Ficrea: rendija a la justicia

Bajo el manto del despacho Backer & McKenzie, Javier Navarro Velasco está solicitando al gobierno del país del norte el aseguramiento de 30 empresas.

La primera demanda se planteó ante las Cortes de Miami, Florida, justo donde se ubica la mayor parte de los activos y donde reside Rafael Olvera Amezcua.

Se calculan al menos 100 propiedades.

La sustancia del reclamo se ubica en la Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organization, referente a chantajes, influencias y organizaciones corruptas.

El texto habla de conspiración, hurto y enriquecimiento ilícito, en lo que se ubica como “gran telaraña” de empresas.

En este espacio habíamos denunciado desde agosto del año pasado (“Dueño de Ficrea impune en EU”) que el imperio de Olvera Amezcua se extendía de San Antonio, Texas a Miami Beach, Florida, utilizando dos empresas de pantalla, ambas bajo la razón social San Antonio.

Estamos hablando de LT San Antonio, series A LLC y LT y San Antonio, series B y LLC.

La razón es que mientras el dueño de la financiera popular que dejó en la calle a 600 ahorradores, personas físicas, además de fondos de instancias oficiales, vive en Miami, su hijo Rafael Alejandro Olvera, casado con la ex actriz Mariana Díaz Araujo, reside en San Antonio.

La casa de la pareja, ubicada en 32 105 Callaway, valuada en 780 mil 896 dólares, está a resguardo de un fideicomiso identificado como MDA Trust, es decir Mariana Díaz Araujo.

Tenemos informes de que el hijo de Olvera Amezcua estaba tratando ante la Corte de Estados Unidos de cambiar su apellido por Díaz.

El dueño de Ficrea acumula 21 empresas en Miami.

Participante en una telenovela de Televisa denominada Amor Bravo, la nuera presumió durante varios meses su vida de lujos en las redes sociales, hasta que se dio cuenta de que estaba dejando evidencia.

La acción del síndico liquidador de la financiera llega justo en la antesala de que la Suprema Corte de Justicia le ponga el punto final a un reclamo colocado en la barandilla para que, ante la imposibilidad de que los activos incautados en México al dueño de Ficrea alcancen para restituirles sus ahorros, se obligue a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a pagar los platos rotos de la clientela.

La lógica de la reclamante original, Carlota Arvide Cuevas, planteaba que ante la omisión del organismo supervisor para detectar los malos manejos de la intermediaria, debería insertársela como corresponsable.

El amparo fue negado en primera instancia. Más allá de los adultos mayores que depositaron los ahorros de toda su vida en el espejismo de rendimientos anuales de 10%, más del doble del ofrecido por los bancos, están en la lista de damnificados un fondo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y dos instancias del gobierno del Estado de México.

En la cúspide del escándalo se planteó una iniciativa denominada Ley Ficrea, en uno de cuyos puntos se obligaba al gobierno a destinar una partida de 264 millones de pesos para indemnizar a ahorradores cuyo nivel de depósitos era mayor a los 450 mil pesos de reembolso que permite la ley.

La iniciativa quedó congelada en el Senado. Rendija a la justicia.

Balance general. Alertábamos hace unos días (“Jaque multimillonario al fisco”), del inminente punto final de la Suprema Corte de Justicia a 7 mil demandas de amparo colocadas por empresas privadas frente a reformas al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que acotan la posibilidad de deducción en materia de prestaciones laborales.

El caso es que contra el pronóstico de los abogados patrocinantes el organismo rechazó el reclamo que apuntaba a considerar inconstitucional la medida al agredir el ingreso de los trabajadores, en un marco en que 30% de su ingreso se destina a la alimentación.

Se mantiene, pues, la reducción del 100 al 53% en el valor de los vales para despensa, comida, transporte y demás, que apuntaban a mejorar las posibilidades de los trabajadores. En el caso de que de un año a otro disminuyera el monto de la ayuda, la posibilidad de deducción bajaría a 47%.

Y aunque la respuesta de los reclamantes podría ser el cancelar las prestaciones, el asunto no es tan fácil. Al margen de si están o no incluidas en Contratos Colectivos de Trabajo, la poda podría provocar movilizaciones.

Ahora que si se pretendiera canjear la prestación por ingreso líquido, el monto no sería igual, dado que se incrementaría el nivel de retención del Impuesto sobre la Renta, y en paralelo el patrón reduciría el monto otorgado.

Ruido en megalicitación. Colocada en la mesa la promesa del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social de colocar como testigos sociales de la megalicitación de compra consolidada de medicinas, servicios e insumos para el sector salud, a representantes del organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de la Secretaria de la Función Pública, ya se inició el ruido.

Se habla, por ejemplo, de una reunión celebrada en Oaxaca en abril pasado a la que acudieron el director de Administración del organismo, David Palacios, y el de Prestaciones Médicas, José de Jesús Arriaga, en la que habrían barajado las cartas.

Según ello, se habría decidido dejar al margen en la licitación para servicios de laboratorio a las empresas Prestaciones Médicas y Centrum, colocando en su lugar a Falcón de Noé Ramírez e Impromed de Fernando Chaín.

Bajo el marco, aunque la primera reduciría su parte del pastel del 43 al 32%, tendría otros contratos. A su vez, en contraste, la segunda crecería del 15 al 25%.

Desde otro ángulo, se habla de conflictos de interés en Falcón, dado que tiene como empleado a Agustín Amaya, quien durante años laboró en la jefatura de Abasto del IMSS.

A éste se le relaciona aún con el titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, Daniel Saúl Broid.

Videgaray sí o no. Apresurados los priístas, el diputado José Carlos Ramírez Marín a la cabeza, a declarar que la renuncia como secretario de Hacienda de Luis Videgaray nada tenía que ver con la visita a Los Pinos del indeseable Donald Trump, hete aquí que el presidente Enrique Peña Nieto les enmendó la plana.

Si hay relación con el repudio popular a la entrevista con el aspirante republicano a la Casa Blanca, en cuyo marco crecieron sus posibilidades. La razón del deslinde es simple. Si no fue por Trump la dimisión habría obedecido a la mala conducción de la política hacendaria.

No se fue por imprudente, sino por inepto. Se requería, dijo Peña Nieto, un Secretario de Hacienda fuerte, robusto, que tuviera la capacidad de presentar el paquete económico.

Vaya, pues.

albertobarrancochavarria0@gmail.com