Laboral en agenda del TLCAN

La punta de lanza obligaría al país a ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe contratos de protección y obstáculos a la libertad de afiliación de los trabajadores a los sindicatos.

Aunque la alternativa se había plasmado en la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica con dedicatoria a Vietnam, México la había soslayado a presión de los organismos empresariales.

El país asiático apuntala su producción de maquila en la explotación laboral, ante la ausencia de sindicatos.

Plasmado en 1949 como Convenio de Sindicalización y Negociación Colectiva, en sus puntos nodales éste exige que los trabajadores gocen de protección adecuada contra todo acto de discriminación tendiente a coartar la libertad sindical en relación con su empleo.

En la ruta se prohíben los llamados “contratos de protección” de sindicatos blancos que aceptan atenuar el peso de los contratos laborales para favorecer la causa patronal a cambio de mordidas.

Aunque en el país el sindicalismo combativo se acabó con el Sindicato Mexicano de Electricistas, las centrales obreras que se mantienen vivas por más que menguadas, le colocan a los trabajadores disidentes una catarata de obstáculos para cambiar de representación.

La inmensa mayoría de empresas maquiladoras instaladas en el país carecen de sindicatos, al igual que las armadoras de automóviles de reciente llegada. Ninguna de las firmas outsourcing o tercerías existentes tiene en sus entrañas la posibilidad de sindicalizarse, lo que abre la puerta a una y otra violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

Negociado el TLCAN por la administración republicana, encabezada por George Bush hijo, al arribo de los demócratas, es decir William Clinton, se exigió incluir el tema, lográndose que no se reabriera la negociación para colocar éste y el tema ambiental en el marco de los llamados acuerdos complementarios o suplementarios.

La bandera hablaba de justicia laboral.

Textualmente se planteaba el compromiso de los países en concierto para garantizar la aplicación efectiva de sus leyes laborales internas, tanto actuales como futuras, sin intervenir en el funcionamiento de los diferentes sistemas nacionales.

El texto hablaba de “mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida, además de proteger, fortalecer y hacer valer los derechos básicos de los trabajadores”.

La pauta se apuntaló con la creación de una Oficina Administrativa Nacional en cada país que ventilara las violaciones mediante audiencias no judiciales.

Si las partes no estaban satisfechas con el dictamen o resolución existía la posibilidad de elevar el caso a un Comité Evaluador de Expertos o en su caso a paneles de arbitraje independientes.

En los primeros 10 años sólo se presentaron 28 casos. Uno de ellos por parte del Sindicato Unido de Metalúrgicos de América en contra de México, que se cerró cuando el gobierno canadiense se dio por satisfecho de la “libertad sindical” del país.

Otro apuntaba al incumplimiento de leyes en materia de libertad de asociación y seguridad e higiene en la maquiladora Itapsa instalada en Los Reyes, Estado de México.

Regresa el jaque a la mesa.

Balance general.

Aunque el estruendo habla de inversiones multimillonarias a la vera de la adjudicación de contratos para exploración y explotación de campos petroleros, lo cierto es que una parte de los recursos que están invirtiendo las firmas ganadoras provienen de colocaciones de papeles de deuda financiados en su mayoría por el ahorro de los trabajadores en vías de retiro.

El punto nodal son los Certificados de Capital de Desarrollo conocidos como CKD.

De acuerdo con un recuento de la Bolsa Mexicana de Valores, la suma total alcanza 12 mil 132 millones de pesos.

Los fondos que recibieron los recursos son Mexico Infraestructure Partners, Balam Fund, Thermion Energy, Navix, Axis Asset Management y Managment Company.

La ruta habla de proyectos de servicios petroleros, adquisición y operación de embarcaciones, además de transporte de gas natural.

La apuesta apunta a un mayor rendimiento pero también a un riesgo más alto.

Una de las primeras firmas que entró al esquema fue Oro Negro, cuyos socios se truenan los dedos para pagar los recursos obtenidos.

Turbio panorama.

De acuerdo a la consultora internacional Mercer, con base a la actual Ley del Seguro Social un trabajador en vías de retiro solo tendría opción de obtener una pensión equivalente a 30% de su ultimo salario.

La firma insiste en que el escenario se le clarifique a los que aguardan fila a fin de que tomen providencias… vía el ahorro voluntario.

Mercer acaba de publicar un documento denominado Ideas audaces para solucionar la brecha existente en el ahorro a largo plazo, en el que detalla vías para estirar la liga enfocada hacía quienes no tienen la preparación adecuada para realizar operaciones financieras.

Crece Kuo.

Apoyado en su negocio porcícola que ha alcanzado un gran dinamismo en el terreno de exportación, el Grupo Kuo logró en el segundo trimestre del año un crecimiento de 20% en sus ventas y de .40 en el flujo operativo.

En el primer caso el monto alcanzado fue de 9 mil 767 millones de pesos; en el segundo de mil 307.

La firma exporta e importa también hule sintético.

Kuo acaba de emitir bonos de deuda en los mercados internacionales por 450 millones de dólares.

Atún aleta azul.

Colocado como manzana de la discordia para una acción proteccionista de Estados Unidos que derivó en un largo embargo al atún mexicano a pretexto de que la pesca se realizaba en condiciones salvajes, al matarse a palos los delfines que se colaban en las redes de los bancos de la especie, la empresa Baya Aqua Farm acaba de diseñar una tecnología para el cultivo y conservación del atún aleta azul.

El esquema implica la reducción de cuotas de captura y un proceso de engorda a largo plazo.

La tecnología fue mostrada recientemente al Instituto Nacional de Pesca y a la Comisión Nacional de Pesca, en paralelo a la Comisión Internacional del Atún Tropical y la Administración Oceánica y Atmosférica.

Siempre no.

Anunciada una alianza con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles por la firma outsourcing o tercería GINgroup, el organismo aduce que para concretar un escenario de esa naturaleza se requiere el visto bueno del Consejo Directivo, lo cual no se ha dado.

La firma proveyó personal a la Asociación durante su Congreso celebrado en Acapulco en junio pasado.