impuestos de importación a las exportaciones estadounidenses de alta fructosa derivada de jarabe de maíz.

La reducción de 53% a 30% de azúcar refinada coloca al país en la antesala de un conflicto social ante la disminución de la ganancia para los productores de caña, cuyo costo por tonelada está indexado al precio al que se vende el producto final.

La paradoja del caso es que la Coalición Estadounidense del Azúcar había obstaculizado la firma del convenio en presión para que la cuota se redujera a la mitad, es decir, 15% de refinada.

En 2001 la justificación del gobierno foxista frente a la expropiación frustrada en su mayoría, de cuatro grupos azucareros con múltiples deudas era, justo, cerrarle la puerta a un conflicto social ante el reclamo anual de los cañeros, marchas plantones y demás al calce, porque se les pagara lo justo por la materia prima.

La industria azucarera, ubicada como uno de los sectores “sensibles” de la economía, genera 930 mil empleos directos y aproximadamente 2.2 millones de indirectos.

Su producción aporta 0.4% del Producto Interno Bruto, alcanzando en otras vertientes 11.6% del PIB primario y 2.5% del secundario.

Bajo el acuerdo firmado por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilber Ross, y el subsecretario de Comercio Internacional de Economía, Juan Carlos Baker Pineda, baja la polaridad o pureza del azúcar mexicana del 99.8 al 99.6, reduciéndose su costo de 22.1 centavos la libra a 21.

La refinada, en cambio, salta de 26 a 28.

El callejón se estrechó para nuestro país en octubre de 2014 cuando se aceptó en principio un acuerdo sobre importaciones a cambio de suspender una investigación sobre supuestos subsidios que según ello otorgaba el gobierno a los ingenios expropiados al Grupo Azucarero Escorpión que mantenía en su poder, con apoyo de los cuales se podía alcanzar un precio más bajo para el producto.

El procedimiento derivó en la imposición de aranceles o impuestos de importación extraordinarios que oscilaban de 2.99% a 17.1% sobre el precio ad valorem del azúcar.

El pacto acotaba las posibilidades de ingresar al mercado estadounidense vía una cuota, desde luego reduciendo la calidad del dulce.

El caso es que en noviembre del año pasado el acuerdo estalló a presión de empresas de Estados Unidos acusando de incumplimiento a México en la proporción de azúcar de primera y segunda clase.

Hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había aplaudido el acuerdo, aduciendo que los términos anteriores habían “perjudicado bastante” a su país.

El problema, decíamos, es que el marco sea la pauta para la renegociación del TLCAN, bajo el principio pautado de elevar el contenido regional de los productos de exportación en la zona.

Algo así como multiplicar al infinito el escenario en que México le vende petróleo crudo al país del norte y le compra gasolinas.

Balance general.

A contrapelo del incumplimiento de un contrato millonario de obra para la refinería de Salamanca, la constructora brasileña Odebrecht le está reclamando a Petróleos Mexicanos un pago adicional de 16 millones 685 mil dólares, unos 300 millones, traducida la cifra a pesos.

El monto es equivalente a 20% del contrato original firmado el 24 de noviembre de 2014 cuyo monto alcanzaba 85 millones 251 dólares, o si lo prefiere, mil 814 millones de pesos.

El documento apuntaba a la conversión de aguas residuales en el complejo, asignándose en forma directa a la constructora Norberto Odebrecht, llevando como socios a dos filiales del grupo ICA y a la multinacional Fluor Corporation.

De acuerdo con éste, la obra debió concluirse el 18 de noviembre del 2015, fecha en que se llevaba apenas 23%.

Sin embargo, de acuerdo con documentos de la Auditoria Superior de la Federación en poder de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Pemex amplió 130 días el plazo de espera.

El caso es que en marzo del año pasado la obra se suspendió. La razón de acuerdo a un informe de la empresa productiva del Estado a la Bolsa, fue “por falta de recursos”.

El propio Pemex aseguraba que estaba buscando un socio para darle continuidad al proyecto.

La paradoja del caso es que Odebrecht califica su reclamo como preliminar, es decir podría engordar más.

Primero de la tarde.

Finalmente cayó en manos de la justicia el primer presidente municipal ligado a los llamados huachicoleros, es decir saqueadores de ductos de Petróleos Mexicanos. Se trata de Pablo Morales, edil de Palmar de Bravo, Puebla.

Lo interesante del asunto es que éste llegó al cargo por el Partido Social de Integración, una instancia política de la entidad federativa que apuntaló la elección del actual gobernador, Antonio Galí.

La detención del funcionario se dio en la propia presidencia municipal. El edil capturado es uno de los empresarios gasolineros más importantes de la región, en un escenario en que, en sociedad con sus hermanos, posee varias estaciones de abasto, dos de las cuales se abrieron en la administración de Rafael Moreno Valle.

El municipio es considerado epicentro del robo de hidrocarburos de ductos de Pemex.

Hora cero.

Iniciada el martes la discusión al interior de la Corte sobre la viabilidad de un amparo solicitado por América Móvil contra una disposición que la obliga a no cobrar por la interconexión de llamadas entrantes de la competencia, dada su calidad de preponderante, los ministros desecharon tres de seis solicitudes en la mesa en el prólogo para entrar a fondo, aunque hubo amago de darle la razón sin más a la quejosa.

La punta de lanza del alegato de la firma estelar del magante Carlos Slim es lo que califica como inconstitucionalidad del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones en que se fijan regulaciones asimétricas para preponderantes.

El legislativo, pues, realizó una tarea que le correspondía al Instituto Federal de Telecomunicaciones quien tiene etiqueta de autónomo.

En el callejón, de otorgarse el amparo a América Móvil, se desataría el griterío de la competencia, alegando que las tarifas al público se elevarían, pero del otro lado de la moneda se reforzaría la autonomía del Ifetel.

El volado coloca en juego 10 mil millones de pesos anuales hacia las arcas de Teléfonos de México y Telcel.

albertobarrancochavarria0@gmail.com