Deuda pública al tope

Del tamaño del pastel habla el hecho de que durante el año pasado el pago de intereses y comisiones representó 6% de los ingresos presupuestarios del sector público.

La deuda externa del país se ha incrementado en 30.35% a partir del arribo del actual gobierno, alcanzando un volumen de 158 mil 580 millones de dólares.

El monto es equivalente a 12% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a 2.7% que representaba en 2008 y 9.4% de 2009.

El débito representa, en relación al propio PIB, la mitad del que se tenía en 1995 cuando estalló la peor crisis en la historia reciente de México, obligando al gobierno a comprometer, es decir pignorar ingresos a futuro del petróleo para obtener un préstamo de 25 mil millones de dólares de Estados Unidos.

El presidente William Clinton debió colocar en la mesa parte de un fondo para defender la fortaleza del dólar.

Sin embargo, si sumamos la deuda externa pública con la privada, el monto equivaldría a 24.36% del PIB.

Ahora que la deuda interna también araña escenarios peligrosos. Si la colocamos en todo el horizonte, es decir incluidas las colocaciones o préstamos bancarios de empresas o entidades del gobierno federal, léase, por ejemplo Pemex, el nivel llega a 7.8 billones de pesos.

De hecho, la calificadora de deuda Moody’s acaba de alertar del peligro de que el aval del gobierno frente a la colosal deuda de Pemex se hiciera efectivo ante la precaria situación financiera de la hoy empresa productiva del Estado.

Del equivalente a 13.3% del PIB, se saltaría a 35.5% en 2018.

En el caso del débito neto del gobierno como tal, éste ha pasado en lo que va del sexenio de 3.76 a 5.03 billones de pesos. El incremento es de 35.8%.

El monto en pesos equivale a 107% del total de la recaudación estimada por la Secretaría de Hacienda para este año.

Naturalmente, las entidades federativas no se quedan atrás. En la fiesta que coloca en el filo de la navaja a Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, el global alcanza 700 mil 500 millones de pesos… frente a los 434 mil acumulados al cierre de 2012.

El volumen equivale a 84% de las participaciones federales para este año.

El problema es que el año próximo éstas se reducirán drásticamente.

Y aunque el Congreso aprobó una ley para evitar que las deudas de las entidades federativas se conviertan en rémora, la puesta en escena llegó tarde.

Estirar más la liga en el caso de tirios y troyanos sería apostarle al caos.

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda duplicará el año próximo el recorte presupuestal de este año, para llevarlo a 220 mil millones de pesos.

Se excedió la cuchara grande.

Balance general. La existencia de compromisos planteados en misivas cruzadas por los gobiernos de ambos países, cuyo contenido se ha reservado, ha puesto en alerta a los senadores que analizan la posibilidad del sí al Convenio Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos.

De hecho, algunos de ellos se están pronunciando por incluir cartas paralelas que planteen la posibilidad de salvaguardas en casos específicos que pongan en peligro la industria aérea nacional.

La aviación de Perú se acabó cuando firmó con Chile un convenio aéreo en el que prácticamente se concedían todas las libertades. Cielos abiertos, pues.

La debilidad de los negociadores mexicanos en las pláticas previas dejó de lado la falta de reciprocidad y, desde luego, las asimetrías con Estados Unidos.

Gozo al pozo. Colocada la promesa del Congreso de que el primer paso para dar pauta a un incremento al salario mínimo sería desindexar éste como unidad de medida para multas, pagos, financiamiento de los partidos políticos y topes de campaña, el gozo, de cara a la impaciencia de los trabajadores, se podría ir al pozo.

Aunque finalmente el Senado de la República aprobó por unanimidad de 89 asistentes a la sesión del jueves pasado el marco legal para la desvinculación, falta que la reforma, dado su carácter constitucional, sea aprobada por los Congresos locales de las entidades federativas.

De retrasarse el proceso se perdería la oportunidad de hacer efectiva la promesa en la revisión de diciembre que realiza la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Peligro para Genomma. De comprobarse que la distribuidora de medicinas Marzam estaría en línea con Savi Distribuidores para participar en la megalicitación de compra consolidada de medicinas, su socio minoritario, Genomma Lab, estaría en peligro de ser sancionado.

De acuerdo con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, incurren en responsabilidad todos aquellos, que directa o indirectamente, coadyuven para que un tercero evada el cumplimiento de una sanción de inhabilitación.

Savi fue suspendida por cinco años para participar en licitaciones públicas.

De acuerdo a lo manifestado a la Bolsa Mexicana de Valores en su carácter de empresa cotizante, el comprador de 50% más una acción de Marzam, es decir el fondo Moench Cooperatief, tendría opciones de compra para aumentar su participación hasta en 90% en los próximos siete años.

Genomma, pues, se mantiene en el Consejo de Administración.

Estado de derecho. Uno de los temas que se abordarán en la edición número 13 de la Cumbre de Negocios que se celebra esta semana en Guadalajara es Cómo reforzar el Estado de derecho en México.

En el debate estarán la ministra del la Corte Margarita Luna Ramos y el jurista Diego Valadés.

Una de las preguntas que se plantean es si realmente la lucha contra el crimen organizado está colocando la aplicación del Estado de derecho en un mayor nivel de prioridad de la que se tenía en el pasado.

El planteamiento habla también de que a pesar de las reformas el Estado de derecho se mantiene en plano deficiente.

El evento lo organiza el presidente de Interjet, Miguel Alemán Velasco.

albertobarrancochavarria0@gmail.com