La lógica de la reclamante, Carlota Arvide Cuevas, planteaba que ante la omisión del organismo supervisor para detectar los malos manejos de la intermediaria, éste debería cubrir el pago de los platos rotos.

Sin embargo, la resolución del togado de la causa, impugnable aún ante un tribunal colegiado, Ricardo Gallardo Vara, señala que la instancia sí evidenció en su momento las irregularidades, promoviendo posteriormente la intervención gerencial de la intermediaria para evitar mayor deterioro.

Dicho con todas las letras, la CNBV, si atendió sus obligaciones de control, inspección, verificación y supervisión.

Lo cierto es que desde muchos meses antes de que la Comisión se atreviera a dar el manotazo, la calificadora de deuda HR Ratings había advertido la posibilidad de estallido de Ficrea… con cargo a los ahorradores que la apostaron a un rendimiento de 10% anual, más del doble del ofrecido por los bancos.

El 13 de abril de 2012 la calificadora emitió un reporte en el cual advertía una peligrosa sangría de recursos hacia una parte relacionada de Ficrea: la firma Leadman Trade.

Del dicho al hecho, se le había bajado la calidad crediticia a ésta, ubicándola en HR BBR hacia el largo plazo, y HR3 hacia el corto.

La calificadora alertaba de falta de consejeros independientes en la firma. El dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, tenía 99%, en tanto el secretario, Carlos Guillermo Pérez Grovas Enríquez, detentaba el uno restante.

El índice de eficiencia de Leadman Trade había bajado de 64.4 al cuarto trimestre del 2010, a 56.6 en el mismo lapso del 2011.

La empresa arrastraba deudas millonarias con tres acreedores: Bancomer, con una línea de crédito de 39 millones; Ixe, con otra de 15 millones, y la propia Ficrea, cuya arca estaba abierta de par en par.

La firma que amenazaba el futuro de su parte relacionada se dedicaba al arrendamiento financiero de maquinaria para la construcción de caminos, además de automóviles y tractocamiones, mobiliario y equipos para restaurantes y gimnasios.

Como en las peores épocas de la banca comercial privada, en la fase previa a la expropiación de 1982, la intermediaria dedicaba el dinero de los ahorradores a autopréstamos.

Ahora que en la ruta había espacio para que Olvera Amezcua acumulara propiedades personales como quien colecciona estampillas de correos.

El formidable boquete pasó desapercibido por la instancia supervisora.

En la senda de angustia por la pérdida del ahorro destinado al retiro de parte de adultos mayores, algunos de los cuales han muerto ya, el Senado mantiene congelada la ley Ficrea, en cuyos puntos se obligaba al gobierno a destinar una partida de 264 millones de pesos para indemnizar a ahorradores cuyo nivel de depósitos era mayor a los 450 mil pesos de reembolso que permite la ley.

La iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro Popular apuntaba a endurecer las reglas de operación de las intermediarias, lo que a juicio de éstas las condenaba a su desaparición.

Impune en su refugio de lujo en San Antonio Texas, Rafael Olvera Amezcua; lavadas las manos por la autoridad supervisora; agotada la gritería de las víctimas, el caso Ficrea parecería condenado al naufragio.

Quien les manda escuchar el canto de las sirenas.

Balance general. En lo que parece un desafío a Kafka, hete aquí que el 19 de enero pasado el Grupo Famsa le envió a la Bolsa Mexicana de Valores un comunicado en el que anticipaba “un sólido desempeño” durante el cuarto trimestre del año pasado y en general éste. El documento, consultable en la sección “Eventos Relevantes” de la emisora y el portal del organismo bursátil, hablaba de que en dicho trimestre se generó una utilidad neta superior al monto acumulado durante los tres primeros trimestres del año.

La cifra alcanzaba 252 millones 510 mil pesos. El caso es que, a contrapelo de su información anticipada, la firma reportó el jueves pasado una pérdida al cuarto trimestre de 91 millones 189 mil pesos (Información Periódica Estados Financieros Básicos de GFamsa en el propio portal del organismo bursátil).

¿En qué quedamos por fin?

El pst, pst, apunta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

He dicho. En lo que pareciera la última y nos vamos de un gobierno omnímodo al estilo Luis XV, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está enviando al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones, a cuya vera se lava las manos de los boquetes de reservas para jubilación de empleados de instancias públicas.

La modificación alude al artículo 98 que obliga al gobierno a cubrir los faltantes para cumplir los compromisos. La nueva redacción habla de que la responsabilidad recaiga en el patrón. La carambola alcanza a los empleados y trabajadores de los municipios de la entidad, así como a los organismos descentralizados.

De aprobar el Congreso local el absurdo, se inocularía un grave conflicto social de cara al gobernador que sustituya al rey chiquito.

Se calienta Canacintra. Colocados en el palenque dos gallos para pelear la silla que dejará vacante Rodrigo Alpízar en la presidencia de la Canacintra, Faustina García y Enrique Guillén, este último acaba de recibir el respaldo del Sector Industrial de Productos y Materiales para la Construcción.

La carta fuerte de Guillén plantea la constitución de un banco de nicho, cuyo encargo principal seria financiar la sustitución de maquinaria y equipos para pequeñas y medianas empresas. De ganar García, sería la segunda mujer en llegar al cargo.

La Canacintra tiene 78 delegaciones en el país, aglutinando a 164 ramas que afilian a 50 mil empresas.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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