Atora Pemex pagos en dólares

Como usted sabe, la empresa productiva de Estado abrió una ruta dual para enfrentar la larga morosidad, vía préstamos de factoraje o venta de facturas con descuento. En la línea están Nacional Financiera y la firma estadounidense Greensill Capital.

El caso es que ninguna de ellas puede hacer operaciones que involucren deudas en dólares. Colocada con los contratos que pacta Petróleos Mexicanos, existe una cláusula que señala la ruta de pago: “Para los compromisos en dólares de los Estados Unidos de América, el porcentaje será el que resulte de aplicar la tasa Prime Rate publicada en medios electrónicos financieros que se encuentra vigente con dos días hábiles de anticipación previos a la fecha en que se presente la solicitud de pronto pago”.

Adicionalmente, hay otra que indica a la letra que las obligaciones de pago denominadas en dólares para ser cumplidas en la República Mexicana se solventarán en moneda nacional al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato o anterior a aquel que se haga el pago”.

Las condiciones sacan de la jugada a Nafin, dado que no está autorizada a fondearse en dólares, en consecuencia tendría que calcular sus préstamos de factoraje en pesos, jugando el riesgo del vaivén cambiario.

Suponiendo que Pemex cumpla el compromiso de cubrir el importe de las facturas dejadas en prenda en seis meses, el banco encabezado por Jacques Rogozinski podría haber hecho un negocio ruinoso si la paridad baja en el lapso.

Naturalmente, usted pensaría ¿y si sube?, solo que la ortodoxia bancaria impide jugar a la ruleta. Y aunque Greensill si podría cubrir las operaciones a descuento en dólares, tampoco tiene la certeza de recuperar los recursos en la misma moneda.

De hecho, el martes pasado las dos firmas tuvieron una reunión con la plana mayor financiera de Pemex, quien no ofreció garantía alguna. La única rendija es modificar el contrato, lo cual implicaría meterse en un laberinto jurídico.

El cuello de botella no ha sido analizado aún por el jurídico de la empresa.

En el entretanto, tras una mora de seis, siete y hasta ocho meses, empresas aparentemente solidas empiezan a hacer agua, Cotemar por ejemplo, está en vías de despedir a dos mil empleados. En la ruta está Blue Marine, empresa con larga historia de servicio a Pemex, en un abanico que oscila desde mantenimiento de plataformas hasta transporte de hidrocarburos, con la novedad de poder procesar el petróleo para entregarlo barril en mano.

La firma creada en 1998 hablaba en julio del año pasado de llegar a facturar 500 millones de dólares en ocho años.

Otro caso involucra a la multinacional Schlumberg, con presencia en 85 países, quien está despidiendo desde hace seis semanas al personal de sus instalaciones en Tabasco. La poda apunta hasta hoy a trabajadores mexicanos, la mayoría nativos de la zona.

En el mundo de negocios de Pemex los grandes contratos, por ejemplo el arrendamiento de plataformas, se pactan en dólares. A la Constructora y Perforadora Latina, por ejemplo, se le pagaban, tras una reducción negociada por la empresa, 128 mil dólares diarios. A Oro Negro, por la única con que opera, 110 mil; a las del Grupo R de Ramiro Garza Cantú, 480 mil… Las carambolas de Pemex.

Balance general. Colocada en línea una tesis de jurisprudencia (8/20/10) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que plantea la posibilidad de reducir el monto máximo de pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social de 25 a 10 salarios mínimos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, le está solicitando clarificar el asunto.

La duda es doble: ¿Qué pasará con los trabajadores que se ubican en el régimen de transición?, y qué con los que reciben ya la jubilación en el máximo permisible, por más que en este caso reducirla seria vulnerar derechos adquiridos.

El propio órgano de justicia había declarado constitucional hace algunos mases el que se cobrara el Impuesto sobre la Renta a los jubilados con más de cinco salarios mínimos, lo que implica necesariamente doble tributación. Naturalmente, el IMSS podría colgarse de la tesis para reducir la posibilidad de trabajadores que se acogieron de la Ley de 1973 a la de 1987.

El escenario alcanza las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

México al banquillo. Colocado en la mesa un aviso de intención por parte de la empresa estadounidense Clarion Partners advirtiendo al gobierno de México de llevar a un panel de solución de controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte un problema con una de sus filiales en el país, el caso sigue en el limbo.

La firma en dificultades tiene como razón social Lean Mexico Consolidated, cuyo giro es la administración de bienes raíces.

El punto de controversia es una resolución judicial que cancela hipotecas y pagarés a nombre de la compañía, con base de documentos que ésta califica de falsificados.

Los papeles abonan un supuesto acuerdo de reestructura de la deuda. El problema es que el juez de la causa no le ha dado pauta a la filial de Clarion Partners para demostrar que no hubo tal arreglo. El monto en disputa es de 200 millones de dólares.

No circula. La mayoría priísta en la Cámara de Diputados vetó la posibilidad de un punto de acuerdo dirigido al Ejecutivo Federal para informar sobre diversas irregularidades en la construcción de un proyecto vial en Querétaro. Estamos hablando de la ampliación del Paseo de la República de la carretera Federal 57 que corre de la capital de la entidad federativa a San Luis Potosí.

El exhorto estaba dirigido a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación en la obra se han realizado pagos indebidos por 73.1 millones de pesos, entre ellos 46.7 por trabajos no ejecutados. El caso es que la empresa contratista Constructora Urbanizadadora Ixtapan, fue señalada por el diario estadounidense The Wall Street Jorunal como la dueña de una propiedad adquirida por el presidente Enrique Peña Nieto. El dueño de la firma es Roberto San Román.

Todo yo. Lanzada la cruzada contra la Suprema Corte en el deslinde del gobierno capitalino de responsabilidad es la contingencia ambiental, al haber expedido una resolución que provocó un incremento en el parque vehicular de 600 mil vehículos de largo rodaje, se soslaya la otra cara de la moneda.

La resolución de la discordia apunta a que los automóviles y camiones podrían circular siempre y cuando cumplieran los requisitos de no emisiones.

Dicho con todas las letras, la última palabra la tenían los verificentros.

albertobarrancochavarria0@gmail.com