Sí al convenio aéreo con EU

Colocada la solicitud de inmunidad antimonopólica por parte de la línea aérea estadounidense ante la autoridad antitrust, ésta señaló que no había cancha jurídica, es decir no se había pavimentado la pista en el Convenio.

La negativa obligó a la Dirección General de Aeronáutica Civil a intercambiar cartas con la autoridad estadounidense para precisar lo negociado.

Estas se fecharon el 28 de mayo. En una de ellas se especifica que los dos países se manifiestan en disposición para revisar una vez en vigor el Convenio, las solicitudes de alianzas que se planteen.

El documento específica que la última palabra la darían las autoridades de competencia en el marco de las leyes respectivas. En el caso de México, la Comisión Federal de Competencia ya tiene en sus manos el expediente, analizándolo al margen del sí o no del Senado al Convenio Bilateral.

Lo cierto es que entre el dicho y el hecho falta aún un largo trecho. Rubricado el documento por las partes, falta aún la firma del presidente Enrique Peña Nieto para turnarlo a la Cámara Alta.

Lo curioso del caso, frente al revuelo que ha provocado la revisión del acuerdo, es que fue la propia industria aérea del país quien solicitó la acción, en afán de maximizar la ocupación de su flota.

El número de pasajeros transportados entre México y Estados Unidos entre enero y agosto pasados fue de 17 millones 480 mil, de los cuales el 49 por ciento volaron en líneas aéreas del país vecino; el 10 por ciento en nacionales, y el resto en ambas. De la mezcla el 60 por ciento correspondió a empresas estadounidenses y el 40 a nacionales. Y aunque en la mesa estaba la asimetría entre la flota del país del norte y la nuestra, lo cierto es que el tráfico de pasajeros a México por parte de firmas de allende el Bravo representa solo el cuatro por ciento del total de pasajeros movilizados. La industria aérea de Estados Unidos acapara el 40 por ciento del mercado mundial. El principal objetivo de la negociación desahogada en tres sesiones, dos en la ciudad de México y una en Washington, de acuerdo a quienes llevaron la batuta, era incrementar las alternativas para los usuarios y ampliar las posibilidades de crecimiento de la aviación nacional. Bajo el nuevo pacto se reitera la prohibición de cabotaje, es decir que aerolíneas estadounidenses vuelen a destinos dentro del territorio nacional, abriéndose las tercera y cuarta libertades; permaneciendo vigentes las quintas existentes, que por ciento nunca se utilizaron, y colocando una ruta para pactar nuevas.

En los vuelos regulares exclusivos de carga se abrieron de la tercera a la séptima libertades. En el caso concreto de las líneas aéreas comerciales, se abre la posibilidad para que cualquiera de los dos países pueda volar de una ciudad mexicana a otra de los Estados Unidos sin límite de frecuencias o capacidad de aeronaves.

De ahí la alianza Aeroméxico-Delta en la que se equilibrarían las tarifas; se negociaran los horarios, y se pactarían las rutas.

La manzana de la discordia.

Balance general. Aunque en el terreno jurídico el presidente de Oceanografía, Amado Yáñez, va ganando la batalla, al desestimar un juez las pruebas presentadas por Banamex para sostener la acusación de fraude, por no presentarse en originales, en el civil la firma sufrió un fuerte revés.

Aprobado por el juez del concurso mercantil en que entró la contratista de Pemex, Felipe Consuelo Soto, un convenio de reestructura de sus deudas, cuyo monto asciende a 14 mil millones de pesos, lo que permitió cerrar el procedimiento, hete aquí que un tribunal federal invalidó el arreglo.

La revocación, planteada por el primer tribunal unitario en materia civil y administrativa, obliga a reponer el procedimiento.

La inconformidad la había planteado la empresa estadounidense Otto Candies, quien le arrendaba 21 barcos a Oceanografía. Con el convenio bateado los acreedores asumirían el 93 por ciento del capital de la firma.

Ojo por ojo. Colocada la empresa estadounidense AT&T como el prospecto más firme a lo largo de tres lustros para pelearle al tú por tú a América Móvil del magnate Carlos Slim, hete aquí que éste ya encontró una rendija para a su vez darle batalla en su propio terreno.

América Móvil, vía su filial en el país de las barras y las estrellas, Tracfone, está peleando una concesión de espectro, cuya recta final llegará en enero del año próximo. Durante años Teléfonos de México y Telcel se habían quejado de la falta de reciprocidad en Estados Unidos quien había colocado a dos de sus firmas estelares en el mercado mexicano, vía las marcas Avantel y Alestra.

Fuera de lugar. Nombrado director general de la empresa distribuidora de medicinas Marzam con el compromiso de no destaparse hasta el primer día de noviembre en que tomaría posesión, hete aquí que José Alberto Peña rompió el acuerdo al conceder una entrevista periodística el dos de octubre pasado.

En ella plantea una agresiva campaña para entrar al sector público, lo que reiteró durante un torneo de golf patrocinado por Farmacias del Ahorro. El abogado de la empresa, Luis Doporto Alejandre, es hijo de Héctor Doporto Ramírez, coordinador de la representación patronal ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Rebatiña por petróleo. Planteada para el 15 de diciembre próximo la presentación y apertura de propuestas para la tercera fase de la ronda uno, en la fila están inscritas 56 consorcios que aglutinan a 86 empresas, de las cuales 55 son mexicanas.

Los contratos en la mesa corresponden a 25 áreas de explotación de petróleo en campos terrestres. El 27 de noviembre será dada a conocer la revisión de los expedientes de los solicitantes.

Burócratas a la calle. De acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del próximo año, el gobierno despedirá a 18 mil trabajadores públicos, ocho mil 88 eventuales y siete mil 746 de base, para cuyas indemnizaciones se tiene previsto una partida de 2 mil millones de pesos. En paralelo, se revisarán los contratos de personal temporal por honorarios para calcular si están vigentes. De no ser así, serán cancelados.

Como usted sabe, para el año próximo el gobierno recortará 220 mil millones de pesos del presupuesto, equivalentes al doble de la poda de este año.

albertobarrancochavarria0@gmail.com