Atrapados sin salida

De acuerdo al organismo que los aglutina, surgido al calce del inicio del esquema, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, el monto del adeudo es de 10 mil millones de pesos.

Estamos hablando de más de la quinta parte de los 48 mil que alcanzaron los contratos otorgados.

El eje de la morosidad se ubica en tres entidades federativas, México, Veracruz y Tamaulipas. El común denominador es que sus gobernadores van de salida, con la novedad de que en las dos últimas están en la antesala del relevo partidos opositores.

¿Qué pasaría si los gobernadores entrantes repudian el adeudo?

Por lo pronto, las empresas no tienen opción de presión, dado que una de las cláusulas de los contratos estipula una penalización por incumplimiento de abasto oportuno.

Atrapados, pues, sin salida.

Hasta hoy la única sanción para los morosos ha sido excluirlos de la piñata. Así, el año pasado se restó la participación de cinco entidades federativas de las 16 que habían participado en la subasta para proveeduría del 2016.

Las deudas de éstas pasaron a fondo perdido de las empresas afectadas.

De acuerdo al director general del Seguro Social, Mikel Arriola, en la nueva licitación podrían participar 21 entidades, tres más de las que llegaron este año.

Como usted sabe las entidades federativas sostienen la estructura del Seguro Popular, vía sus hospitales locales, lo que les da derecho a un subsidio del gobierno federal… que tradicionalmente se desvía en parte para otros fines, generalmente en gasto corriente.

Las denuncias se han empolvado en los escritorios de la Secretaría de la Función Publica.

La posibilidad de la megacompra le significó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2014 un ahorro de 3 mil 756 millones de pesos, que llegó a 4 mil 600 en la siguiente licitación.

La batuta del IMSS se explica dado que 78% de los medicamentos e insumos se destina a su causa.

En la lista de compradores están también el ISSSTE, los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Salud; la estructura de medicina social de las entidades federativas participantes y parte de la que mantiene la capital.

Se calcula que en su conjunto estas atienden y 90 millones de afiliados o beneficiarios.

En la pelea por los contratos participan sólo empresas distribuidoras que pactan con los laboratorios fabricantes su representación.

Estamos hablando por ejemplo de CPI, Dimesa, Maypo y Farmacos Especializados… contra quienes, por cierto, ha abierto una investigación la Comisión Federal de Competencia Económica.

Tradicionalmente en la fase previa a esta megalicitación se confrontan las firmas entre acusaciones de trampas o componendas. Así, se inhabitó a la empresa Savi Distribuidora por participar con un registro sanitario que no correspondía al del fármaco solicitado, cuyo nombre es Dexirrubina.

Así, está en investigación de la Comisión Federal de Competencia una presunta simulación que le permitió integrarse a las empresas Marzam y Nacional de Drogas, con la novedad de que la primera ganó parte de los contratos en la última megalicitación.

Lo que en el papel resultó un proyecto de gran beneficio social, en la práctica ha derivado en líos ante la falta de reglas que equilibren el juego.

Cancha pareja, pues.

Balance general. Colocada en el aire la promesa del gobierno de utilizar el monto del Impuesto Especial para Productos y Servicios aplicable a refrescos para reforzar la estructura de medicina social y colocar bebederos de agua potable en las 240 mil escuelas públicas del país, la oposición en el Senado le está pidiendo a la Auditoría Superior de la Federación investigar dónde quedó la bolita.

En los dos años de aplicarse un costo adicional de un peso a las bebidas gaseosas elaboradas con azúcar, la recaudación alcanza 28 mil millones de pesos.

Se calcula que este año llegue a 50 mil.

La ruta critica planteada originalmente por el gobierno hablaba de instalar 40 mil bebederos antes del final del sexenio… con la novedad de que solo se ha llegado a 5 mil 964.

Para este año la meta sería de 11 mil.

Como usted sabe, el Servicio de Administración Tributaria, sin mencionar explícitamente una iniciativa de un grupo de legisladores perredistas de elevar el gravamen a dos pesos por botella, reiteró que no habrá ningún nuevo tributo hasta el 2018.

Pemex se protege. La explicación de Petróleos Mexicanos de cara a las rebajas que oscilan de 24 a 35%, en el costo del gas LP que produce o que importa, es que la nueva competencia está provocando que su oferta sea mayor a la demanda.

Abierta la posibilidad de que particulares puedan adquirir el producto en el exterior, las ventas de la empresa han caído 30% en los últimos tres meses.

En el papel, pues, los descuentos obedecen a la defensa de la producción nacional, por más que Pemex reconoce que ha dejado de participar en algunos mercados regionales, según ello para dar paso a nuevos jugadores que podrían ofrecer mayor competitividad.

Lo que se señala, además, es que aún con los descuentos la petrolera no está perdiendo dinero.

El problema, decíamos es que el beneficio a los distribuidores para equilibrar el costo internacional, no está llegando a los consumidores.

Segunda vuelta A exigencia del órgano de control interno del Instituto Mexicano del Seguro Social encabezado por Marco Antonio Andrade, se revisará con lupa el fallo sobre una licitación para servicios de laboratorio clínico.

La queja la había colocado en la mesa la empresa Centrum, a quien se descalificó en la recta final, pese a que su propuesta era la más favorable a la causa de la licitante.

La diferencia de cara a la empresa que resultó ganadora, es de mil 472 millones de pesos, en un escenario en que el contrato alcanzaría 9 mil 352.

El fallo se dio el 23 de marzo.

El plazo para revisar éste es de seis días.

albertobarrancochavarria0@gmail.com