Jaque multimillonario al fisco

De resultar ésta adversa al gobierno, es decir concederse los amparos, habría reclamos por varios miles de millones de pesos por concepto de devoluciones.

El nuevo escenario, en el marco de la reforma hacendaria, disminuyó la deducibilidad de 100 al 53% en ayuda de despensa, comedores, ayuda de transporte o becas.

De acuerdo a los reclamantes, la medida transgrede el marco constitucional al agredir el ingreso de los trabajadores, en un escenario en que el 30% de las percepciones de éstos se destinan a alimentación.

Instaurados los vales de despensa en la década de los 70, hasta 2013, en que se aprobó la reforma, se habían beneficiado seis millones de familias, lo que implicaría 24 millones de beneficiarios.

Al impacto de la medida una de las emisoras de tarjetas electrónicas para alimentos, Bancomer, de plano cerró la cortina, alegando incosteabilidad.

El banco mantenía activos 350 mil plásticos, por más que en su momento llegó a manejar medio millón.

En la fase previa a la reforma, Holding Monex vendió su subsidiaria Prestaciones Universales, conocida como Sí Vale, a la firma Holding Internationale.

Publicada la medida en la Miscelánea Fiscal del 2014, decenas de empresas recurrieron a la búsqueda de amparos, tras amenazar con quitarle la prestación o las prestaciones a los trabajadores. El problema es que el asunto no era tan fácil.

De entrada, la reforma planteaba que solo sería deducible el 53% cuando la empresa le hubiera otorgado al trabajador el mismo nivel de ayuda que el año anterior. Si se reducía éste, el porcentaje sería solo de 47.

Ahora que la posibilidad de canjear la prestación por dinero en efectivo enfrentaría el descontento de los trabajadores, dado que el monto ya no sería el mismo. Digamos que si el monedero electrónico estaba cargado con 700 pesos, ahora recibiría 500 con proa a la nómina… lo que incrementaría el monto del Impuesto sobre la Renta y las cuotas al Seguro Social y el Infonavit.

Bajo el marco, los patrones mantuvieron la prestación y paradójicamente, la base se incrementó. Así, las empresas afiliadas a la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales que representa 90% del mercado, tienen hoy en sus carteras la administración de ocho millones de monederos.

Estamos hablando de firmas como Endered, ValeMex, Sodexo, Efectivale y One Card.

En el laberinto, el Sistema de Administracion Tributaria exigió como requisito para aceptar la deducción, el que las prestaciones se dieran por la vía electrónica, previo registro de las emisoras, y previa condición de que los recursos sean utilizados solo en alimentos.

El gobierno mantiene la alternativa del papel de cara a sus empleados.

La posibilidad se ha extendido al consumo de gasolina, donde los afiliados a Aseval alcanzan ya un millón de tarjetas.

Retrasada la resolución final de la Suprema Corte, de hecho sin ingresar aún en la agenda, la sospecha es que el escenario sería favorable a los reclamantes, lo que implicaría un dolor de cabeza más para el gobierno.

Calcule usted el monto de reclamos si se considerara que la deducción debió mantenerse en 100 por ciento, es decir durante tres años los patrones habrían tributado 47% del monto de la prestación sin causa.

Las solicitudes de devolución llegarían en cascada.

El jaque está vivo.

Balance general. A la callada, el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso el gobierno, es decir la Secretaría de Economía, le entregó al Senado el documento final de la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

Aprobado éste por el Congreso de países como Australia, Nueva Zelanda y Japón, México había decidido aguardar al resultado de las elecciones en Estados Unidos.

Sin embargo, en agosto el presidente Barack Obama le anunció al Congreso el envió del documento, entregando éste hace tres semanas. Se calcula, sin embargo, que la decisión llegue hasta los primeros días de enero próximo, es decir en la fase previa a la entrada de los nuevos congresistas electos en noviembre.

De acuerdo a lo pactado por los países signantes, en febrero vence el plazo para la aprobación de los legisladores, abriéndose un periodo de seis meses para la puesta en escena del TPP. En el caso de nuestro país, el cálculo del presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, Héctor Larios Córdova, el sí llegaría en noviembre.

En los dos casos no hay posibilidad de cambios, es decir todo o nada.

Naturalmente, el escenario podría variar dependiendo de quién sea el relevo de Obama, por más que tanto Donald Trump como Hillary Clinton han colocado en la mesa objeciones al acuerdo mercantil.

Se rajó Teva. Anunciada hace unas semanas la venta de la empresa Representaciones e Investigaciones Médicas, conocida como Rimsa, a la empresa isrraelí Teva Pharmaceutical Industries, en una operación pactada en 2 mil 300 millones de dólares, ahora resulta que la compradora está metiendo reversa.

El pretexto es que la parte vendedora no transparentó vicios ocultos de la compañía mexicana, lo que a su juicio constituye un fraude. Concretamente se habla de omitir información básica en materia de producción.

La respuesta de los hermanos Fernando y Leopoldo Espinosa Abdala, quienes firmaron el trato apuntó a presentar una demanda ante las Cortes de Nueva York por incumplimiento de contrato. El alegato de Rimsa apunta a que los israelíes cerraron plantas y despidieron personal, lo que desmeritó el negocio. La firma es una de las principales fabricantes y distribuidoras de medicinas en el país.

Buena y mala. La buena noticia apunta al descubrimiento de seis yacimientos de petróleo en el Golfo de México por parte de Petróleos Mexicanos. La mala es que para explotarlos deberá buscar asociarse con empresas multinacionales.

La exigencia la explicaría el pozo Nobilis 1 ubicado en el mítico espacio conocido como Plegado Perdido ubicado en la costa de Tamaulipas, dado que se trata de aguas ultraprofundas que reclaman perforaciones de seis kilómetros de profundidad. El caso es distinto al de los cuatro pozos ubicados en aguas someras, cuyo potencial es de crudo ligero y ultraligero, es decir el de mayor valor en el mercado.

Esconden pruebas. Existe preocupación en Quintana Roo por versiones que hablan de saqueo de documentos del Registro Público de la Propiedad ubicado en Cancún, cuya sede está custodiada por hombres armados.

Las versiones apuntan a personal de las notarías 30 y 53 como los sujetos que se llevaron documentos en bolsas negras. En las dos se legalizaron operaciones de compra de inmuebles del gobernador Roberto Borge.

albertobarrancochavarria0@gmail.com