Chuza en Pemex-Mexichem

Iniciada la negociación para una alianza estratégica con perfil mayoritario para su causa durante el sexenio de Felipe Calderón, ante el titubeo la firma, alguna vez Camesa, de la familia Del Valle, recurrió a las fintas.

Al rechazo de la posibilidad por los cuatro consejeros sindicales que entonces tenía Petróleos Mexicanos ante la certeza de un desmantelamiento de la planta laboral, la firma habló de levantar sus canicas para llevarlas a Estados Unidos.

El problema, para quien conoce las telas de la industria, es que en el país del norte existían 170 consorcios químicos locales o extranjeros que en ese momento no estaban interesados en compartir su negocio.

Estamos hablando de firmas como Exxon, Basf, Shell, Bayer, a quienes una posible competencia con Mexichem no les hacía ni cosquillas.

El anuncio concreto de la compañía hablaba de aliarse al consorcio conocido como “Oxi”, el principal tecnólogo de las plantas de cloruro de vinilo, para importar el producto, lo que dejaría en el aire la posibilidad de Pemex de participar en el negocio.

Lo curioso del asunto es que a cada anuncio de la firma química de un “inminente” acuerdo con Pemex, la cotización de sus acciones en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores subía espectacularmente.

La urgencia de la alianza había surgido cuando Mexichem adquirió una empresa paraestatal llamado Cloro de Tehuantepec, en la que Pemex tenía 40% de las acciones.

La operación, realizada durante el gobierno de Vicente Fox, nunca se hizo pública.

La rendija se abrió, finalmente cuando, un intento de consolidar la absorción de la planta Clorados II, justo la productora de cloruro de vinilo, con Clorados III, para aumentar la capacidad instalada a 250 mil millones de toneladas anuales, Pemex Petroquímica dañó los equipos al arrancarlos sin haber realizado las pruebas de desempeño correspondientes, lo que provocó la inhabilitación de cinco funcionarios de la paraestatal.

No había, pues, capacidad para tal producción. En la coyuntura, recién entrado el nuevo gobierno, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, anunció a todos decibeles la alianza… sin una explicación coherente de su legalidad, toda vez que aún no subían el dedo los legisladores para la reforma energética.

En la fase previa, pese a que el justificante de fondo era la falta de recursos de inversión en Pemex, se erogaron al menos 600 millones de pesos en obras de reconstrucción o ampliación de la infraestructura.

Coatzacoalcos caminaría a la jauja, decía el discurso ramplón, por más que en el camino se había despedido a mil 200 trabajadores de Pemex.

Y aunque a la llegada de la firma conjunta Petroquímica Mexicana de Vinilo, la producción se aumentó en 60%, el mérito se lo adjudicó Mexichem… en contraste con su operación avestruz al estallido de la planta, con saldo de 32 muertos, cuyo número podría multiplicarse.

La explosión provocó una formidable chuza al poner en entredicho las alianzas de Pemex con particulares; al producir un desabasto de materias primas que colocan en jaque a empresas como Brasken y Alpek; al golpear la credibilidad del gobierno al ponerse en duda el número de muertos y la presencia física del presidente Enrique peña nieto en el lugar del siniestro…

Por lo pronto, Mexichem acumuló en sólo dos días una pérdida en el valor de sus acciones de 4 mil 116 millones de pesos.

Lluvia sobre mojado en Pemex.

Balance general. Calculado el daño causado al país por el embargo atunero de Estados Unidos en 472 millones de dólares anuales, multiplicados por ocho años, que se cobrarían en forma indirecta vía la imposición de aranceles a mercancías provenientes del país del norte, éste está buscando frenar la acción.

Abierta ésta tras la resolución de un panel de solución de controversias que le daba la razón a México en la exigencia de Estados Unidos de que las latas del producto mexicano llevaran la etiqueta “Delfines a salvo”, cuya obtención resultaba misión imposible, ahora el país del norte busca abrir otro panel… para revisar la justeza de la decisión.

La medida provocada por la supuesta denuncia de grupos ecologistas de tratos crueles contra los delfines que nadan a la vera de los bancos de atún que los barcos nacionales pescan con redes, lleva 30 años en vigencia.

La nación de las barras y las estrellas quieren ganar otros más… en protección, naturalmente, de sus empacadoras.

El país más abierto del mundo, dice la leyenda.

Arca a toda vela. La reciente adquisición por parte de Arca Continental de la empresa peruana Lindley le provocó vientos favorables. Sus ventas consolidadas crecieron 39.3% al primer trimestre del año.

Sin la firma del país inca éstas habrían subido sólo 15.1%. La firma con sede central en Monterrey es la segunda embotelladora de Coca Cola en el país y en el continente americano. La utilidad neta de la compañía creció 49%.

La empresa ha realizado una serie de inversiones en Sudamérica, no solo en plantas productivas sino en la cadena de distribución.

Otra baja de acero. A contrapelo de las proyecciones oficiales que hablan de un freno a la catarata de acero chino con los aranceles extraordinarios aplicados a algunos productos derivados, lo cierto es que la producción local sigue en picada.

Durante el primer trimestre del año, de acuerdo a la World Steel Association, la baja fue de 6.6%.

El monto alcanzó 4 millones 363 mil toneladas, frente a los 4 millones 676 mil de año pasado en el mismo lapso.

Las firmas siderúrgicas están pugnando por generalizar el impuesto de ingreso a todos los productos de acero del país de la muralla, y duplicar el monto de éste, es decir de 15 a 30% del precio ad valorem.

Sigue la mata… Tras salir ilesa de una investigación del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre si alcanzaba predominancia en el mercado de televisión de paga, Televisa va por más.

Su mira apunta ahora a Megacable, la principal operadora de la región del occidente en el país, con sede en Guadalajara.

La compañía opera como independiente.

Su cartera alcanza 2.8 millones de clientes de triple play, es decir video, telefonía fija e internet.

Sigue el suspenso. Pendiente aún la posibilidad de que ICA alcance un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su colosal deuda, ésta sigue creciendo. Sólo de cara a sus proveedores la constructora arrastra un débito de 7 mil 288 millones de pesos.

En la pesada lista aparecen 20 empresas que participan como subcontratistas en la construcción del gaseoducto Los Ramones.

La empresa ha rechazado la opción de ir a concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada.

albertobarrancochavarria0@gmail.com