Ley del embudo en TLCAN

La añoranza, con perfil de recriminación, habla de que en 1994, al arranque del acuerdo mercantil, la balanza bilateral tenía un superávit a su favor de mil 300 millones de dólares… que 23 años después se trocó en déficit de 64 mil millones.

Bajo la pauta, el documento de 17 cuartillas firmado por el representante comercial, Robert Lighthizer y dirigido al Congreso bajo la regla de 30 días antes de la apertura de la mesa de negociaciones, plantea eliminar el Capítulo XIX del TLCAN original, enfocado a la solución de controversias.

Estamos hablando de la posibilidad de instalar paneles con representantes de uno y otros países además de un neutral, para atender reclamos que escalan desde prácticas desleales hasta incumplimiento de compromisos pactados.

Sin embargo, la Casa Blanca deja a salvo la posibilidad, prevista en las reglas de la Organización Mundial de Comercio, de colocar salvaguardias, es decir, aplicar impuestos de ingreso cuando una rama productiva está en riesgo por exportaciones de los países contraparte.

En la ruta se plantea la eliminación de cualquier restricción al comercio agrícola, justo la rama exportadora estadounidense que más ha crecido de cara al acuerdo mercantil.

Más aún, se aduce la posibilidad de instalar una suerte de árbitros para resolver de inmediato cualquier controversia en el tema fitosanitario.

¿Se acuerda cuando México le cerró la frontera a las exportaciones de papa de la nación de allende de Bravo por evidencia de contagio de plagas?

Como en la administración Clinton, que obligó a pactar acuerdos complementarios o suplementarios a la negociación firmada por su antecesor, se plantea incluir capítulos relativos al medio ambiente y al escenario laboral, en evidente intención de colocarle zancadillas al país por las asimetrías salariales y la laxitud en el combate a la polución.

En el camino se plantea obligar a las empresas que incursionan en la región a implantar un sistema contable transparente que permita, en su caso, detectar existencia de prácticas corruptas, por ejemplo sobornos.

El texto insiste una y otra vez en que el TLCAN es responsable del cierre de empresas y factorías de Estados Unidos, colocando el énfasis en “la fuga de empleos” a México, en cuyo marco se plantea modificar el capítulo de reglas de origen para incrementar el contenido regional en las exportaciones.

La sentencia es clara: “Romperemos las barreras y daremos nuevas oportunidades a la manufactura estadounidense”.

El documento habla de reforzar el capítulo de propiedad intelectual; de combatir subsidios y aún de prohibir la manipulación del tipo de cambio por parte de los gobiernos, es decir devaluar en falso para adquirir ventajas competitivas.

Hasta hoy los únicos países que han sido señalados por ese tipo de prácticas son China y Brasil.

Adicionalmente, el pliego petitorio habla de abrir el mercado de telecomunicaciones y de incluir el de energía.

Los únicos puntos que podrían frenar la incertidumbre es que ya no se insiste en la imposición de aranceles unilaterales para castigar a empresas que salieron del país, además de mantener la posibilidad de cuotas y cupos para equilibrar exportaciones.

La primera ronda de negociación está prevista para iniciar el 16 de agosto y terminar el 20.

La ley del embudo.

Balance general.

Finalmente, tras la publicación el jueves pasado en este espacio de la denuncia correspondiente (“Maravilla quirúrgica en desuso”), el quirófano híbrido de la torre quirúrgica del Hospital General Dr. Eduardo Liceaga se reabrió a los pacientes por la acción del Patronato.

La aportación privada fue de 400 mil pesos.

El recurso permitió darle mantenimiento correctivo a la estación de energía que alimenta los equipos de cómputo de la sala para el manejo de tomografías, placas de rayos X, ultrasonidos, endoscopia, entre otros.

El problema era sustituir 86 baterías.

Como le contamos, el quirófano hibrido, único en México, tenía tres meses sin uso por falta de recursos del gobierno federal.

El Hospital General, en posibilidad de atención a mil pacientes día a día, está sectorizado en la Secretaría de Salud.

Encabezado por Ramón Neme, el patronato logró anteriormente rescatar de la quiebra técnica al nosocomio con una aportación de 27 millones de pesos, además de acceso a recursos por 143 millones para equipos médicos de alta tecnología instalados en las torres de patología genética y medicina química.

En paralelo, se instaló una ludoteca para pacientes pediátricos con una inversión de 2.8 millones, así como un albergue de 162 espacios para parientes de enfermos que llegan del interior del país.

El hospital tenía deudas acumuladas por proyectos arquitectónicos.

Pifia de AT&T.

En el insólito de la temporada, hete aquí que la firma estadounidense AT&T le entregó un informe sobre inversiones en infraestructura al Instituto Federal de Telecomunicaciones pautado en dólares, que éste interpretó como pesos.

Los datos correspondían a lo previsto para el 2015 y 2016.

Según ello el Ifetel pidió ratificar los números y la empresa insistió en que eran correctos.

Naturalmente, el salto es colosal. Si en las cifras del año pasado, por ejemplo, se hablaba de 915 millones 994 mil pesos, hoy se plantean 15 mil 755 millones.

La firma ha invertido en total 88 mil 79 millones de pesos.

Negocio redondo.

Desde hace unos meses están entrando masivamente al país toneladas de huevo procedentes de Estados Unidos con un precio promedio de 10 pesos el kilo, por más que los mayoristas lo venden al público entre 15 y 16.

La competencia se vuelve misión imposible, dado que según los avicultores el precio de producción en el país es de 19 pesos.

La nación del norte tuvo un crecimiento explosivo en su producción lo que lo llevó a una sobreoferta, en cuyo marco se abarató el costo.

El caso es que la mayoría de huevo que se exporta es de tamaño inferior al normal, lo que en Estados Unidos obliga a evitar su comercialización para consumo humano.

Palabras al viento.

Al impacto del asesinato artero del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, la Conferencia Nacional de Gobernadores habló de “redoblar” las medidas de protección a periodistas en ejercicio de la libertad de expresión.

El caso es que, de acuerdo con un recuento de la Fundación Fernando Mora Gómez, 23 entidades federativas no cuentan con una fiscalía o unidad especializada para atención de delitos contra periodistas.

Estamos hablando, por ejemplo, del Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Morelia, Puebla y Tamaulipas.

En Chihuahua, donde se asesinó a su vez a otra corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, apenas se está creando una Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos, con una unidad anexa para casos de periodistas.