Demasiado grande para quebrar

El gobierno es el accionista único de la empresa productiva de Estado, lo que lo coloca como el principal damnificado… y responsable del pago de los platos rotos. Durante la llamada crisis de hipotecas en el país de las barras y las estrellas, la Casa Blanca colocó soportes para evitar el derrumbe de colosos financieros como el Bank of America y el Citigroup, en paralelo al JP Morgan Chase.

La inyección conjunta fue de 116 mil millones de dólares.

Saqueada por años, carcomida por la corrupción, castigada por impuestos confiscatorios, sometida a una maraña burocrática y de pilón descuidados sus puntos vulnerables, la exparaestatal llegó a la apertura con cargo a la reforma energética tuerta, tullida y manca.

La puntilla llegó con la caída de 76 por ciento en la cotización de la mezcla mexicana de petróleo. En el horizonte actual, con pérdidas que solo en el tercer trimestre del año pasado llegaban a 10 mil 200 millones de dólares, Pemex enfrenta una deuda con sus proveedores de 68 mil 927 millones de pesos, que en promedio tienen retrasos de pago de cinco meses.

En el capítulo de pensiones el faltante de reservas alcanza 1.7 billones de pesos, cuyo monto sepulta los 50 mil millones que le inyectó la Secretaria de Hacienda en diciembre pasado, luego de aceptar el sindicato un esquema menos asfixiante que implica mayor aportación de los trabajadores y mayor edad para acceder al retiro, además de menor monto de percepciones.

La intención es incorporar a la plantilla al sistema de cuentas individuales, es decir al esquema privado de pensiones.

Y aunque se colocó una maraña burocrática para justificar los retrasos en el pago de facturas a proveedores, el efecto dominó amenaza con provocar un conflicto social.

Ahora que la capitalización que anticipa la Secretaria de Hacienda, reconocido que Pemex no tiene recursos para trabajar, en cuyo marco participará Nacional Financiera, está condicionada a que la empresa productiva de Estado entre a un ciclo de mayor eficacia y menores costos de operación. La exigencia, necesariamente pasaría por dos fases: el adelgazamiento de la nómina y una mayor participación de empresas privadas nacionales y extranjeras como socios en los proyectos de la petrolera.

Hace unos días se había hecho público un documento interno de Pemex en que se planteaba la salida de 11 mil 200 trabajadores, cuya paternidad fue negada por la empresa.

La plantilla actual de ésta es de 150 mil 657 trabajadores, en contraste, en materia de una escala de producción-beneficio, con la nómina de otras petroleras internacionales.

El recorte, pues, podría ser brutal.

La paradoja del caso es que se habla también de elevar el techo de deuda de Pemex frente a la altura inaudita a que ha llegado, en un marco en que la calificadora de deuda Moody’s degradó su calidad crediticia, pese el aval de la deuda soberana del país.

Demasiado grande para quebrar.

Balance general. Encendida la ira de los trabajadores ante la declaración de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de uno de los puntos de la reforma energética que limita a un año de salarios caídos la posibilidad de un trabajador que gane un litigio por despido injustificado, por más que éste se alargue cinco o siete, la Secretaria del Trabajo prepara un paquete de reformas en materia de justicia laboral.

La posibilidad la había anticipado el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo que se busca es regular más a fondo la actuación de las juntas de conciliación y arbitraje y desde luego, los tribunales laborales. Se habla de 19 focos rojos.

La exigencia implica la eliminación de gestores o “coyotes”, la agilización de los juicios; la transparencia de éstos, y la capacitación de los actores.

Otra vez OHL. Colocado un nuevo desafío de cara a las denuncias planteadas por la empresa en materia de espionaje ilegal, minutos después que OHL había iniciado una “operación cicatriz”, se volvieron a subir a las redes sociales supuestos audios de conversaciones telefónicas del presidente de su matriz española apuntando a contubernios con funcionarios públicos. Revivida, pues, la polvareda, el caso volvió a la tribuna del Congreso.

A petición de la diputada de Morena, Norma Rocío Nahle García, la Tercera Comisión de la Permanente aprobó un punto de acuerdo para que aceleraran la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaria de la Función Publica las auditorías a los contratos y concesiones que se han otorgado a la empresa constructora.

Montaña de basura. Ante el incumplimiento en el pago de facturas por parte del ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, la empresa Vigre Red Ambiental suspendió la recolección de basura en la ciudad de San Luis Potosí.

El débito llega ya a 99 millones de pesos.

El problema surgió ante la intención del edil perredista de municipalizar el servicio, por más que la firma encabezada por Horacio Guerra Marroquín tiene un contrato que vence en el 2024. La capital potosina genera 600 toneladas diarias de residuos.

Más hoteles en Cancún. Al margen de la gritería levantada por la destrucción de un manglar para abrir el escenario al Malecón Tajamar, a Quintana Roo sigue llegando inversión hotelera. A la zona arribarán dos complejos hoteleros Ushuaia, a instalarse en Cancún y Playa Mujeres, con capacidad para mil 400 habitaciones.

En paralelo llegará a Playa del Carmen Ciudad Mayacobá. La inversión total será de mil 200 millones de dólares. El último tramo se amarró en la participación del gobernador Roberto Borge en la Feria de Turismo de Madrid. En el marco, la línea aérea Evelop, que mantiene código compartido con Iberia, incrementará con ocho vuelos la ruta Madrid-Cancún, para totalizar 32.

Viajes Barceló, a su vez, incrementará a 18 las frecuencias aéreas entre Lisboa y el paraíso del Caribe mexicano.

albertobarrancochavarria0@gmail.com