Oceanografía en el fondo

La decisión está en manos del juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, a quien le derribaron los tribunales dos convenios de reestructura de deuda que había sancionado.

El tercero de la tarde condicionaba la salida del proceso a una inyección de capital previa de 75 millones de dólares, sin valiente a la vista. Lejos quedó el interés mostrado al estallido del escándalo por el empresario Miguel Alemán Magnani.

Sin embargo, de acuerdo al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), éste cumplió la instrucción de salvaguardar el interés de los trabajadores, por más que está pendiente el pago completo de liquidación de la mayoría de ellos.

La historia, del lado de la instancia que llegó como administradora convergente tras la incautación de la firma al fragor de un pleito con Banamex, habla de un escenario patético.

La mayoría de los 11 mil trabajadores de la empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, no pertenecían a ella, es decir trabajaban al amparo de empresas outsourcing o tercearías, quienes no los habían incorporado a la seguridad social.

El SAE los afilió tras la firma de un contrato colectivo y la introducción de un sindicato, por más que los trabajadores no reconocen uno ni otro.

El caso es que pese a resoluciones del juez Consuelo Soto que ordenaban mantener la condición de la empresa como contratista de Pemex, lo que implicaba anular la suspensión de dos años que pesaba en su contra, éste no le dio nuevas tareas

Y aunque se mantuvieron los contratos que estaban vigentes, algunos se rescindieron y otros se agotaron.

En el escenario el SAE decidió la liquidación de 6 mil 800 trabajadores, congelando la actividad del resto.

Sin embargo, pese a que Pemex le regresó recursos a la empresa por 430 millones de pesos que habían sido depositados como garantía frente a eventuales incumplimientos en los contratos, el dinero no alcanzó para cubrir el monto de ley en materia de liquidaciones.

Según los trabajadores solo se destinaron 218 millones 527 mil pesos, destinando el resto al pago de despachos privados de consultoría.

Y aunque existía un fideicomiso radicado en el Banco Invex que resguardaba 8 millones 835 mil 658 pesos, que el juez Consuelo Soto etiquetó para pagos de trabajadores, el asunto provocó un litigio que derivó en una demanda penal contra funcionarios del SAE.

Sin embargo, éstos aseguran que la orden del juez se cumplirá letra por letra, con lo que quedaría sin efecto la querella.

De hecho, se asegura que ésta o la próxima semana se prorratearán los recursos.

En otro escenario, sobre la denuncia de los trabajadores de que las oficinas centrales no tienen luz al incumplirse los pagos a la Comisión Federal de Electricidad, el SAE señala que éstas fueron tomadas por ellos.

Por lo pronto, los trabajadores están dirigiendo un escrito al presidente Enrique Peña Nieto pidiendo que la Secretaría de Hacienda les conceda una audiencia, y para que la Secretaria del Trabajo agilice sus demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El texto habla de elevar el caso a la Organización Internacional del Trabajo.

Vía Crucis de Oceanografía.

Balance general. Concluida la barda perimetral de lo que será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por más que se ubique en el Estado de México, cuya tarea se encomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar bloqueos o invasiones, el siguiente paso es la cimentación y el aplanado de un terreno lodoso donde las varillas se hunden.

La tarea implicaría remover miles, si no es que millones de toneladas de tierra y escombros, en cuyo escenario se reclamaría la participación de un ejército de camiones de carga.

La cola atiborrará la pequeña carretera que conecta con la ruta a Texcoco, construida en el gobierno zedillista.

El caso es que la contratación se había concentrado en el Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana, bajo la batuta de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos encabezada por Isaías González, lo que parecía una convocatoria a la corrupción.

El escenario se convirtió en manzana de la discordia frente a las otras centrales, a quienes se les incorporó a la jugada. Estamos hablando de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).

Habrá, pues, reparto del pastel.

El problema es que la acción deja fuera a los sindicatos independientes de transportistas, que deberán jugar con las reglas de las centrales priístas.

¿Divorcio en puerta? Aunque desde la reforma fiscal se empezó a resquebrajar la luna de miel entre el presidente Enrique Peña Nieto y las cúpulas empresariales, la decisión de la Coparmex de plantear un amparo contra la omisión del Ejecutivo y las secretarías de Gobernación y Educación Pública de cara a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, augura divorcio.

Aunque la amenaza podría ser finta para justificar actos de fuerza del Ejecutivo, la posibilidad la desmiente el que no haya patrocinado la medida jurídica el Consejo Coordinador Empresarial.

Ahora que el amago de cierre de cortinas y huelga de pagos fiscales de la Concanaco confirma que el asunto está muy lejos de una simple maniobra.

Tanto la Coparmex como la Concanaco están más cerca de la causa panista que el resto de los organismos de la cúpula empresarial.

Se renueva el CNCP. A sus 14 años de existencia el Centro de Normalización y Certificación de Productos que encabeza Gerardo Hernández está iniciando una renovación total para hacer más efectiva su acción.

El organismo es líder en el país en pruebas de laboratorio y evaluación de la conformidad de productos e instalaciones relacionadas con el consumo eficiente de agua. Su acción, naturalmente, incide en industrias de plástico, química y productos para uso doméstico.

La reacción para empatar con normas de racionalidad en el uso de agua apunta, por ejemplo, a la industria de muebles para baño y grifería.

El sello, avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación, es reconocido a nivel internacional, es decir se sostiene como aval para productos de exportación.

Monedero deducible. La posibilidad de utilizarlos como comprobantes para hacer deducibles de impuestos los consumos de gasolina al 100 por ciento ha permitido un auge de los monederos electrónicos expedidos por la empresa Sí Vale. Su crecimiento ha sido de 60 por ciento en los últimos tres años.

Las tarjetas tienen el respaldo de Visa, lo que permite su aceptación en todas las estaciones de servicio del país.

albertobarrancochavarria0@gmail.com