El escenario lo obliga a separar de sus exiguas finanzas un pasivo contingente de 18 mil 200 millones de pesos, por más que representa un 11.1% menos del separado en 2014.

Esta llegaba a 20 mil 493 millones.

La catarata la profundizó un ordenamiento que plantea la figura de responsabilidad patrimonial del Estado, en cuyo marco se han multiplicado las demandas por negligencia médica, diagnóstico equivocado o negativa de servicio.

Los reclamos son millonarios.

De hecho, el organismo está tratando de que se establezca un cernimiento previo para certificar la fundamentación y motivación de los recursos jurídicos y, desde luego, las vías para la defensa adecuada.

El peligro, colocados en el tribunal de la opinión publica casos de muerte seriada de recién nacidos por malas condiciones de higiene de las salas; extirpaciones equivocadas de órganos, o fallecimientos por falta de atención oportuna es que se alcance jurisprudencia, es decir “línea” para los jueces en futuras reclamaciones.

Los casos se ventilan en juicios de carácter contencioso administrativo.

Para este tipo de querellas el pasivo contingente alcanza cuatro mil 185 millones de pesos.

En el caso de las materias administrativa y fiscal, el número de expedientes es de 18 mil 209, equivalentes a 9.2% de las querellas.

La inmensa mayoría, 18 mil 93, apuntan contra la causa del Instituto, en tanto éste ha promovido a su vez 116 demandas.

Estamos hablando, por un lado, de reclamo de patrones contra lo que a su juicio resultan cobros indebidos del organismo, en cuyo escenario se llega a embargos y congelación de cuentas, y del otro a multas a empresas que omitieron la inscripción de sus trabajadores o la documentaron con un salario inferior al real.

En este caso el pasivo contingente alcanza la mayor rebanada del total: 12 mil 572 millones de pesos, 3 mil 929 más del que se tenía en 2014.

La cuenta, de acuerdo con el informe financiero del Instituto correspondiente a 2015 entregado al Ejecutivo y el Legislativo, podría disminuir en 3 mil 900 millones si se hace efectiva una sentencia de la Suprema Corte que le da la razón al organismo.

Esta fue impugnada por la contraparte.

Adicionalmente, hay un criterio del máximo órgano de justicia del país en materia de juicios sobre la integración de las nóminas que podría favorecer la causa del IMSS.

En la ruta existen también mil 176 juicios de carácter civil y mercantil promovidos fundamentalmente por proveedores ante incumplimiento de contratos o aplicación de sanciones indebidas en el marco de estos.

El pasivo contingente es de 3 mil 332 millones de pesos.

Naturalmente, el otro gran capítulo es el laboral, ya despidos que se consideran injustificados, ya violaciones al contrato colectivo de trabajo, ya quejas por no reconocimiento de antigüedad, en cuyo caso se está promoviendo validar previamente la validez jurídica de las decisiones internas.

Durante años el gran negocio para pasantes o abogados noveles era colocar despachos para atención estricta de querellas que involucraran al IMSS, en la certeza de que éste se ubicaba en el escenario de nacido para perder.

Las apuestas eran 15 a uno.

La debilidad se ubicaba a veces en la falta de personal para la defensa del organismo y a veces en las trampas de los abogados externos para hacer resbalar al debido proceso.

El talón de Aquiles del IMSS.

Balance general. Colocada en entredicho la actuación de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje como órganos garantes de justicia laboral, la Secretaria de Trabajo está promoviendo la imagen de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Según ello la instancia tiene una marca envidiable en materia de efectividad, al ganar nueve de cada 10 juicios que ha patrocinado desde el arranque del sexenio.

De 77 mil 227 recursos ante los tribunales laborales, se logró levantar el puño obrero en 64 mil 782.

La acción permitió recuperar a favor de los trabajadores 7 mil 498 millones de pesos.

Desde el plano de la conciliación se logró la firma de 22 mil 12 convenios, recuperándose en este caso 156.9 millones.

En total la instancia ha brindado 712 mil 227 servicios de asesoría, conciliación y representación jurídica.

El abanico habla de reclamos por aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y al Infonavit, despidos injustificados, omisiones en el pago de vacaciones, prima de antigüedad, fondo de ahorro, estímulos de asistencia y puntualidad, y solicitudes de designación de beneficiarios por muerte del trabajador en activo o jubilado.

OHL en el aparador. Sin claridad aún sobre la negociación abierta entre OHL México y el fondo australiano IFM Global Infraestructure sobre una posible compra, de concretarse ésta el costo de la empresa de acuerdo al mercado sería de 44 mil millones de pesos.

Ahora que si la operación se efectúa por el valor en libros, ésta se elevaría a 63 mil millones.

Lo cierto es que la alternativa apunta al parecer solo a la venta de las concesiones que opera la filial de la constructora española Obrascon Huarte Lain, es decir el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario en el Estado de México y algunos tramos del segundo piso del periférico en la ciudad de México.

La empresa encabezada por Sergio Hidalgo mantendría los contratos vigentes, entre ellos la construcción de un segundo piso en Puebla en alianza con la constructora que derivó a la muerte de Tribasa.

Bajo ese prisma, OHL México seguirá cotizando sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

Sigue la danza. Acusado de defraudar a diversas instituciones del sector financiero, ya HSBC, Bancomer, Scotiabank, Banamex, Unefon, CSI Leassin y al mismísimo Ficrea, la empresa Grupo Comercializador Productivo encabezada por Eurisaces Ibarra, tiene un nuevo socio.

Estamos hablando de Santiago de León, un ex funcionario de Pemex que presume de ser amigo cercano del presidente del Club de Industriales, José Carral Escalante.

El modo de operar de Ibarra es plantear proyectos mineros de aparente elevada rentabilidad, con los que obtiene una primera línea de crédito y un contrato de sociedad con terceros, lo que le permite un segundo préstamo.

El recurso, de acuerdo a los demandantes, se desvía a la causa personal del acusado, a quien protegía el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Aparentemente la labor de Santiago de León seria buscar compradores de minas propiedad de terceros.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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