La Casa Blanca ha colocado dos cartas en la mesa: Mantener los cupos, es decir, cantidades máximas del dulce sin arancel, a cambio de entregarlo semirefinado, o abrir la frontera libre bajo la imposición de impuestos de importación.

Lo tomas o lo dejas.

En el primer caso la intención es colocar en escena la exigencia de mayor valor agregado regional, lo que implicaría que el proceso de refinación total se hiciera en ese país. Lo grotesco es que ya están en fila dos empresas para realizar el proceso y ponerle su etiqueta al producto final.

En el segundo caso el marco apunta a lo que había señalado originalmente el presidente Donald Trump, es decir, equilibrar la ruta hacia un comercio “justo” vía la destrucción del espíritu de los acuerdos de libre comercio.

De no llegar el sí a cualquiera de las vías, el país del norte anularía los “acuerdos de suspensión” de cara la colocación en escena de un procedimiento sancionatorio contra México por el ingreso del dulce al mercado estadounidense con supuesto dumping o precio inferior al del mercado de origen, lo que implicaría la imposición de cuotas compensatorias o impuestos extraordinarios.

Y aunque el país tendría la carta de aprovechar la luz verde de la Organización Mundial de Comercio para imponer represalias por 163.13 millones de dólares por el penoso caso del embargo atunero, colocando la mira en la alta fructosa derivada de jarabe de maíz que nos exporta Estados Unidos, la posibilidad enfrenta el veto de las poderosas empresas refresqueras.

Lo cierto es que México no juega sólo una estrategia mercantil sino el amago de un estallido social ante el peso de la industria, a cuyo marco se emplean directa o indirectamente a 2.4 millones de personas.

De aprobarse la alternativa del azúcar semirefinada el costo descendería, lesionándose el interés de los cañeros, cuyo precio por tonelada de caña está indexado al costo final del producto.

40% de éste es para ellos.

Con una producción anual de 6.3 millones de toneladas y una demanda interna de 4.5, el país está obligado a ubicar mercados para sus excedentes.

Hasta antes de que Estados Unidos, a presión de la American Sugar Alliance, empezó a amagar con sanciones por una supuesta amenaza de daño a su industria, México exportaba 1.5 millones de toneladas.

En 2012 la facturación había sido de mil 212.

En atajo del golpe la Secretaría de Economía aceptó un arreglo vía el cual se acotaría la exportación a “cupos”, que se colocarían al inicio de la zafra y se ajustarían a lo largo de ella.

El pacto hablaba de un porcentaje mayoritario de azúcar refinada o blanca, y el resto de morena o semirefinada.

El caso es que en marzo se intentó darle la vuelta a lo pactado, privilegiando ahora el dulce de menor calidad, lo que provocó que la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera encabezado por Juan Cortina Gallardo, solicitara suspender los acuerdos.

El punto final podría llegar hoy, en un escenario en que el azúcar enfrenta fuego cruzado: El autoritarismo del Tío Sam y su satanización en el país al ubicarla como peligro para la salud.

El volado está en el aire.

Balance general. Recibidas el jueves de la semana pasada las “pruebas” que la Procuraduría General de Justicia de Brasil le envío a su similar de México sobre el caso Odebrecht, es evidente que se aceptaron las condiciones colocadas en la mesa.

Estamos hablando de no demandar por la vía civil o penal a los “soplones”, es decir, quienes confesaron el cómo, quién, cuándo y cuánto de los sobornos a funcionarios públicos, aparentemente al servicio de Pemex.

En paralelo, se condicionó a que los documentos no se hicieran públicos.

Haga de cuenta borrón y cuenta nueva.

La ruta hablaba de prerrogativas en el abasto de materia prima a la vera de la instalación de la planta conocida como etileno XXI, en Veracruz, y de la extensión de los costos bajo convenios oscuros en las obras de reconfiguración y modernización de refinerías.

Licitación de escándalo. El viernes pasado, finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social le levantó la mano a los ganadores de seis contratos regionales por un total de 3 mil 273 millones de pesos para resguardo y vigilancia de dos mil inmuebles.

El proceso resultó atropellado al denunciar los participantes diversas irregularidades, en un escenario en que uno de ellos, Protección y Alarmas Privadas, fue acusado penalmente por presentar documentación falsa.

En paralelo, se interpusieron ocho quejas por parte de cuatro de las 22 empresas convocantes. El instituto, a su vez planteó otra contra una firma que había presentado mil 800 preguntas en una junta de aclaraciones.

Involucrando como el responsable de la licitación, el director de Vinculación Institucional y Evaluación de las Delegaciones, David Palacios Hernández, dejó el cargo la semana pasada.

La explicación que se dio fue que se le invitó a colaborar en Petróleos Mexicanos.

Aranceles por decreto. Aunque la posibilidad está latente en las reglas internacionales de comercio cuando una avalancha de importaciones pone en peligro una rama especifica de producción nacional, de acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte el Presidente de la República, sin consulta previa al Congreso, puede imponer cuotas, es decir, ingreso de productos libres de aranceles por parte de países sin acuerdos mercantiles, o colocar impuestos de importación contra naciones que sí los tengan.

Aunque en principio se habla solo del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la resolución le abre la puerta a todos los similares.

A la letra, la tesis de jurisprudencia señala que el artículo 131 de la Constitución confiere atribuciones al Presidente de la República para aumentar montos o suspender las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión, así como crear otras distintas a las aprobadas por éste mediante la liquidación correspondiente.

La quinta resolución idéntica se dio en el marco de solicitudes de amparo de importadores de acero frente a los aranceles extraordinarios fijados a las exportaciones de China, Rusia y Brasil.

Pepe y Toño. Heredero del Consejo Nacional de la Publicidad, el Consejo de la Comunicación acaba de arrancar una etapa más de su campaña para promover la creación de empresas que inició hace tres años.

En la larga lista se recuerda “Lo hecho en México está bien hecho”, “Ponga la basura en su lugar” y “Honestamente lo necesitamos”.

Creado en 1959, el organismo ha sido presidido por personajes como Juan Sánchez Navarro, José Campillo Sáinz, Clemente Serna Alvear, Lorenzo Servitje, Antonio Ariza, Joaquín Vargas Gómez.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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