Viene otra reforma fiscal

La posibilidad se le planteó a la cúpula empresarial frente a la exigencia de colocarle parches a la anterior para contrarrestar el tufo recaudatorio.

La condición, sin embargo, es no hacer olas hasta que el gobierno libre la amenaza de reducir la calidad de la deuda soberana del país ante el sobreendeudamiento alcanzado.

Como usted sabe, las calificadoras colocaron el alerta roja ante un inminente arribo del débito total del país a un nivel equivalente al 50% del Producto Interno Bruto.

Bajo el marco, cada mexicano debe, según el cálculo del Observatorio de la Libertad Política y Económica, 160 mil pesos, en tanto la cuota para los recién nacidos es de 70 mil.

En cuatro años el país salto del 34.3 al 49.5 del PIB, lo que traducido a pesos representa más de tres billones.

La posibilidad de ahuyentar el fantasma de la degradación crediticia se ha centrado en alcanzar en el presupuesto para el año próximo un superávit primario, es decir remanente ingreso-egreso, que se destinaria a reducir el débito.

Sin embargo, de acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, sería el equivalente al 0.24% del PIB, es decir, unos 70 mil millones de pesos.

El Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Juan Pablo Castañón, había pedido que el remanente alcanzara el 1.25%.

Sin embargo, el cabildeo ante el Senado, la segunda instancia en la revisión de los Criterios Generales de Política Económica, habla de agregarle al menos 50 mil millones de pesos más, recortándose del presupuesto del Poder Legislativo y el Judicial.

Las entidades federativas, en la inercia del escenario pactado, tendrán un incremento de 95% en sus participaciones federales, pese a la precariedad presupuestal.

Como quiera, lo evidente es que la reforma fiscal, atravesado en su camino la furia de los vientos del exterior en materia de cotización del petróleo y desequilibro cambiario, no fue suficiente para empatar las necesidades de gasto ni para estimular la actividad empresarial.

Las lagunas hablan desde desaparición o acotamiento de deducciones que golpean severamente el entorno social, ya en el plano de salud de ejecutivos medios, como de prestaciones para los trabajadores.

Reducida la posibilidad de deducción inmediata de inversiones y de depreciación acelerada de maquinaria y equipos, las apuestas productivas se diluyeron.

En el recuento, se da el caso que las entidades federativas y municipios no tienen obligación de alcanzar un mínimo de recaudación en materia de impuestos internos. En el caso del predial, por ejemplo, mientras países centroamericanos alcanzan un monto equivalente al 1.5% de la recaudación total, en México apenas se llega al 0.14%.

Los tributos etiquetados para beneficio social no han cumplido su cometido. Así el aplicable a la explotación de minas que en el papel se derramaría en las comunidades aledañas, como el aplicado a bebidas con alto contenido calórico, que apuntaría a levantar bebederos de agua potable en escuelas públicas.

La tesis del secretario de Hacienda habla de empatar la recaudación con la necesidad de gasto, pero sin ahorcar la posibilidad de crecimiento económico del país, a la par del equilibrio social.

Misión posible, dice.

Balance general. A cinco años de distancia en que técnicamente se pueden jubilar los primeros trabajadores que se inscribieron en el Sistema de Ahorro para el Retiro derivado de la reforma realizada en 1997, el panorama es desalentador.

De acuerdo con un foro convocado por la firma Vitalis, la perspectiva de la tasa de reemplazo bajo las condiciones actuales, es decir la proporción de pensión sobre el salario de los trabajadores, seria de solo 25%.

Los pobres, pues, serán más pobres.

Para que un trabajador en posición de retiro pudiera alcanzar un nivel de 60%, sería necesario que coloque prácticamente todo su salario en calidad de ahorro voluntario.

Según ello la puerta de salida, en tal caso, sería posponer la jubilación otros 10 años.

Ahora que el problema será mayor en las próximas décadas considerando que un segmento mayoritario de trabajadores tiene en este momento 30 años.

La firma está promoviendo un esquema denominado Millas que conectaría el ahorro a través del consumo diario.

La libra Azcárraga. Un juez federal acaba de refrendar una resolución por medio de la cual se había desestimado la principal acusación que pesaba sobre el que fuera principal accionista de Mexicana de Aviación; Gastón Azcárraga Andrade.

Estamos hablando de lavado de dinero.

Según la Procuraduría General de la República, el empresario que se autocalifica como “pirruris”, había desviado a su cadena hotelera Posadas 950 millones de pesos que pertenecían al patrimonio de la aerolínea.

La denuncia la colocó en la mesa la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.

Como usted sabe, Azcárraga vive en un departamento en Nueva York desde hace más de un lustro, aparentemente bajo vigilancia policial después de que se le fincara un proceso por instancia ilegal, al vencer su visa y pasaporte.

Tronadero de dedos. Al margen de la deuda de 22 mil millones de pesos, la más alta de las entidades federativas en función con el número de habitantes, que dejó como herencia el gobernador saliente, Roberto Borge, Quintana Roo enfrenta deudas con proveedores por 3 mil millones de pesos.

En la desesperación por evitar la tentación con perfil suicida de mayor endeudamiento, el gobernador actual, Carlos Joaquín González, está tratando de pactar con los particulares una reestructura y en la Secretaría de Hacienda algo de oxígeno para poder cumplir los compromisos mínimos.

Después de niño ahogado. La fracción panista en el Senado está proponiendo cuatro medidas en relación con Petróleos Mexicanos. La primera habla de que el nombramiento de consejeros independientes por parte del Ejecutivo sea sancionado por la instancia legislativa.

La segunda plantea que los franquiciarios de la empresa en materia de comercialización de gasolinas puedan expender un tipo distinto a las que produce Pemex.

La tercera plantea que la asignación de contratos a proveedores se realice por la vía de subastas.

La cuarta a su vez habla de ofrecer una indemnización justa a los propietarios de terrenos susceptibles de ser explotados para extracción de petróleo de gas natural.

albertobarrancochavarria0@gmail.com